La literatura sobre los partidos políticos los presenta como una institución indispensable para el funcionamiento del sistema democrático, cuya tarea esencial consiste en identificar los problemas nacionales; encontrar soluciones; articular los intereses que representan otras organizaciones de la sociedad, y canalizar así un conjunto de aspiraciones de un sector de la población, para obtener en el proceso electoral un apoyo que permita constituir un gobierno que las traduzca en políticas públicas.
Esta concepción puede parecer idealista, pero ha funcionado en la práctica, tanto en países desarrollados como en Colombia. Para bien o para mal, liberales y conservadores son responsables por la Colombia de los siglos XIX y XX, hasta 1991.
Desde entonces, el bipartidismo que nos había caracterizado –a pesar del ‘faccionalismo’ que siempre afectó a estas fuerzas políticas– cedió ante un nuevo sistema de partidos, que llegó a estar conformado por más de 60 agrupaciones. Durante los últimos tres lustros hemos realizado varias reformas constitucionales y legales para lidiar con un fenómeno que ha demostrado ser muy difícil de manejar.
De manera paradójica, los partidos comenzaron a debilitarse precisamente a partir de su regulación legal, que se inició durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Vino después la Constitución de 1991 con sus intensos prejuicios contra el bipartidismo, que nos llevaron a un multipartidismo alocado y luego a uno con cerca de diez partidos, aunque en la práctica lo que tenemos en ocasiones es un bipartidismo disfrazado de multipartidismo.
Durante la administración del presidente Juan Manuel Santos, lo que ha habido, por lo menos en el Congreso de la República, es un sistema bipartidista integrado por una coalición de gobierno (agrupada en la Mesa de Unidad Nacional) y unos grupos impotentes de oposición. Esa situación cambió en el 2014 con la presencia activa y disciplinada del Centro Democrático, dirigido por el expresidente Álvaro Uribe, que ha mantenido una línea coherente de oposición al Gobierno, que, aunque con alzas y bajas, ha controlado las mayorías legislativas.
Al comienzo, el gobierno Santos tuvo en el Congreso apoyos superiores al 80 por ciento de los votos. Ya no es así. Uno de los datos más significativos sobre la nueva situación fue el de la elección de Diana Fajardo como magistrada de la Corte Constitucional. Ganó por 48 votos contra 43. Así se puso en evidencia que en un caso en el cual el Gobierno se la jugó a fondo no logró las mayorías que lo caracterizaron en sus inicios. Y así ha ocurrido con la aprobación de algunas leyes de gran importancia.
No es fácil mantener una coalición multipartidista durante ocho años. La coalición ha sido exitosa y gracias a ella se lograron la reelección del presidente Santos y la eliminación de la reelección, así como la refrendación del acuerdo de paz con las Farc y de una buena parte de las leyes para su desarrollo. No es probable que la nueva legislatura, que se inauguró el 20 de julio, y las que le siguen tengan un comportamiento similar.
Pero lo más llamativo de esta coalición de gobierno es su situación actual. Hay cuatro partidos que han tenido un papel clave durante estos siete años: ‘la U’, que se supone es el partido del gobierno; el Liberal, Cambio Radical y, con matices, el Conservador. También ha estado la Alianza Verde y, para apoyar la búsqueda de la paz, todos los demás partidos, con excepción del Centro Democrático.
Hay algo común en todas las encuestas: el descrédito de la política, de los políticos, de las autoridades y de las instituciones
Se dice que los partidos de la coalición han comenzado a percibir el desgaste del gobierno y que este los está afectando, sobre todo en cuanto a las posibilidades de reelección de los congresistas que pertenecen a ella. Por eso el debate político en este momento gira mucho en torno de una eventual ley que permita el transfuguismo, es decir, la posibilidad de que los congresistas puedan cambiar de partido político para ser reelegidos en los próximos comicios. No es la primera vez que se busca realizar esta práctica por la vía legal y esto puede ser consecuencia de una regulación excesiva de los partidos, que lleva a este tipo de argucias, las cuales no favorecen el prestigio de la clase política.
La situación es de incertidumbre. Se sabe que en todo proceso electoral la hay en mayor o menor grado, pero es inevitable reconocer que estamos ante una contienda por la Presidencia de la República y por el Congreso que supera en materia de incertidumbre a casi todas las que hemos conocido. Las encuestas varían en cuanto a la favorabilidad hacia algunos posibles candidatos, varios de los cuales no tienen una identificación de corte partidista, y en cuanto a la intención de voto por las distintas fuerzas políticas.
Con todo, hay algo común en todas las encuestas: el descrédito de la política, de los políticos, de las autoridades y de las instituciones. Rara vez hubo tanta incredulidad, tanta desconfianza, tanto desencanto. Y a ello se suma un pesimismo inexplicable para muchos.
Si este es el escenario en el cual se desarrolla el debate electoral del 2018, no debe sorprender que personas que han tenido una amplia exposición mediática durante más de 25 años (o que han tenido mucha recientemente) aparezcan en las encuestas con niveles bajísimos de intención de voto.
La reacción casi obvia ante esta situación es pensar que las encuestas están arregladas, mal elaboradas, que sus metodologías son deficientes, etcétera. Pero la verdad es que el desencanto que caracteriza hoy la vida política colombiana se ve reforzado por lo que ha pasado o está pasando en países como España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia e Italia, y en naciones más cercanas, como México, las centroamericanas, Venezuela o Brasil.
No estamos viviendo una época dorada de la política ni de los políticos, y un caso como el de Francia produce un efecto desesperado de imitación. Todos andamos en busca del Macron colombiano. En este sentido, vale la pena repasar muy brevemente lo que ha ocurrido en Francia.
Los dos partidos políticos que han gobernado ese país europeo desde 1958, durante la V República, quedaron marginados. El 75 por ciento de los parlamentarios fueron derrotados. En relación con los registros tradicionales, hubo un alto nivel de abstención. Y un movimiento político creado hace un año por un joven poco conocido –aunque había sido ministro de Economía del gobierno saliente– arrasó no solo en la elección presidencial sino, aun más significativo, en la parlamentaria.
No es poca cosa que figuras nuevas desalojen de su cómoda posición política a veteranos de varias batallas, a los dueños del poder en cada distrito electoral. Y no deja de ser muy sugestivo que cuatro de los principales ministros renuncien después de la elección parlamentaria por problemas que tienen que ver con la moralización política.
Esta última es una de las prioridades de Macron para ponerles fin a costumbres políticas vitandas, como la de los puestos ficticios que permiten financiar con dineros públicos a familiares que no cumplen las tareas que se supone que realizan. No se trata de grandes fraudes como los que estamos acostumbrados a ver en Colombia. Se trata de comportamientos que no se ajustan a las exigencias éticas que deben caracterizar a un buen gobierno. Y Macron en este aspecto ha sido implacable.
En Colombia lo que hemos tenido en los últimos años es un ‘unanimismo’ en la Mesa de Unidad Nacional con respecto a los temas más trascendentales. A pesar de eso, es posible que haya habido tensiones y desacuerdos en materia de la repartición burocrática y de la obtención de otras prebendas. También ha habido un grupo fuerte de oposición en los últimos cuatro años, así como algunas expresiones esporádicas de oposición por parte del Polo Democrático y de la Alianza Verde.
Lo que asombra es la indiferencia de los partidos políticos frente a los temas más candentes de la política nacional
Pero lo que asombra es la indiferencia de los partidos políticos frente a los temas más candentes de la política nacional. Es un vacío aterrador. Parece que hay unanimidad frente a temas tan importantes y complicados como los cultivos de coca, las relaciones con Venezuela, el programa Ser Pilo Paga o el servicio de salud.
La lista podría seguir. Podrían mencionarse las consultas populares en Cajamarca (Tolima), Arbeláez (Cundinamarca), Pijao (Quindío), etc. Es evidente que los partidos no tienen presencia alguna, por lo menos conocida, en estas materias tan relevantes para el desarrollo de Colombia.
¿Ninguna fuerza política tiene una postura frente a la explotación del oro y de otros minerales? ¿Ninguna fuerza política tiene una postura frente a la industria del petróleo, a su carácter indispensable para el presente y el futuro de Colombia? ¿Acaso no les corresponde diseñar una política pública al respecto? Pues así vamos. Y uno se pregunta, ¿qué los va a diferenciar en una campaña por la Presidencia o por la reelección en las diferentes circunscripciones electorales?
FERNANDO CEPEDA ULLOA*
Razón Pública
* Exministro, exembajador, abogado de la Universidad Nacional, politólogo de la New School for Social Research, profesor universitario y columnista.
Razón Pública es un centro de pensamiento sin ánimo de lucro que pretende que los mejores analistas tengan más incidencia en la toma de decisiones en Colombia.
