Los partidos políticos comenzaron desde el pasado viernes a agilizar sus apuestas para conquistar el poder en el 2018, luego de que la reforma política, que cambiaba algunas de las reglas para esa campaña, se hundiera sin remedio en el Congreso por petición de las mismas colectividades.
Pese a la expectativa que produjo entre los partidos políticos el trámite de un proyecto de esta naturaleza en el prólogo de las elecciones legislativas y presidenciales, las propias bancadas en el Senado terminaron pidiendo el hundimiento del proyecto, el cual se concretó el pasado miércoles.
La iniciativa, que fue uno de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, en La Habana, terminó archivándose en Senado, en su último debate, y hasta el mismo Gobierno, a través del ministro del Interior, Guillermo Rivera, admitió que durante su trámite por el Legislativo se habían desdibujado varios de sus aspectos esenciales.
El punto principal de esta norma –el único que aparece en el acuerdo de paz– era que los movimientos políticos que acreditaran un número mínimo de afiliados pudieran avalar candidatos a Congreso y otras corporaciones públicas. Lo que se denomina adquisición progresiva de derechos.
Pero pese a la defensa que el Gobierno hizo de este artículo, la disposición naufragó con el resto de la iniciativa.
Sin reforma política para aplicar en las elecciones del próximo año, el panorama electoral se apretó mucho más para los partidos, los cuales tendrán una semana para terminar de ajustar sus listas al Congreso, cuya inscripción de candidatos vence el próximo 11 de diciembre.
Una de las expectativas que tenían las organizaciones políticas era la posibilidad de presentar listas en coalición para el Congreso en los comicios del próximo 11 de marzo.
Esta vía permitía fortalecer las bancadas y aumentar su volumen en Senado y Cámara, lo que de entrada significaba mayor capacidad de decidir a la hora de votar proyectos e influir en las decisiones del Legislativo.
Con esta idea, varios partidos políticos se dedicaron en los últimos meses a planear las alianzas que les permitieran llegar más fuertes al Congreso.
Prácticamente todos hablaron con todos: liberales con ‘la U’; conservadores, con Cambio Radical, y hasta hubo sectores que hablaron de los beneficios para el uribismo de coaligarse con otros partidos políticos.
Pero ahora, sin reforma política, todos los partidos deberán competir de manera independiente, tal y como lo han hecho en las últimas elecciones.
El tema de las listas conjuntas entre los partidos políticos para llegar al Congreso abrió otra posibilidad en la fracasada reforma política: que quienes no estuvieran de acuerdo con ellas pudieran irse para otros partidos, lo que en lenguaje parlamentario se conoce como transfuguismo.
Este hecho motivó en un momento dado a sectores de partidos como Cambio Radical, el del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, a apoyar la reforma política.
Esta disposición permitía llevarse congresistas para engrosar las colectividades sin que quienes incurrieran en esta práctica fueran castigados por doble militancia. Sin embargo, el transfuguismo, al menos por ahora, tampoco se habilitó para las elecciones del próximo año.
La otra norma que tampoco se aplicará el próximo año será la de cerrar las listas de los partidos al Congreso, una recomendación de la Misión de Observación Electoral –compuesta por académicos y centros de pensamiento– que aportó consejos para elaborar el proyecto de reforma política.
Según expertos, esta disposición busca que los partidos políticos tengan una mejor organización interna y reduzcan los costos de las campañas políticas, los cuales pueden fácilmente superar los cinco mil millones de pesos.
Así las cosas, las listas para el 2018 podrán seguir siendo abiertas para quienes lo consideren, es decir que los electores podrán votar por el candidato de su predilección y los que mayores sufragios consigan serán los que ocupen las curules en el Legislativo que se posesionará el próximo 20 de julio.
El naufragio de las listas cerradas también frustró otra disposición que estaba en la reforma política y era una nueva regulación de la financiación de las campañas políticas.
La idea era que esta fuera preponderantemente estatal y que los proveedores de estas empresas electorales estuvieran en un registro para controlar los costos de la política.
La otra perspectiva que se abre paso para los próximos comicios es el ingreso de un actor nuevo a la política: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), el movimiento de la antigua guerrilla de las Farc.
Según los acuerdos de paz, esta nueva organización política tendrá derecho a cinco curules en Senado y cinco en Cámara, para las cuales varios de sus líderes ya están calentando motores para la campaña.
Observadores han dicho que el principal obstáculo que tendrá que vencer el nuevo partido de las Farc será el rechazo generalizado de la opinión pública, gran parte de la cual todavía no digiere que un grupo que hasta hace poco fue armado, ahora incursione en la política.
Como una muestra de su compromiso, el pasado viernes exguerrilleros como Iván Márquez y Jesús Santrich firmaron su compromiso de acudir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el modelo de justicia que juzgará sus delitos atroces, para poder inscribir sus nombres al Senado y a la Cámara de Representantes, respectivamente.
Esta exigencia quedó consignada como un paso previo para la participación en política de los excombatientes, quienes se lanzarán a la arena electoral en las próximas elecciones.
Además de los 10 congresistas que por derecho propio ya tiene asegurado el partido Farc, también le están apostando a la Presidencia de la República. Tienen a Rodrigo Londoño como su aspirante presidencial.
Por ahora él no está en una campaña tan activa como si lo están otros de los aspirantes.
Y un tema que todavía no está claro para las próximos comicios es el futuro de las 16 curules de paz, las cuales suscitaron una polémica jurídica de hondo calado por cuenta de si la conciliación del proyecto que las creó fue aprobado o no en la plenaria del Senado, el pasado jueves.
Pese a que la Mesa Directiva de esa corporación sostuvo que se requerían 51 votos de los senadores por el sí para que la iniciativa fuera avalada, el Gobierno –apoyado en dos sentencias de la Corte Constitucional– sostiene que los apoyos exigidos eran 50, los mismos que el proyecto alcanzó en su votación del pasado jueves, en el remate del procedimiento legislativo especial con el que se implementó el acuerdo de paz, en el Congreso.
El tiempo dirá si fueron más los beneficios que los perjuicios de haber hundido la reforma política en el Congreso, la cual, en todo caso, es necesaria si se quieren depurar la política y la democracia en el país.
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