Es una gran contradicción. La secuencia de los hechos acaecidos en el país en el último mes ha pasado a tener un ritmo trepidante y con elementos cada vez más estremecedores y alarmantes, mientras que la mesa de negociación, donde el Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro (CNP) buscan soluciones que permitan una salida a esta situación, avanza con inquietante lentitud.
En las calles se ven multitudinarias protestas, la mayoría de ellas pacíficas –eso hay que subrayarlo–, pero también, un amplio abanico de hechos más que lamentables: civiles disparando armas –en algunos casos junto a la policía–, ataques vandálicos contra edificaciones públicas, saqueos, turbas dispuestas a arrasar con lo que encuentren a su paso, bloqueos de vías y otras formas de violencia que dejan ya una desoladora cifra de muertos y heridos. El temor de que todo esto pueda terminar en una explosión de incalculables consecuencias crece día a día.
El país mira con angustia a la mesa de negociación, pero hasta el momento, de ella no se asoma ni una luz de esperanza a la cual aferrarse.
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“Urgimos a que primen el diálogo y la vida”, clamó la Organización de Naciones Unidas, que ante lo ocurrido este viernes en Cali, donde, según sus reportes, catorce personas habrían muerto y 98 habrían resultado heridas, 54 de ellas por armas de fuego, agregó: “Estamos extremadamente preocupados”.
Este sábado continuaron los ‘mensajes de urgencia’. “Hago un llamado a todos los actores a prevenir y eliminar la violencia y hacer todo lo posible para disminuir las tensiones y evitar su escalamiento”, dijo en un comunicado el representante del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu. Insistió en “la necesidad de fortalecer el diálogo como instrumento fundamental para resolver los conflictos”.
Y en la mañana de este domingo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo: "Pido que se ponga fin a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo, y que todas las partes sigan hablando, para que se garantice el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas".
Paralelamente, 17 embajadores de la Unión Europea en Colombia respaldaron “el diálogo y la negociación como única vía para una salida sostenible a la crisis”, y pidieron al Gobierno y al CNP “aprovechar la reunión de hoy para alcanzar los consensos necesarios”.
La magnitud de la crisis que explotó el 28 de abril puso en un segundo plano la pandemia del coronavirus, que roza los 90.000 muertos en 14 meses, la tercera parte en número de víctimas que dejó la violencia del conflicto armado en medio siglo.
Para los analistas sociales es incomprensible entrar así a la quinta semana de protestas.
El Estado, por ejemplo, debe tomar cartas muy serias para frenar las violaciones de los derechos humanos; y los inconformes, levantar los bloqueos
“Cuando se negocia hay que ceder”, dice Lina María Céspedes, profesora de Derecho de la Universidad del Rosario. Pero ¿cómo? “El Estado, por ejemplo, debe tomar cartas muy serias para frenar las violaciones de los derechos humanos; y los inconformes, levantar los bloqueos, porque perjudican a los ciudadanos y afectan a una economía de por sí ya golpeada por el covid-19”.
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Fue, precisamente, la urgente necesidad de buscar recursos para paliar la crisis lo que argumentó Iván Duque para impulsar una reforma tributaria que diseñó con su ministro de Hacienda, y que dio origen a las protestas.
Sin embargo, tras las multitudinarias manifestaciones de finales de abril, el Gobierno retiró el proyecto el 2 de mayo, en un anuncio en el que el Presidente apareció rodeado de su gabinete. En la foto ya no estaba Alberto Carrasquilla.
El exceso de la fuerza por parte de la Policía, en especial de su Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), abrió otro frente de batalla y puso en evidencia que la confrontación iniciada en noviembre de 2019, cuando mataron al estudiante de bachillerato Dilan Cruz, no se había cerrado. En ese momento, la población –cacerola en mano– había salido a mostrar su descontento por las inequidades sociales y la ineficacia del gobierno en sus políticas públicas. El paréntesis obligado por la pandemia se cerró y volvieron a aflorar los choques.
En Usme hay bloqueos por parte de manifestantes.
César Melgarejo / EL TIEMPO
Mientras el Gobierno era presionado por la comunidad internacional –Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros– para que respetara a los manifestantes, varios de estos decidieron recurrir a una herramienta de presión tan eficaz como dañina: los bloqueos. Según cifras del Ministerio de Defensa, llegó a haber 2.284 afectaciones de los ejes viales en 292 municipios de 26 departamentos.
Estos no solo amenazan con estrangular la economía del país, –el ministerio de Hacienda calcula que las pérdidas superan los 10 billones de pesos, 484.000 millones de pesos cada día–, sino que han provocado víctimas entre los más humildes: una mujer en trabajo de parto en Tocancipá (Cundinamarca), perdió a su bebé y otra menor, en Buenaventura, que iba intubada falleció en los brazos de su madre que clamaba que las dejaran pasar.
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Los hechos de violencia no se circunscriben a puntos marginales, sino que se trasladaron a exclusivos puntos de núcleos urbanos, como el barrio Ciudad Jardín de Cali, y fueron grabados en videos que se propagaron al instante por las redes sociales.
“Me preocupa el futuro porque veo que puede haber una explosión aún mayor a la que hoy estamos sufriendo”, dice Luis Guillermo Restrepo, subdirector de opinión del diario caleño El País.
Él es un curtido periodista de 70 años que se confiesa conservador y que se muestra angustiado porque nunca en su vida había visto una “vorágine de sucesos” de esta magnitud. “En el Valle, en el Pacífico, hay mucha pobreza y las personas que tienen sus cosas se están armando con el argumento de que no se las van a dejar quitar”.
El periodista urge soluciones estructurales. Cree que en Colombia nos hemos acostumbrado a sanar graves enfermedades con pañitos de agua tibia. Opinión que comparte el analista Carlos Castelblanco de la Universidad de los Andes: “Tenemos una grieta enorme y pensamos que la podemos unir con cinta pegante”.
Angelika Rettberg, directora del Programa de Investigación sobre Conflicto Armado y Construcción de Paz, también de los Andes, por su parte, dice: “Este caos se resuelve con paciencia, con diálogo y con disposición a cambios profundos, para que la situación no vuelva a agudizarse a los pocos meses”.
Este caos se resuelve con paciencia, con diálogo y con disposición a cambios profundos
¿Cómo responderán a este desafío todos los actores de la sociedad? ¿Y cómo actuará el Gobierno en ese contexto luego de dos momentos complejos en su ruta de negociación? Uno, el acuerdo que salió a la luz el jueves, firmado por sus representantes –dos viceministros, uno designado alto comisionado para la Paz– con el Comité del Paro en Buenaventura y que permitía abrir corredores humanitarios para habilitar el transporte desde el puerto, pero con la veeduría de los manifestantes.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras los llamó “descriteriados” al señalar que esa concesión debilitaba al Estado. El Gobierno salió a rectificar a sus propios funcionarios.
Y en segundo lugar, el excomisionado de paz Miguel Ceballos, quien lideraba la coordinación del equipo negociador ante el Comité del Paro, anunció su retiro y dijo que antes de aceptar esa misión ya había pasado su carta de renuncia al Presidente con carácter irrevocable.
Para Emilio Archila, quien ahora representa al gobierno en la mesa, el principal escollo está en que el CNP presiona con los bloqueos, por lo que exige la apertura de los corredores viales de inmediato como muestra de buena fe. “Los bloqueos prolongados como se han dado, aún con los corredores humanitarios, afectan a todos los colombianos, el derecho al trabajo, a los productores y lleva a la quiebra a los empresarios”, dijo hace unas horas. Por eso, les pidió “entrar en razón”.
Álvaro Guzmán Barney, sociólogo, Ph. D. y docente de la Universidad del Valle, cree que “en un principio hay que conciliar dos cosas que se presentan como antagónicas: el derecho a la protesta y el derecho a la movilidad. Pueden hacerse compatibles. Esto redundara en mayor convivencia, reactivación económica y empleo”.
Para Jaime Duarte, analista político de la Universidad Externado, “si bien es cierto que hay cosas que no son fáciles de acordar, promesas no realizadas de la Constitución, desigualdad y deudas históricas con indígenas y afrocolombianos, por ejemplo, cosas que no pueden resolverse en un día y que requiere medidas a largo plazo (...)” también lo es “que las partes deben darse cuenta de lo que ocurre hoy y sintonizarse para desescalar la violencia”.
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Todos los analistas consultados por EL TIEMPO coinciden en la urgencia y responsabilidad de mostrar avances concretos.
Las alegres y coloridas marchas de la mañana del miércoles 28 de abril quedaron atrás. De allá a acá se han apagado la vida de al menos medio centenar de personas, en su mayoría jóvenes. Basta con citar un solo nombre para dar la dimensión de lo ocurrido: Lucas Villa que, en Pereira, recibió ocho disparos.
Múltiples videos del joven meintras protestaba en paz han rondado en redes.
Captura de video
“La situación del paro no es sostenible y lo que debe proceder es el diálogo”, dice Jaime Carrión, politólogo de la Universidad Nacional, sede Medellín.
Pero ¿los 20 delegados del CNP –en el que hay 18 hombres, solo dos mujeres y todos con una edad promedio de 50 años– representan a los miles de jóvenes que están ahora en las calles?
Mientras se busca la respuesta, se espera que el CNP también acelere su paso.
Pues hay el temor en varios sectores de que si bien ellos convocaron las protestas, el movimiento en la calle ya lo haya dejado atrás.
Y a todas estas, ¿el Congreso qué? En el Legislativo, el Gobierno vio cómo agonizaba la reforma de la salud, que los manifestantes cobraron como una victoria más. Sin embargo, con rapidez logró un sólido respaldo político con la votación obtenida en la pretendida moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano: 69 senadores respaldaron al funcionario contra 31. La decisión inhabilitó también la posibilidad de que el proceso siguiera en la Cámara.
Para un presidente al que señalan de tener poca maniobra política, este es un bálsamo indiscutible.
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Las expectativas, ahora, están puestas en la reacción nacional ante la decisión del Presidente de ordenar “el máximo despliegue” de “asistencia militar” para ocho departamentos: Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda y Valle. Y, finalmente, en el nuevo encuentro del Gobierno y el CNP previsto para este domingo. Ha sido un mes vertiginoso. Se espera de ellos una respuesta sin más pausas.
ARMANDO NEIRA
EDITOR DE POLÍTICA
Twitter: @armandoneira
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