‘Urge hacer una modificación del estatuto de la oposición’

‘Urge hacer una modificación del estatuto de la oposición’

El presidente del CNE, Hernán Penagos, explicó cómo se aplicará la norma en los comicios locales.

Hernán Penagos

Hernán Penagos, presidente del Consejo Nacional Electoral.

Foto:

Carlos Ortega. EL TIEMPO

Por: Juan Francisco Valbuena G. 
19 de octubre 2019 , 09:59 p.m.

Los candidatos a gobernaciones y alcaldías que queden de segundos en las elecciones del próximo domingo podrán ocupar curules en asambleas y concejos; pero si son opositores al ganador, no podrán tener los beneficios que les da el estatuto de la oposición.

Así se lo dijo a EL TIEMPO el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Hernán Penagos, quien calificó este “vacío” en la norma como “ilógico”.

Una de las novedades para las elecciones del domingo es la suerte de quienes queden de segundos para gobernaciones y alcaldías. ¿Qué pasará con ellos?

Por disposición del estatuto de la oposición, quienes ocupen el segundo lugar en la elección de gobernadores o alcaldes tendrán la posibilidad de ser diputados o concejales. Este es un derecho personal en cabeza de quien ocupe ese puesto, independientemente de que haya sido avalado por un partido, una coalición o un grupo por firmas.

¿Es obligatorio que estos candidatos se posesionen en esas curules?

Es voluntario. Después de la declaratoria de la elección de alcaldes y gobernadores, los aspirantes que ocupen el segundo lugar tendrán 24 horas para manifestar si aceptan o no.

¿Qué pasa si uno de ellos no quiere asumir su escaño?

Simplemente, la curul se distribuye conforme a las reglas actuales entre los diferentes candidatos postulados. Es importante resaltar que la curul para los segundos no es adicional al número de las que legalmente existen.

¿Estos candidatos podrán ampararse en el estatuto de la oposición para fijar posiciones ante gobernadores y alcaldes?

El estatuto de la oposición se estrenará a nivel local a partir de enero próximo, cuando se posesionen los elegidos el 27 de octubre. Esto quiere decir que los partidos políticos con reconocimiento jurídico tendrán que manifestar si se declaran en oposición, independientes o de gobierno en cada departamento y municipio.

¿Y qué pasará con los que queden de segundos y hayan sido avalados por movimientos sin personería jurídica?

En principio, que no podrían tomar ninguna de las tres posiciones previstas en esta norma. El problema es que el estatuto de la oposición no previó nada para quienes llegan por firmas. Urge una modificación del estatuto. Ya tenemos un proyecto de ley para presentarlo al Congreso y subsanar esto.

¿Es decir que esos diputados o concejales, si son opositores al gobernador o alcalde elegido, no tendrán beneficios como el derecho de réplica?

Exactamente. A estas personas no se les aplicarían, en principio, esos beneficios que señala el estatuto de la oposición, de ahí la necesidad de buscar la manera de hacer cambios.

¿Cuántas inscripciones de candidatos fueron revocadas?

Hasta el fin de semana se revocaron cerca de 1.600 candidaturas. De estos aspirantes, cerca de 600 corresponden a ciudadanos que tenían algún tipo de sanción penal, disciplinaria o fiscal. Los demás, por diferentes causas como haber ocupado cargos de autoridad, haber firmado contratos dentro de un periodo que no podían y doble militancia.

Aparte de la revocatoria de la inscripción, ¿el candidato o el partido que lo inscribió tendrá alguna sanción?

Los partidos que inscribieron candidatos inhabilitados podrían ser sujetos de diferentes sanciones dependiendo del grado de previsión que hayan aplicado. Hay sanciones pecuniarias, y podrían llegar, incluso, a la imposibilidad de presentar candidatos en las circunscripciones respectivas.

¿Cómo quedó finalmente el tema del posible trasteo de votantes entre municipios?

Cerca de 1’087.000 ciudadanos fueron declarados trashumantes. Se están resolviendo alrededor de 60.000 recursos de reposición de quienes consideran que no lo son. Creo que fue una gran tarea del Consejo porque, históricamente, el trasteo de votos es uno de los principales hechos de corrupción electoral.

¿Habrá sanciones contra estos ciudadanos?
El trasteo de votos es un delito cuya pena puede ir de 4 a 9 años de cárcel. A partir del 2018, con la Ley 1864, no solamente puede incurrir en esta falta quien instrumentaliza ciudadanos, sino también quien se presta para esta práctica a cambio de algún favor. En este caso, la competencia es de la Fiscalía General.

¿A qué sanciones se exponen los candidatos y las campañas que cometan delitos electorales el próximo domingo?

Por ejemplo, el candidato que supere los topes de campaña no solamente puede perder su investidura, sino que, además, podría ir a la cárcel. Igual situación para quien se elija estando inhabilitado para aspirar. La compra de votos o la utilización de un cargo o recursos públicos también constituyen falta sancionable con cárcel.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G. 
POLÍTICA

Descarga la app El Tiempo

Con ella puedes escoger los temas de tu interés y recibir notificaciones de las últimas noticias.

Conócela acá
Sigue bajando para encontrar más contenido

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.