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Deliberar para reconciliar / Opinión
Las fichas del Gobierno en las negociaciones

Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo.

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Archivo particular

Deliberar para reconciliar / Opinión

Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo plantean una propuesta de diálogo.

Ante la grave crisis que vive el país y la necesidad de encontrar salidas institucionales que respondan de manera genuina a las sentidas exigencias de la ciudadanía, queremos aportar los siguientes elementos sobre la base de nuestra experiencia en la conducción del proceso de paz:

1. Colombia enfrenta la peor crisis económica y social de la que se tenga memoria en medio de los retos del tránsito a la paz y del deterioro de la situación de seguridad. El desespero ciudadano se expresa en el ejercicio del legítimo derecho a la protesta, que exige comprensión: la empatía y el reconocimiento son el comienzo de la solución. Como toda crisis profunda, esta contiene también una oportunidad para el cambio y la transformación. Depende de nosotros. O se encauzan ya las demandas ciudadanas por canales institucionales que den respuestas convincentes, o crecerá la frustración y Colombia será por mucho tiempo un país difícil de gobernar.

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2. Muchos sectores –las universidades, por ejemplo– están pidiendo con urgencia pactos y acuerdos. El mismo Acuerdo Final preveía que una transición a la paz iba a requerir reformas que iban más allá del mismo Acuerdo. Por eso convoca “a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran acuerdo político nacional encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social”. Con mucha más razón ahora en medio de la crisis de la pandemia.

3. La pregunta es: ¿Cómo? El proceso de paz demostró que no hay diferencia tan grande que no se pueda dirimir en una mesa. Si pudimos llegar a un acuerdo gobierno y Farc, lo pueden hacer las instituciones con la ciudadanía. Pero eso requiere, además de voluntad y respeto por el otro, métodos para llegar a acuerdos y garantías para los participantes.

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4. La llamada “Conversación Nacional” que el gobierno entabló en respuesta al paro nacional de 2019 no cumplió con ninguna de estas condiciones y tan pronto comenzó la pandemia en 2020 el gobierno le dio sepultura. No hay ninguna razón para pensar que su nueva iniciativa de una “Agenda sobre lo Fundamental” va a ser nada distinto a la “Conversación”, aun menos a un año de terminar su mandato. La elección para conducir esta iniciativa del Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, confirma esa falta de interés real.

5. Al mismo tiempo, la ciudadanía y en especial los jóvenes están en ebullición. En todas partes se están dando conversaciones y brotan las ideas. El reto es engranar esta energía ciudadana con las instituciones y construir un proceso creíble. El lugar natural para hacerlo es el Congreso de la República, el centro de la deliberación democrática. Durante las negociaciones de paz se hicieron múltiples audiencias públicas sobre puntos del Acuerdo y aun más en la fase de implementación. Sobre esa experiencia se puede construir.

6. ¿Quién convoca? Hay varias posibilidades. Se ha tejido una red de jóvenes representantes que desde sus diferentes posiciones políticas han demostrado una capacidad, como buenos demócratas, de llegar a acuerdos con sus opositores dentro de las diferencias: Carlos Ardila y Juan Carlos Losada del Partido Liberal, Gabriel Santos del Centro Democrático, Juanita Goebertus y Catalina Ortiz de la Alianza Verde, José Daniel López de Cambio Radical, María José Pizarro de la Lista de los Decentes y Adriana Matiz del Partido Conservador, por ejemplo. Ellos, que representan las nuevas generaciones y el futuro de la política, podrían convocar a los representantes de las marchas y al comité del paro y acordar una agenda y una metodología, en coordinación con las comisiones correspondientes de Senado y Cámara.

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7. Y se podrían apoyar en instituciones y organizaciones especializadas en procesos de participación ciudadana. Por ejemplo, en 2017 pedimos al Consejo Nacional de Participación y a Foro por Colombia que convocaran un “espacio de participación de carácter nacional” para cumplir con los puntos 2.2.1 y 2.2.2 del Acuerdo y construir un proyecto de ley precisamente de promoción y garantías de la participación. Asistieron más de 2200 líderes y lideresas de los 32 departamentos a foros en Barranquilla, Medellín, Barrancabermeja, Cali, Neiva y a un gran foro final en Bogotá.

8. El punto crítico son los compromisos y garantías de los partidos para que luego de escuchar a las organizaciones y de deliberar, saquen adelante –con el acompañamiento del gobierno por supuesto– los proyectos de ley. El proceso de paz es una advertencia; en los cajones del Congreso reposan decenas de propuestas y proyectos de ley del proceso que han sido ignorados sistemáticamente, incluyendo las propuestas concretas de reforma política de la Misión Especial Electoral y las recomendaciones para regular la protesta social, que tanta falta hacen hoy. Es cierto que se dispone de poco tiempo con la temporada electoral, pero nada impide que se citen extras ante la urgencia de la crisis ni que se dividan las materias por fases entre las que requieren una respuesta inmediata y las que pueden esperar, con un compromiso de los partidos de cumplir con la agenda.

9. Por ejemplo, la dificultad de la Policía Nacional para enfrentar un escenario de amplias protestas que se entrelazan con actos de violencia urbana sugiere que es hora de debatir en el Congreso una reforma de fondo. La Policía está sola y carga sola toda el peso, sin direccionamiento estratégico de sus superiores en este nuevo escenario de transición. Es impresentable en una democracia moderna que ante las marchas sea el Ministro de Defensa quien se pronuncie en materia de seguridad, o que el Comandante del Ejército haga formar a la Policía Nacional, como ocurrió en Cali. Claramente organizaciones criminales han actuado con violencia al margen de las marchas y deben ser desmanteladas. Pero hay que saber poner cada cosa en su lugar y entender cuál es el centro de gravedad del problema. Se requiere un liderazgo civil distinto para enfrentarlo, sacando a la Policía del Ministerio de Defensa.

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10. No todas las demandas de las marchas deben terminar en el Congreso. Muchas son de carácter local, otras son asuntos que el gobierno puede solucionar con facilidad. Pero una transición a la paz que se cruza con una crisis social sin precedentes y un deterioro de la seguridad exige actuar con decisión. Y aprovechar los mecanismos de interlocución que ofrece el Acuerdo Final para acercarse a la gente.

Hace treinta años Colombia también estaba bloqueada y encontramos un camino. Es hora de deliberar para reconciliar.

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