A pesar de que la plenaria del Senado salvó la Reforma a la Justicia, que estuvo agonizando por cuenta del retraso en su aprobación, el trámite de la iniciativa resultó con tantos tropiezos que el Gobierno no salió bien librado.
Así lo dejó ver la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien criticó la falta de apoyo del Ejecutivo a su propuesta de crear un tribunal para que juzgue a los llamados aforados, entre los que se encuentra los magistrados de las altas cortes y el fiscal general. Esa propuesta, en su momento, recibió críticas porque revivía el polémico 'fuero parlamentario'.
“Lamento mucho que el Gobierno que yo ayudé a elegir no colabore en convocar unas mayorías para solucionar un problema de fondo que tenemos los colombianos”, manifestó Valencia frente a su propuesta, que según ella es clave para combatir la impunidad .
Otro revés que sufrió el Ejecutivo en la discusión de la reforma fue el rechazo del Senado a la propuesta de acabar por fin con el polémico Consejo Superior de la Judicatura.
El Gobierno hizo 8 proposiciones en las que se hacían modificaciones a la administración de la rama judicial, pero el Legislativo las negó todas.
“El Gobierno va a insistir en la transformación del Consejo Superior de la Judicatura”, aseguró la ministra de Justicia, Gloria María Borrero.
El fin de la Judicatura es el corazón de la reforma a la justicia, y para la senadora Paloma Valencia el hecho de que se haya mantenido intacto este organismo demuestra que “las líneas de fondo (de la propuesta) se han ido perdiendo” .
“Aquí hace falta que se dialogue con los otros sectores para lograr acuerdos sobre lo que es fundamental. Yo veo aquí un gran problema de una reforma que viene con retazos de muchas cosas”, cuestionó Valencia.
Entre lo que se aprobó en la Plenaria del Senado se encuentra una nueva inhabilidad para jefes de entes de control como el Fiscal, el Procurador y el Contralor. Así, durante cuatro años después de dejar sus cargos, estos servidores no podrán aspirar a cargos de elección popular, como la Presidencia de la República, entre otros.
Luego de las intervenciones de los senadores Rodrigo Lara (Cambio Radical) y Roy Barreras (‘la U’), en el sentido de que sería “cambiar las reglas” para los actuales jefes de estos entes, la norma se modificó.
Finalmente se aprobó que esta inhabilidad no se aplicará para quienes están en medio de sus periodos, pero sí para quienes sean elegidos después de la entrada en vigencia del proyecto.
También fue avalada una disposición que amplía el requisito mínimo de experiencia para los magistrados de las altas cortes: pasa de 15 a 25 años de experiencia.
En cuanto al periodo de los magistrados quedó en ocho años y no en 12, como pretendían algunos sectores de Cambio Radical.
“Muchas de las funciones de orden electoral que tenían las altas cortes fueron suprimidas”, explicó el senador de Cambio Radical Germán Varón, ponente de la iniciativa.
Igualmente quedó establecido que las decisiones judiciales de las altas cortes se conozcan cuando se publique el fallo y no mediante comunicados de prensa, como ocurre actualmente .
La reforma de la justicia busca, entre otros propósitos, incorporar aspectos para el ciudadano de a pie, entre ellos la obligación de acoger el precedente judicial y la descongestión de despachos.
A la iniciativa le restan aún seis debates, dos de los cuales deben superarse antes del próximo 16 de diciembre. Y en ellos podría revivir la iniciativa de acabar con la Judicatura.
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