Como un huracán de categoría 5 cayó en la incipiente campaña electoral el anuncio de la Fiscalía General de la Nación de imputar cargos al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. Las consecuencias que, en otro momento, deberían ser estrictamente jurídicas serán imprevisibles en el terreno político por tratarse de uno de los más probables aspirantes a suceder en el cargo al presidente Iván Duque.

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No se trata de un marginal juicio de valor sino de una elemental lectura a cualquiera de las encuestas que ponen a Fajardo siempre entre los aspirantes con más opciones de llegar a la Casa de Nariño.

Por eso, la decisión trasciende al aspecto legal, que habla de unas “presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda en 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.”.

Según el ente acusador, el contrato se suscribió cuando Fajardo era gobernador del departamento, el 5 de diciembre de ese año, y “ordenador del gasto. Él firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Dicho contrato implicó el desembolso de 77 millones de dólares para realizar sustitución de deudas con otros bancos”.

Para varios analistas consultados por EL TIEMPO, es por lo menos insólito que el ente acusador “desempolve casi una década después un caso que afecta no solo en el ámbito personal al exgobernador y seguro aspirante presidencial por el deseo de miles de sus seguidores". En las elecciones de 2018 obtuvo 4'602.916 votos, esto es, el 23,78 del total. Estuvo a solo dos puntos de pasar a la segunda vuelta, una cifra que demuestra la importancia de su figura.

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Lo ideal sería, sin embargo, acatar las decisiones de la justicia como mandato indiscutible. Eso lo recuerda Pedro Viveros, consultor en comunicaciones y analista político: “Hay que esperar las respuestas del exgobernador Sergio Fajardo por esta investigación. En Colombia desde la creación de la Fiscalía en 1991, la mayoría sus actuaciones se convierten en controversias políticas por la ausencia de justicia efectiva en el país”, dice.

Y recuerda que “hace unos meses fue con otro exgobernador y también se armó un debate mayúsculo, las decisiones de una autoridad judicial se deben atender y respetar. Eso sí, resolverla de forma expedita para garantizar los derechos de candidato presidencial Sergio Fajardo”.

Sin embargo, el impacto es innegable por la multiplicidad de lecturas. "La imputación de cargos de la Fiscalía es tan enrevesada que solo deja entrever una motivación política, que consiste en atravesársele a Sergio Fajardo en su carrera electoral a la Casa de Nariño”, dice Jairo Libreros, profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia.

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“Pero aun con los cuestionamientos que pesan sobre la decisión de la Fiscalía, la candidatura de Fajardo entra al congelador, porque si mantiene la iniciativa electoral se queda sin su principal discurso presidencial de respeto al Estado de derecho y lucha contra la corrupción”, argumenta Libreros.

“Si bien la decisión de abrir investigación a Sergio Fajardo, contemplada dentro de las funciones de la entidad, es muy previsible que también se haga con el interés de generarle a Fajardo un eco de opinión que repercuta negativamente en su imagen pública con miras a las elecciones”, conceptúa el docente Carlos Arias.

“Está confirmado en estudios de opinión y de comportamiento electoral que la formación de imagen pública de un candidato se refleja en los procesos de elección y decisión electoral”, anota Arias, experto en campañas políticas.

“La imagen de un candidato investigado y con líos con la justicia, así luego salga exonerado, se evidencia negativamente en estudios de favorabilidad e imagen que a su vez y para muchos colombianos siguen siendo la brújula a la hora de votar”, concluye Arias.

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Por su parte, Aurelio Suárez, analista político, asegura que esto es un hecho inédito por dos razones: porque la consideración de no haber hecho la previsión sobre el encarecimiento del crédito por la devaluación en 2013, "coincide con un año antes de la destorcida de la apreciación del peso por la caída de precios del petróleo, que no era entonces previsible".

Y agrega que al tratarse de un aspirante presidencial. "deja la percepción de una determinación con alta carga de politización".

"Ese tipo de préstamos debería contar con visto bueno del ministerio de Hacienda y, por ende, se asume que dicho trámite se cumplió y es esa dependencia la que al final define el diseño del contrato de préstamo respectivo", remata Suárez.

Para Francisco Bernate, un reconocido jurista, la decisión se presta a múltiples equívocos. “Creo que la Fiscalía está actuando con un criterio político. Ese no es el rol de la Fiscalía. Creo que la Fiscalía no está tomando el camino correcto”.

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En este caso, en conclusión, volviendo al símil del huracán, hay que esperar el impacto inicial para evaluar las afectaciones. En ocasiones, el impacto en los daños reales no corresponde al abrumador ruido creado.

No parece, sin embargo, que sea así en este episodio. Por las distintas y en ocasiones altisonantes reacciones de diversos líderes políticos de las más variadas tendencias, es difícil de creer  que todo vaya a volver a la calma después de semejante tempestad.

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