En secreto / Fiscalía y Contraloría le pisan la pita a Petro

La Contraloría Distrital y la Fiscalía General tienen en la mira al exalcalde Gustavo Petro por el caso de la recompra de acciones de la Empresa de Energía de Bogotá, la cual lideró el exmandatario como presidente de su junta directiva. Apenas unas horas después de la imputación fiscal por casi 270 millones de dólares, la Fiscalía ya tenía copia del caso. Pero, además, el fiscal Néstor Humberto Martínez ya tenía información de la Fiscalía española al respecto.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, estuvo hablando con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, en Miami, durante el encuentro programado por Washington para ayudar a Centroamérica en la lucha contra el lavado de activos, en la cual Colombia asesora y ha sido ejemplo.

Cuatro “leyes populistas”–así las llama el Gobierno– aprobadas esta semana por el Congreso van camino de caerse: la reducción de semanas de cotización de las mujeres, que cuesta 2 billones de pesos al año; la reducción del 12 al 4 por ciento de la cotización de los pensionados a la salud, que cuesta 3 billones por año; la que aprobó la realización del examen llamado “tamizaje neonatal” para las mujeres, y la que incorpora el tratamiento de fertilidad al POS. Durante su trámite, el Gobierno dejó constancias de su inconveniencia fiscal y constitucional, y lo más seguro es que sean objetadas.

El exfiscal Eduardo Montealegre, quien se fue para Alemania tirándole la puerta al Gobierno y no quiso aceptar la embajada en ese país, regresó esta semana a Colombia por invitación de su amigo Enrique Gil, ministro de Justicia, para defender la justicia transicional. Muchos se sorprendieron cuando lo vieron en las reuniones sobre ese asunto junto con Gil y el exministro Yesid Reyes. Su principal misión será defender esta justicia especial ante la Corte Constitucional.

Las dos terceras partes de los empréstitos aprobados en su última sesión en Washington por la Agencia Gubernamental Estadounidense de Desarrollo (Opic) fueron para Colombia. Se aprobaron 50 millones de dólares, a Avenida Colombia Real Estate Fund II, para proyectos inmobiliarios destinados a sectores de ingresos medios y bajos. Davivienda recibirá 243 millones de dólares para ampliar crédito al mismo nicho.

El embajador de Colombia ante la Santa Sede, Guillermo León Escobar, quien llegó a Bogotá para participar en el encuentro con el cardenal Rubén Salazar y el nuncio apostólico, Ettore Balestrero, sobre la visita del papa Francisco a al país, dijo que el pontífice está muy convencido de que la principal consecuencia de su venida será un “blindaje espiritual a la convivencia” de los colombianos. Este miércoles, en EL TIEMPO, varios líderes harán un examen sobre el impacto de la visita papal.

El martes pasado, la zona veredal de La Elvira, en Buenos Aires, Cauca, tuvo una visita inusual. Allí estuvo Henry Acosta, quien puede considerarse el verdadero gestor del proceso de paz con las Farc. Él fue quien logró los contactos iniciales entre el Gobierno y esa guerrilla para comenzar los diálogos.

Acosta ha preferido mantener un perfil muy bajo y es un rostro que poco se conoce en actos relacionados con el acuerdo. Sin embargo, el martes, en la ceremonia de inicio de entrega del segundo 30 por ciento de las armas, se lo vio muy activo, y hasta dedicó un buen rato a la charla con el jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Jean Arnault.

Detrás del retiro del proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocurrido el viernes pasado, hay más de un motivo. El principal es el temor a que Cambio Radical (CR), el partido del exvicepresidente Germán Vargas, se le atraviese al asunto.

Carlos F. Motoa (CR), actual presidente de la Comisión I del Senado, parecía inclinado a que el ponente del proyecto fuera Germán Varón (CR), quien tiene todo un arsenal contra la iniciativa y, según CR, fue vetado por las Farc para ser ponente. Por eso, el Gobierno prefirió retirar el proyecto y esperar hasta el 20 de julio, cuando la presidencia de esa comisión estará en manos de un amigo de ‘la U’. Una razón más: en cualquier caso, el Gobierno ha sido consciente de que si la ley no se tramitaba en un mismo periodo legislativo, se viciaba.

Los maestros, que estuvieron en paro más de un mes, querían que este gobierno les asegurara desde ahora reajustes salariales hasta el año 2021. Cuando el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, comenzó el viernes pasado la última jornada de negociación, que finalmente permitió el levantamiento del paro, les advirtió a los educadores que tenía unas líneas rojas: no dejaría hipotecado al próximo gobierno. En lo que sí cedió el Gobierno fue en una bonificación que se pagará por una vez al año.

Otro hecho que apuró la negociación el viernes pasado fue la inminencia de las vacaciones: algunos sectores del magisterio ya no querían seguir en la parálisis.

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