La Unión Patriótica surge a la vida política nacional en 1984 como producto de las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Belisario Betancourt y las Farc, como un escenario político en donde deberían caber las fuerzas contrarias al establecimiento para realizar los cambios estructurales que la sociedad reclamaba y reclama aún, con el compromiso del gobierno nacional de brindar las garantías necesarias para su actividad proselitista.
EL gobierno, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y las leyes, otorgará a la UP y a sus dirigentes las garantías y seguridades indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a las demás agrupaciones políticas, su acción tanto proselitista como electoral. El gobierno hará recaer el peso de la ley sobre el ciudadano o la autoridad que conculque sus derechos a niegue, eluda o desconozca las garantías que les corresponde. También otorgará el Gobierno a las Farc las garantías y libertades que requieren para el proceso de incorporación de sus directivos a la vida política.
Pero ante el crecimiento de esta alternativa política los sectores más recalcitrantes de la oligarquía colombiana adoptaron la estrategia del genocidio de los dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP.
Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) ‘Todo pasó frente a nuestros ojos: ‘El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002’, la violencia contra la Unión Patriótica dejó, por lo menos, 4.153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas. Dos candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, cinco congresistas en ejercicio (Leonardo Posada, Pedro Jiménez, Octavio Vargas, Pedro Valencia, Manuel Cepeda), 11 diputados, 109 concejales, varios exconcejales, alcaldes en ejercicio, exalcaldes y miles de militantes fueron sometidos a exterminio físico y sistemático. Algunos sobrevivientes al exterminio abandonaron el país.
Estos asesinatos de los miembros de la UP en los años 80 y 90 fueron declarados en 2014 por la Fiscalía General de la Nación como delitos de lesa humanidad, al concluir que se trató de un plan por parte de sectores políticos, en alianza con agentes de seguridad del Estado, narcotraficantes y grupos paramilitares, para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana; en consecuencia, estos crímenes seguirán siendo investigados de manera permanente y se procederá a judicializar a quienes resulten implicados.
En julio de 2013 el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la Unión Patriótica, la cual le había sido suprimida debido a que en las elecciones legislativas de 2002 no obtuvo representación en el Congreso; el fallo reconoció que las circunstancias de exterminio sistemático contra dirigentes y militantes del partido fue la causa para que no se presentaran a las elecciones y por tanto no obtuvieron la representación requerida.
Actualmente, la UP cuenta con una senadora, Aida Avella, quien estuvo exiliada varios años como consecuencia del exterminio al que fue sometida la colectividad.
EL TIEMPO
