Secciones
Síguenos en:
'Hay una promesa incumplida por los operadores de la Constitución'
Marcha de profesores en Medellín

De manera pacífica se vivió una nueva jornada del paro nacional en Medellín. Los profesores recorrieron las principales vías de la ciudad.

Foto:

Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

ESPECIAL

'Hay una promesa incumplida por los operadores de la Constitución'

De manera pacífica se vivió una nueva jornada del paro nacional en Medellín. Los profesores recorrieron las principales vías de la ciudad.

Armando Novoa habla sobre los 30 años de la Constitución y su realidad actual.

El jueves 4 de julio de 1991 se promulgó el texto que daría un giro radical al Estación nación colombiano: la Constitución Política.

Luego de un proceso de movilización social liderado por estudiantes y la convocatoria a introducir una séptima papeleta en las urnas; la Asamblea Nacional Constituyente consolidaría un texto que establece, entre otras cosas, aspectos como un Estado social de derecho con autonomía de sus entidades territoriales, pluralista y que reivindica la democracia participativa.

Armando Novoa es el director de la Corporación de Estudios Constitucionales Plural. Fue asesor de la Constituyente del 91 y ex M-19. Durante estas tres décadas de implementación de la Carta, ¿se ha logrado desarrollar a plenitud esas premisas? ¿Qué aspectos han obstaculizado el cumplimiento de los mandatos constitucionales?

(Lea: En promedio, cada cinco días se aprueba una nueva ley en Colombia)

La Constitución establece que Colombia es un Estado social de derecho ¿Cree que después de 30 años de su implementación, se ha logrado aplicar plenamente esta premisa?

El Estado social derecho es un concepto que está atado a la realización de los derechos económicos, sociales y a la preferencia del Estado por políticas públicas que ofrezcan el gasto público social en beneficio de los sectores más vulnerables de la población. A la luz de las cifras más recientes sobre los indicadores de pobreza que hemos conocido, tendríamos que decir que esa cláusula social de la Constitución es una cláusula que se ha cumplido en forma muy limitada y parcial.

Yo le adjudicó esa ese déficit a la materialización del concepto, sobre todo a las políticas públicas desarrolladas por los gobiernos porque al momento de poner en ejecución los planes de desarrollo, las prioridades del gasto público, la forma en la que se construyen las políticas para lograr el acceso a los derechos como el agua, la salud, la educación, la vivienda, el saneamiento básico, los gobiernos, en mayor o menor medida, desde la expedición de la Constitución, no han estado comprometidos con la causa con la cláusula social.

Otra es la realidad que tenemos en las administraciones locales, dónde a través de figuras como los presupuestos y la planeación participativa, se han hecho mayores avances, pero esos avances no han logrado ser sostenidos. De tal manera que aquí hay una promesa incumplida, pero no por la Constitución, sino por los operadores de la misma, que no son nadie distintos a los gobiernos que deben comprometerse a hacer efectivos sus mandatos.

Según la Defensoría del Pueblo, en 1.074 municipios se interpuso al menos una tutela por violación a uno o más derechos fundamentales, especialmente al derecho a la salud.

Foto:

Jaiver Nieto

¿Para usted cuál es el valor clave de la Constitución de 1991?

Las constituciones son seres vivientes, no son textos normativos muertos. Estas se adaptan a nuevas dinámicas cuando cambian los tiempos. Uno podría hablar de que cada Constitución tiene su alma, lo que la identifica, lo que define sus rasgos de personalidad institucional. Yo creo que su rasgo es la democracia, los derechos y el ejercicio responsable de las facultades que le otorga a la ciudadanía. Eso es lo que ha impedido que los ataques a la Constitución prosperen, hasta lograr su aniquilamiento. La Constitución es una persona moral que representa unos valores del futuro, hacia los cuales tiene que mirar la sociedad colombiana para superar los problemas y luchar por materializarlos.

(Puede leer: Una Constitución con 200 años de escritura)

Uno de los pilares de la democracia es la separación de poderes, tema que establece nuestra Constitución. ¿Cuán blindada está la separación de poderes en la Constitución y a la luz del día, ve que funciona correctamente?

Ninguna sociedad puede decir que tiene una Constitución allí donde no está garantizada la separación de poderes y no se respeta el derecho a la vida.

No. La Corte Constitucional ha dicho que uno de los elementos que le dan identidad a la Constitución del 91 es el principio de la separación de poderes. Eso implica que se ejercen sus competencias de forma armónica y colaborativa y que los órganos de control cumplan con sus responsabilidades constitucionales.

Entonces la Constitución del 91 se orientó a moderar la presidencia imperial que teníamos antes. Estableció varios órganos de control, limitó el poder presidencial, estableció controles en cabeza de los jueces, suprimió algunas facultades del gobierno y le otorgó responsabilidades a otras ramas y órganos del poder público.

El principal ataque al principio de la separación de poderes lo tuvimos en los ocho años del presidente Uribe, especialmente con la reelección presidencial inmediata, que anuló esa separación de poderes y permitió el copamiento por el presidente de los órganos de control. Ahora bien, desde el propio Estado, cinco o diez años después de que se aprobara ese acto legislativo, el Congreso corrigió el error que había cometido años atrás y prohibió la reelección, estableciendo que esa posibilidad solamente puede ser aprobada por un referéndum de origen popular o por una asamblea constituyente. Además, se prohibió la reelección inmediata del procurador y el contralor del pueblo.

La reelección inmediata debilitó esos poderes y a pesar de que en el 2015 se suprimió esa figura, ahora tenemos otra modalidad de desnaturalización del sistema de separación de poderes y es que hay un copamiento por el Gobierno de los órganos de control, como lo estamos viendo actualmente con la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía y la Registraduría. Una frase de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano dice: “Ninguna sociedad puede decir que tiene una Constitución allí donde no está garantizada la separación de poderes y no se respeta el derecho a la vida”. Aquí tenemos una buena Constitución que ha sido envilecida por las prácticas de los gobernantes.

(Le recomendamos: ‘La salida de la crisis pasa por aplicar la Constitución a plenitud’)

Respecto a la forma de democracia ¿Cree usted que se logró pasar de una democracia representativa a una democracia participativa en estos 30 años?

La paradoja es que el Congreso no quiere soltarle el poder a la democracia participativa

Hay un gran aliento participativo en la sociedad que se encuentra plasmado en la Constitución del 91, pero a la vez, la manera en que se ha reglamentado esos mecanismos para asegurar la democracia participativa, no han sido los mejores porque han estado orientados a estrangular la posibilidad de una participación con carácter vinculante.

Según mis cifras, en estos 30 años se han activado mecanismos de participación ciudadana que han dado lugar a la presencia de más de 40 millones de ciudadanos. Esa es una cifra gigantesca, pero chocan con la circunstancia de que no hay instrumentos que le den un carácter vinculante a las decisiones que toma la ciudadanía, o a los mecanismos que activan las personas que acuden a los distintos instrumentos de participación.

La paradoja es que el Congreso no quiere soltarle el poder a la democracia participativa. Las reglas que han expedido estrangulan esos mecanismos y los hacen inocuos, con lo cual se genera una frustración de la ciudadanía con la democracia y eso es lo que estamos viendo hoy en las calles. Nadie se puede asombrar de la radicalidad de la protesta en las calles porque los mecanismos de participación ciudadana se han convertido en una frustración. Entonces si se quiere reencauzar esa protesta a través de canales pacíficos, lo que deberíamos estar discutiendo ahora es cómo se activan los mecanismos de la participación y qué ajustes deben hacerse para que las personas que están en las calles, protestando a veces de manera violenta o desbordada, sientan que hay una posibilidad de acudir a esos mecanismos porque van a ser escuchados. De tal manera que las cosas hay que ponerlas en su lugar, repensar la reglamentación de los mecanismos de participación para hacerlos eficaces, vinculantes y trasladarle el poder de la democracia representativa a la democracia participativa.

(Además: A Duque le ha faltado autoridad: Álvaro Uribe)

Los manifestantes llevan diferentes mensajes, algunos de ellos en apoyo al proceso de paz.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

En términos de reconocimiento de derechos sociales ¿Cuáles son para usted las principales ganancias?

Hay un derecho vertebral dentro del concepto de Estado social de derecho que es el que se encuentra contenido en el Artículo 13, que establece, además de la igualdad formal de los ciudadanos ante la ley, el principio de la igualdad material. Esto significa que las autoridades tienen que tomar todas las medidas que se estén a su alcance para remover los obstáculos que impidan ese principio de la igualdad material y que, en esencia, supone una garantía de un derecho mínimo vital para todos los habitantes de Colombia.

El mínimo vital obliga a que haya unas políticas del Estado que impidan la indigencia, la pobreza absoluta y la discriminación económica. Entonces acá volvemos nuevamente al tema: ¿Cuáles son sido las políticas públicas? ¿Cómo se construyen los planes de desarrollo a nivel nacional y territorial? ¿Rinden cuentas los gobernantes sobre la ejecución de los recursos destinados al gasto social? Las herramientas para combatir estas situaciones están en la Constitución, nos hemos encontrado con la barrera del déficit de compromiso de los gobiernos con los mandatos de la Constitución. Ese factor no puede desconocerse porque las constituciones no operan en el aire, las constituciones son una realidad viviente que está en manos de los gobernantes, de las autoridades públicas y de la sociedad.

MARÍA ISABEL MORENO MUÑOZ
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

POLÍTICA@PoliticaET

Más noticias
Sigue bajando para encontrar más contenido

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.