Las 107 revocatorias de mandato que se tramitan en la actualidad contra alcaldes y gobernadores podrían quedar suspendidas en los próximos días.
Así lo reveló ayer Alexánder Vega, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien dijo que esa corporación estudia esa decisión, la cual podría ser tomada en la plenaria de este miércoles.
“Se va a evaluar la posibilidad de suspender los procesos que ya están convocados”, dijo Vega, y explicó que para que pueda habilitarse una revocatoria, el alcalde debe estar incumpliendo realmente su programa de gobierno. Eso es lo que dice la ley.
Y en eso fue enfático, pues según explicó, en muchos casos, quienes promueven las revocatorias, “en la exposición de motivos se están confundiendo las promesas de campaña con los programas de gobierno”.
De acuerdo con Vega, se va a evaluar caso por caso, pues muchos alcaldes están siendo víctimas del proceso revocatorio no por la naturaleza que fue concebido, “sino por intereses particulares”.
Según el magistrado, no habría lugar para pedir una revocatoria por un tema de popularidad o de revancha política.
Dijo que la prioridad es suspender los procesos que están convocados y con fecha definida para la votación: San Benito (Sucre), Ocaña (Norte de Santander), El Copey (Cesar) y Remolino (Magdalena).
“No se va a regular ni se va a reglamentar nada, lo que se va a hacer es revisar los procesos, que es una facultad que tenemos”, dijo Vega.
Los planteamientos del presidente del CNE se dieron precisamente en una audiencia pública convocada por el tribunal electoral para escuchar tanto a mandatarios como miembros de los comités que promueven sus revocatorias.
Unos de los primeros en intervenir fue el alcalde de Orito (Putumayo), Manuel Eduardo Ocoró, quien señaló que en su caso le estuvieron pidiendo plata para no continuar con el proceso de revocatoria y que el principal promotor está preso por ese delito.
En esa audiencia, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, a quien le están promoviendo una revocatoria, dijo que está de acuerdo con esa figura, pero “cuando haya incumplimiento del programa de gobierno”. Y de acuerdo con él, su alcaldía está “cumpliendo estrictamente el programa de gobierno”.
Señaló que esta figura no puede existir para quienes hayan perdido una elección o tengan algún interés político y traten de revocar a un alcalde o gobernador, sino para revocar al mandatario que no esté cumpliendo el programa de gobierno. Peñalosa reveló que pidió la nulidad del proceso de recolección de firmas porque se hizo con
base “en argumentos falsos”.
Precisamente, en la audiencia el registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, aseguró que realizar las 107 revocatorias que actualmente se están impulsando en el país le costaría solo a su entidad más de 100.800 millones de pesos.
Si bien esa cifra corresponde a un estimativo –dijo–, probablemente, el valor se aumentaría a más de 200.000 millones de pesos, pues habría que convocar a nuevas elecciones.
Gilberto Toro, presidente de la Federación Nacional de Municipios, dijo que “hay incoherencia” en comunidades que piden muchas acciones de los alcaldes, pero a la vez hacen todo lo posible para que no puedan gobernar.
“La revocatoria ha sido irresponsablemente utilizada por grupos de oposición para hacerse al poder”, dijo.
Agregó que, en la mayoría de los casos, los revocadores tienen relación directa con quienes perdieron las elecciones del 2015.
Óscar Dueñas, vocero de uno de los comités promotores de la revocatoria de Peñalosa, dijo que los mecanismos de participación solo se pueden regular mediante ley estatutaria y no puede haber ninguna reglamentación de parte del CNE.
Para él, ahora que está de por medio la revocatoria del alcalde Peñalosa, se está hablando de reglamentar la revocatoria.
El abogado se tomó los 10 minutos para explicar por qué el CNE no puede modificar nada de lo que está establecido sobre las revocatorias.
Por su parte, Plinio Olano, presidente de la Federación Nacional de Departamentos, dijo que es necesario hacer los esfuerzos para que quede establecido que debe ser el incumplimiento del programa de gobierno la única causa para revocar un mandato.
“Y solo debería promoverse un año después de aprobado el plan de desarrollo”, agregó.
Para él, es necesario evitar que la revocatoria se convierta en instrumento de revanchismo político de quienes perdieron elecciones o quieren entorpecer el trabajo
de un mandatario.
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