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Partidos Políticos

Falta de garantías de participación, la queja de los consejeros de juventud

El 8 de julio, el entonces presidente Iván Duque posesionó al Consejo Nacional de Juventud.

El 8 de julio, el entonces presidente Iván Duque posesionó al Consejo Nacional de Juventud.

Foto:iStock

Este 5 de diciembre, se cumple un año de la elección de los Consejos Municipales de Juventud. 

El 5 de diciembre de 2021, 1'277.711 jóvenes entre los 14 y 28 años se presentaron en las urnas para votar en la primera elección de los Consejos Municipales de Juventud. El potencial electoral era de 12'282.273 personas habilitadas para sufragar.
El 10 por ciento de participación fue ampliamente criticado y cuestionado, pues se esperaban unos números más arrolladores en el preconteo tras las movilizaciones del paro nacional de ese año, que estuvieron lideradas por las juventudes del país.
Lo cierto es que hubo participación, aunque poca, se hizo valer la democracia y los primeros días de enero de 2022 los consejeros locales y municipales a nivel nacional se posesionaron y comenzaron su trabajo de incidencia, a la luz de la Ley Estatutaria 1622 de 2013 y la Ley 1885 de 2018, que modificó la Ciudadanía Juvenil.
Así mismo, el pasado 8 de julio, el entonces presidente Iván Duque instaló el primer Consejo Nacional de Juventud, conformado por 49 personas de los 32 departamentos, 12 distritos especiales y cinco curules especiales (afro, campesinos, indígenas, raizales y rom).
En todo el país, se eligieron 12.874 consejeros, 10.963 de carácter municipal y 1.911 para las curules especiales. De estos, se nombraron los representantes para los consejos departamentales, distritales y el nacional. No obstante, determinar el número de corporados que siguen en el cargo en la actualidad es muy difícil.
Por la cantidad de renuncias presentadas, por las complejidades que ha significado tramitar los reemplazos y por la falta de claridad sobre qué entidad tiene competencia sobre el tema. Y la lista de problemas sigue.

El Estatuto Joven

Las elecciones de los Consejos de Juventud están previstas para el próximo 28 de noviembre.

Las elecciones de los Consejos de Juventud están previstas para el próximo 28 de noviembre.

Foto:EFE. Archivo EL TIEMPO

En el gobierno de Juan Manuel Santos se creó el Estatuto de la Juventud, que le da vía al Sistema Nacional de Juventudes, el cual se divide en el componente institucional, el responsable de trazar y ejecutar la política pública, y el de participación, que se divide en las asambleas, plataformas y consejos juveniles. Estos últimos elegidos de forma popular.
El Sistema Nacional de Juventudes es el mecanismo del Estado por el cual se busca reconocer a los jóvenes como sujetos de derechos y actores políticos, a la vez que pretende incluir, promover y garantizar su participación en espacios de incidencia y decisión.
En 2018, en la administración saliente de Santos, se modificó dicho Estatuto, por lo que la tarea de ejecución quedó en manos del siguiente gobierno, el de Iván Duque. En 2020 estaba previsto adelantar las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, sin embargo, por la pandemia del COVID-19, se pospusieron hasta el año pasado.
De acuerdo con el exconsejero Presidencial para la Juventud de Duque, Juan Sebastián Arango, terminaron el mandato con 1.103 Consejos Municipales posesionados, 32 departamentales, 11 distritales y el nacional. A la vez que cumplieron con las instancias que demanda el Estatuto: el Consejo Nacional de Políticas Públicas de Juventud, las plataformas juveniles y el Consejo de Juventud.
Así mismo, dejaron un presupuesto de $6.000 millones para garantizar las sesiones del Consejo Nacional de Juventud y apoyar a los espacios municipales y locales; y una ruta de incentivos para los consejeros. "Este es un proceso que no se debió haber detenido", dijo Arango en referencia a los ocho años que tardó en llevar a cabo los comicios.
La actual consejera y quien relevó a Arango tras el cambio de Gobierno, Gabriela Posso, a su vez lamentó que el gobierno Duque no hubiera materializado los Consejos de Juventud en 2018. "Solo se realizó en 2021, cuando hubo un estallido social en el que los jóvenes fueron los principales actores. La respuesta improvisada a eso fueron los Consejos de Juventud. Lo digo porque no estaban en el presupuesto del Plan Nacional de Desarrollo de la administración pasada", dijo Posso mirando al espejo retrovisor.
Más allá de señalar a uno u otro por las demoras, el debate, a un año de la elección y transcurrido un tiempo del trabajo de los consejeros, debería estar volcado a analizar las condiciones y los vacíos que se han encontrado para el ejercicio pleno de este mecanismo de participación juvenil.

La queja

Sofía Gómez es la presidenta del Consejo Local de Chapinero, en Bogotá. Resultó electa por la lista Pacto por el Clima, en representación de los procesos organizativos. Según cuenta, el trabajo en términos logísticos ha sido complejo. "No tenemos dónde sesionar. Se supone que el recinto de la Junta Administradora Local (JAL) es el espacio donde nos corresponde, pero no tiene internet, tomas eléctricas, sillas para todos", dijo Gómez.
Pablo Soler, director de Juventudes de Cambio Radical y quien viene recogiendo todas las quejas de los 634 consejeros que salieron electos por el partido, menciona otra situación en cuanto a garantías de participación con relación al transporte. Muchos de los corporados no viven en las cabeceras municipales, sino en zona rural, y llegar al lugar de las sesiones o contar con internet para conectarse de manera virtual representan barreras para cumplir con el deber por el cual fueron electos.
Por ejemplo, a los consejeros de Chapinero, de acuerdo con Gómez, solo les dan 10 pasajes de Transmilenio al mes, que se quedan cortos con relación al despliegue que hace el Consejo Local. "Sesionamos, estamos en territorio, tenemos reuniones, capacitaciones, entre otras tareas. Ese subsidio no alcanza", insiste.

"Hay mucha desinformación en términos de alcaldías frente al estatuto de juventud y una mirada muy adultocentrista sobre las posibilidades de participación política de los jóvenes", Gabriela Posso.

El espacio, los materiales y el transporte han sido una constante de las quejas, a las que se suman la falta de compromiso de las autoridades locales y municipales. "Lo que hemos recogido como partido son las dificultades para comunicarse con los alcaldes", comentó Harold Escudero, director de Juventudes del Centro Democrático.
En esto coinciden todos los citados. Incluso Juan Sebastián Arango agrega que es más reiterativo en los municipios de categorías 4, 5 y 6. "Los consejeros contaban que no había interés de interlocución ni garantías para sesionar de parte de las autoridades", señaló el exfuncionario. Eso lo repite la actual consejera para la Juventud. "Hay mucha desinformación en términos de alcaldías frente al estatuto de juventud y una mirada muy adultocentrista sobre las posibilidades de participación política de los jóvenes", apuntó Posso.
Igualmente, los delegados de las Personerías, quienes deberían de velar por las garantías de los consejeros, no están cumpliendo con su labor. Este fue una situación que Sofía Gómez y Verónica Castellanos, electa por la lista del Partido Liberal en Líbano, Tolima, recalcaron. "Requerimos de otros funcionarios para hacer valer nuestras acciones e intereses como los son los personeros municipales, cuyo acompañamiento es mínimo, limitado a la formalidad de hacer presencia y no gestión", manifestó Castellanos.

Los vacíos

Además de los problemas, los consultados también coinciden en que el Estatuto de la Juventud necesita pasar por una reforma en el Congreso. Las elecciones y la entrada en marcha de los consejos dejaron en evidencia los vacíos de la ley que han redundado en las dificultades de los consejeros para una función plena de sus labores.
No solo son las garantías de participación política las que requieren ser reforzadas a través de trámite legislativo, se necesita que el trabajo de los consejeros sea vinculante para que no se quede en el papel. "El proceso ha sido complejo, porque los Consejos de Juventud no son vinculantes y, por ende, no se nos toma en serio en las administraciones municipales", comentó Verónica Castellanos.
"Los consejeros pueden elaborar el mejor proyecto de política pública, pero el alcalde no está obligado a implementarlo. Lo puede recibir y archivar en su escritorio", agregó Pablo Soler de Cambio Radical.
Otra de las grietas de la ley es cómo proceder ante una renuncia, como se señaló al principio del artículo. Por ejemplo, en la Ley 1885 de 2018 no se especifica qué pasa ante estas eventualidades, ni qué entidad recibe y tramita la vacancia, y, mucho menos, a quién le corresponde llamar al siguiente de la lista para que se posesione y la curul no quede sin doliente.
Los problemas previamente señalados han empujado a que muchos desistan de su participación como consejeros, porque no hay estímulos básicos para llegar a las sesiones, porque no tienen presupuesto, porque no los escuchan y toman en serio. Esto sin contar quienes presentan circunstancias especiales de seguridad. En la localidad de Chapinero, pasaron de ser 18 a 10 corporados y esto redunda en más trabajo para los que se quedan.
Además, cuando renuncia una curul especial se debe repetir la elección y se pierde una mirada interseccional importante a la hora de formular proyectos. "Nuestro trabajo tiene una perspectiva muy de ciudad, cuando Chapinero es predominantemente rural. Que no haya representante de los campesinos es una falencia grande", reconoció Sofía Gómez.

"Muchos de nuestros consejeros quieren aspirar a las JAL, concejos y asambleas, pero no hay claridad si podrían incurrir en alguna inhabilidad", Harold Escudero.

Por último, Harold Escudero, del Centro Democrático, puso sobre la mesa otra situación que, a su juicio, requiere de legislación. Y es el sistema de inhabilidades e incompatibilidades para aspirar a las elecciones regionales del próximo año.
"Muchos de nuestros consejeros quieren aspirar a las JAL, concejos y asambleas, pero no hay claridad si podrían incurrir en alguna inhabilidad. Y a la hora de consultar el tema con Registraduría, Consejo Nacional Electoral y la Consejería de Juventud lo que encontramos es desinformación al respecto", apuntó Escudero.
Al ser consultada sobre este tema particular, la consejera Posso no respondió con certeza, más allá de las restricciones de lo que está estipulado para otros cargos de elección popular. Lo que sí afirmó es que desde su despacho están trabajando en un proyecto para reformar el Estatuto, con el fin de que este sea vinculante e incidente, que incluye una ruta de estímulos (en lo deportivo, cultural y educativo) y las garantías de participación.
NATALIA TAMAYO GAVIRIA
REDACCIÓN DOMINGO
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