Ante una columna de opinión del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicada en EL TIEMPO y titulada ‘Uribe da cátedra de impunidad’, el expresidente Álvaro Uribe Vélez le envió al director del diario, Roberto Pombo, una carta en la que hace las siguientes precisiones:
(Lea aquí la columna Uribe da cátedra sobre impunidad)
“La primera ley en Colombia que exigió reparación a las víctimas como condición para tener unas rebajas de penas fue la Ley de Justicia, Paz y Reparación de nuestro Gobierno. En su columna, el señor Vivanco dice que fue gracias a la Corte Constitucional que los cabecillas paramilitares fueron a la cárcel. Esta afirmación no corresponde a la verdad. Siempre defendí, como lo sigo haciendo ahora, que los cabecillas responsables de atrocidades debían ir a la cárcel así fuera con sentencia reducida, como en efecto ocurrió".
“La Corte Constitucional sí moduló la Ley de Justicia, Paz y Reparación a través de la Sentencia C-370 del 2006, pero nunca hizo referencia al tema de las penas de cárcel para los cabecillas porque ya eso estaba estipulado en la Ley".
“La Corte Constitucional, en esa sentencia, ordenó que la reparación a las víctimas debía hacerse no solo con los bienes ilícitos como decía la ley, sino con los lícitos también. Además, la Corte consideró que el tiempo que los paramilitares habían estado en Santa Fe de Ralito no podía contarse como parte de la pena de hasta 8 años de prisión; y aclaró que las condenas que los desmovilizados tuvieran con anterioridad a su inclusión en Justicia y Paz no se extinguían sino que se acumulaban con la sentencia ordinaria, para luego ser reemplazada por la pena alternativa, de tal forma que si el postulado incumplía sus compromisos, se revocaba la pena alternativa y debería pagar las penas ordinarias acumuladas".
“Sobre el tema de los falsos positivos, le quiero recordar al señor Vivanco que en nuestro Gobierno cualquier violación de derechos humanos, en lugar de taparse, se estimulaba para que saliera a discusión de la opinión pública. Casos como Guaitarilla en Nariño, Cajamarca y Jamundí así lo evidencian".
“En el 2003, cuando la Seguridad Democrática comenzaba a dar sus frutos, algunos voceros del terrorismo, escudándose en el tema de derechos humanos, empezaron a decir que no se daba de baja a terroristas sino que se asesinaba a campesinos. Ante eso, y para que no quedara ninguna duda, ordené que cuando hubiera alguna baja, ese cadáver no lo podían mover las Fuerzas Armadas sino los representantes de la Fiscalía General de la Nación, del CTI. Así se hizo. Incluso, algunos llegaron a afirmar que era la derogatoria del fuero penal militar debido a excesos de la Fiscalía, que de cada levantamiento de cadáver formuló una acusación a los soldados y policías.
“Así mismo, en 2008, inmediatamente se conocieron las denuncias sobre los falsos positivos, retiré 27 altos militares de las Fuerzas Armadas.
“Reclamo que el tema de los falsos positivos ha servido también para encubrir falsas e injustas acusaciones contra algunos integrantes de las Fuerzas Armadas. Además, se ha hecho caso omiso de que el tema, en muchos casos, obedeció a acciones del narcotráfico, que infortunadamente, con participación aislada de miembros de las Fuerzas Armadas, buscaba su impunidad y presentaba la apariencia de que el asesinato de ciudadanos inocentes se producía para combatir el narcotráfico, lo cual no era cierto. Así lo denuncié el 25 de marzo del 2010, en la oficina de Naciones Unidas en Bogotá al escuchar a un testigo protegido".
“Ante la humillación de las Fuerzas Armadas que están siendo igualadas con el terrorismo, nuestro partido no solo presentó un proyecto de acto legislativo, sino que lo está presentando nuevamente para dar un alivio judicial a los militares y policías de Colombia, que consiste en una reducción de la pena por delitos cometidos en un período de tiempo determinado, sin darles impunidad, sin nivelarlos con el terrorismo y sin someterlos al tribunal de las Farc".
“Ni como Presidente permití, ni como Senador estaré de acuerdo en otorgar impunidad a los responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes atroces, sea paramilitar o guerrillero. Eso sí, siempre hemos defendido que los rasos no paguen cárcel".
“Lo extraño es que a muchos de mis críticos que decían que las penas de 8 años de cárcel para los cabecillas paramilitares eran muy cortas, hoy les parece que el único camino para la paz es que no haya un día de cárcel para los responsables de delitos atroces de las Farc”.
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