En una acción similar a la que emprendió en el pasado el senador de izquierda Gustavo Petro, el precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza Sergio Fajardo confirmó este martes que acudirá ante instancias internacionales para seguir en la campaña electoral del 2022.

El anuncio del aspirante presidencial se dio días después de que la Contraloría General de la República confirmó la decisión que lo responsabilizó fiscalmente de las irregularidades cometidas en Hidroituango, las cuales están calculadas en 4,3 billones de pesos.

(En otras noticias: 'Estamos abiertos a un proceso colectivo por Colombia': Equipo por Colombia)

Según el ente de control fiscal, Fajardo, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, estuvo relacionado en las decisiones que llevaron a la crisis de la megaobra, la cual ha tenido retrasos en su entrada en operación.

La decisión de la Contraloría implica que si Fajardo –y otras 25 personas naturales y jurídicas responsables fiscales del caso– no pagan los 4,3 billones de pesos que se habrían perdido, el exgobernador estaría inhabilitado para ocupar cargos públicos, entre ellos la Presidencia de la República.

En respuesta, el precandidato afirmó ayer que acudirá “ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para materializar las medidas cautelares que solicitamos tiempo atrás” y que le permitirían seguir con su campaña presidencial al 2022.

Aunque los casos de Fajardo y Petro son diferentes, la batalla jurídica que emprendió el exalcalde de Bogotá ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos podría beneficiar también al exgobernador de Antioquia.

Petro acudió a la CIDH desde que fue destituido por la Procuraduría General, en 2013, por el cambio de modelo de aseo en Bogotá, cuando se desempeñaba como alcalde mayor. En ese momento demandó y ganó el caso en esa instancia internacional, que condenó al Estado colombiano por dicha destitución y dispuso que los derechos políticos de los ciudadanos no se pueden restringir por actuaciones administrativas, como las de la Procuraduría y la Contraloría, sino solo por un juez penal.

Petro también fue sancionado fiscalmente en varias oportunidades y pudo ser candidato en 2018 porque esas decisiones fueron suspendidas por fallos judiciales.

(Le sugerimos: La visión de cambio de Alejandro Gaviria en su nueva etapa)

• • Facebook
  • Twitter
  • Enviar
  • Linkedin

En el caso de Fajardo, la sanción de la Contraloría en el caso Hidroituango se dictó y confirmó cuando en Colombia está vigente una ley que ordena remitir toda sanción fiscal al Consejo de Estado para un control automático, por lo que solo tendrá efectos cuando esto suceda.

Antes de que esto suceda, no se puede incluir al sancionado en el boletín de responsables fiscales, que genera la inhabilidad para ocupar cargos públicos y que, en todo caso, iría en contravía de la decisión de la CIDH dictada en el caso Petro.

Pero además de confirmar el camino jurídico que emprenderá para seguir con su candidatura presidencial, Fajardo arremetió contra diferentes sectores, entre ellos el contralor general, Felipe Córdoba.

El precandidato aseguró que Córdoba “no es un contralor, es una ficha política” y enumeró algunos episodios de la vida pasada del servidor que lo relacionarían con algunos dirigentes políticos.

“Fue la mano derecha de Germán Vargas en las pasadas elecciones y tiene el apoyo de su paisano de Pereira, César Gaviria. Su obediencia ya fue puesta a prueba en 2017 cuando, siendo auditor, presentó informes falsos e ilegales, sin tener competencia alguna, pretendiendo demostrar que en la gobernación (de Antioquia) había puesto la pauta a mi servicio y pagado favores a donantes de mi campaña con contratos”, afirmó Fajardo.

Y agregó que desde que se posesionó, Córdoba “empezó una administración que no controla, sino que baila sincronizadamente con todo lo que le favorece a este mal gobierno”.

Hasta el momento, ninguno de los señalados se ha pronunciado.

Hospitalizan al Presidente del Senado, Juan Diego Gómez, en Medellín

A sanción, ley que regula el uso de celular en colegios

POLÍTICA