Cinco claves para entender el embargo de plata de reposición de Petro

En un nuevo capítulo de la novela de las sanciones fiscales contra el hoy senador Gustavo Petro, por decisiones que tomó durante su alcaldía de Bogotá, la Contraloría Distrital ordenó el embargo de casi 24 mil millones de pesos que le iba a entregar la Organización Electoral como reposición de los más de 8 millones de votos que alcanzó en la primera vuelta presidencial del año pasado.

Petro anunció ya que sus abogados no solo interpondrán acciones contra la medida cautelar, sino que denunciarán ante la Fiscalía y la Procuraduría lo que calificó como un "prevaricato".

"Llegamos a un nuevo, esta vez mega abuso, de la Contraloría Distrital. Ordena embargar los recursos de reposición de la campaña de la Colombia Humana, como si se tratase de recursos personales míos", dijo en su cuenta de Twitter.

La Contraloría dice que el embargo se justifica porque contra el exmandatario hay varias decisiones que aunque están demandadas ante la justicia administrativa siguen existiendo en el mundo jurídico.

Petro tiene multas por más de 200 mil millones de pesos y si llegaran a quedar en firme las sanciones en su contra, debe responder con su patrimonio para resarcir
la plata que, según el ente de control, perdió Bogotá por cuenta de controvertidas decisiones de Petro, como el cambio en el modelo de recolección de basuras y los subsidios al pasaje de TransMilenio, que supuestamente no tuvieron soportes técnicos.

Estas son las claves para entender la pelea de Petro con la Contraloría de Bogotá.

El exalcalde tiene encima varias sanciones, tanto de la Contraloría como de la Superintendencia de Industria y Comercio, por polémicas medidas que tomó durante su Alcaldía de Bogotá (2012-2015).

El caso del embargo tiene que ver con la plata que perdió el Distrito por el subsidio de las tarifas de TransMilenio en horas valle, que según la Contraloría de Bogotá no
tuvo estudios técnicos que la justificaran y que generó un millonario detrimento patrimonial.

A Petro le impusieron una multa de 130 mil millones que fue demandada por sus abogados ante el Tribunal Superior de Cundinamarca, que la semana pasada revivió las medidas cautelares en favor del jefe de la Colombia Humana.

También tiene otra condena fiscal por el caso de las basuras en Bogotá, que a su vez dio pie para una millonaria sanción en su contra de la SIC. La esencia de los procesos, que Petro atribuye a persecuciones políticas, es que la plata del erario público se afectó por malas decisiones administrativas que pudieron evitarse.

Petro ha sostenido que todas sus actuaciones en la Alcaldía de Bogotá fueron legalmente adoptadas y que además tuvieron un alto impacto social, como en el caso del subsidio a las tarifas de TM. También asegura que hay una persecución en contra suya y de su movimiento, y que lo que finalmente se busca con las sanciones es sacarlo del juego político.

Esto porque, por ejemplo, si un colombiano le debe plata al Estado por concepto de condenas fiscales se produce un efecto de prohibición de ocupar cargos públicos mientras exista la deuda. En su caso, sanciones por más de 200 mil millones de pesos son virtualmente impagables, lo cual en la práctica lo mataría para la política.

Petro buscó, sin éxito, medidas cautelares del Sistema Interamericano de Justicia.

Como segundo candidato más votado en las presidenciales, Gustavo Petro tiene derecho a una silla en el Senado, donde es uno de los jefes de la oposición. Como las sanciones en su contra están demandadas, estas no cobran plena vigencia a menos de que sean ratificadas por el Consejo de Estado, la última instancia en materia de demandas contra actuaciones de las autoridades.

Mientras hay una decisión de cierre, Petro pidió medidas cautelares, figura que se refiere a protección de derechos (entre ellos, participar en política) que podrían afectarse grave e injustamente en caso de que finalmente se caigan las acciones
en su contra.

Esas medidas están hoy vigentes, tanto en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como en el Consejo de Estado. El efecto de la medida cautelar es que Petro podía aspirar como candidato a la Presidencia el año pasado, asumir la curul tras su derrota en segunda vuelta y seguir hoy en el Senado, mientras hay un fallo definitivo que bien puede favorecerlo.

Corresponden a la reposición de votos de la primera vuelta electoral, cuando el candidato de izquierda logró 4.855.069 votos. Por cada uno de ellos el candidato y su partido recibieron 5.625 pesos. Ese dinero, según Petro, está comprometido con bancos y proveedores que en su momento le abrieron créditos
a su campaña del año pasado.

El jefe de la Colombia Humana también tiene derecho a la reposición de votos correspondiente a la segunda vuelta, cuando logró poco más de 8 millones de votos.

El hoy presidente Iván Duque y su partido, el Centro Democrático, tienen
derecho a las sumas más altas por reposición de votos, por las cifras alcanzadas en las dos vueltas electorales.

No. Se trata de decisiones tomadas por su Alcaldía que, en criterio de la Contraloría y la SIC, afectaron el patrimonio de la ciudad o la libre competencia, pero que no tienen en ningún caso nada que ver con señalamientos por corrupción.

De hecho, esas sanciones, como pasó con la destitución de la Procuraduría
de Alejandro Ordóñez contra el mismo Petro por el caso de las basuras, bien pueden terminar anuladas si la justicia administrativa, que tiene como órgano de cierre la Consejo de Estado, considera que no eran justificadas, que violaron el debido proceso o que fueron desproporcionadas. Así, el punto final de esta historia puede tomar varios años.

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