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Corte de cuentas a la política de paz del gobierno de Iván Duque
Iván Duque y Emilio Archila

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AFP y Mauricio León.EL TIEMPO

Corte de cuentas a la política de paz del gobierno de Iván Duque

Iván Duque y Emilio Archila

Gobierno presenta los avances en las diferentes áreas de la política de paz con legalidad.

El Gobierno Nacional presentó el informe de gestión de la política de paz con legalidad. El documento abarca el periodo entre agosto de 2018 y agosto de 2021. En él se analizan los avances en materia de la implementación con la que el Gobierno priorizó algunos aspectos del acuerdo de paz.

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, le dijo a EL TIEMPO que para el 2022 la política de paz con legalidad tendría 10,9 billones de pesos provenientes del Presupuesto General de la Nación.

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Sin embargo, señala que hay recursos que se han logrado focalizar que tienen que ver con regalías, con obras por impuestos, lo que hacen las gobernaciones, los municipios y el apoyo presupuestario que se recibirá de la Unión Europea el siguiente año.

El documento desarrolla cada uno de los enfoques que el Gobierno tuvo en cuenta para la gestión e implementación de estrategias. En materia de avances en la política pública de víctimas, de las 9’153.078 personas que hay en el Registro Único de Víctimas, 2’941.123 están ubicadas en los 170 municipios Pdet que han sido priorizados para la intervención.

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El Ejecutivo destaca que, a nivel nacional, en cuanto a reparación individual se han otorgado 318.795 indemnizaciones, lo que equivale a 2,69 billones de pesos. 190.904 víctimas individuales accedieron al Programa de Acompañamiento.

También se han atendido alrededor de 1’126.000 hogares de víctimas de desplazamiento forzado, lo cual equivale a 1,4 billones de pesos. Además, 2’253.265 atenciones humanitarias se entregaron a los hogares de víctimas de desplazamiento.


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En la reparación colectiva, 27 sujetos culminaron su proceso, una estrategia equivalente a 21.080 millones de pesos. Adicionalmente, hubo 394 planes de retorno o reubicación aprobados, lo cual equivale a 4.395 millones de pesos y 7.278 hogares accedieron al componente para el transporte y traslado de enseres en su proceso de retorno.

Para las víctimas en el exterior, el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) ha recibido un total de 132.023 solicitudes para inscripción. 114.650 son solicitudes habilitadas y 93.857 casos han finalizado, de los cuales 32.507 solicitudes han sido resueltas en este lapso.

Durante este gobierno, en 329 municipios se han proferido 2.090 sentencias de restitución de tierras, mediante las cuales se resolvieron 3.474 solicitudes que ampararon un total de 9.510 personas. Y 1.946 familias cuentan con proyectos productivos en 213 municipios.

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En materia de Restitución de Tierras Ruta Étnica, según el Gobierno, de los 660 territorios étnicos, 433 están ubicados en los 170 municipios Pdet “aproximadamente al 66 por ciento de toda la gestión de restitución de derechos territoriales en favor de las comunidades étnicas en Colombia”.

Sobre la reincorporación a la vida civil de los excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc, el Gobierno destaca la construcción del Registro Nacional de Reincorporación. Esto con el objetivo de entender la situación y las expectativas de la población objeto de atención.

Dicho registro ha sido aplicado a 12.400 personas, de las cuales 2.438 tienen hoy registro de ubicación en alguno de los antiguos ETCR y 9.962 fuera de estos espacios.

Adicionalmente, con corte al 31 de agosto de 2021, se ha aprobado un total de 3.201 proyectos productivos entre colectivos e individuales que vinculan a 7.249 personas en proceso de reincorporación . Hubo 68 proyectos de cooperación internacional, implementados en 24 antiguos ETCR, a través de los que se apoya el proceso de reincorporación.


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Y como uno de los asuntos que más preocupan en el Gobierno tiene que ver con la seguridad para las personas en proceso de reincorporación, el Gobierno resalta la presencia e intervención de tropas.

En ese sentido, se mantienen 24 unidades Básicas de Carabineros (763 efectivos) y 48 pelotones del Ejército (1.487 efectivos) y 26 esquemas de protección para colectivos de la UNP.

Sobre los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, según el Gobierno se firmaron 16 Planes Pdet, en los que participaron más de 220.000 asistentes, quienes priorizaron y organizaron 32.808 iniciativas, 1.178 subregionales y 31.630 municipales.

Además, se han aprobado 1.766 proyectos en 159 municipios Pdet de las 16 subregiones con una inversión de $ 345.235 millones.


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Recursos

De este total, asegura el Gobierno Nacional que en 2018 fueron aprobados 218 proyectos por $ 28.511 millones, en 2019 se aprobaron 407 proyectos por $ 63.731 millones.

Mientras tanto, el 2020 cerró el año con 541 aprobaciones por $ 107.860 millones, y en lo corrido del primer semestre del 2021 se han aprobado 600 proyectos con una inversión de $ 145.133 millones.

Hasta la fecha, según el Gobierno, se “ha identificado que la inversión en los municipios Pdet, a través de las fuentes movilizadoras, asciende a 9,32 billones de pesos”. En el 2021 se han aprobado 207 proyectos por $ 2,92 billones.

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En lo que tiene que ver con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, entre agosto de 2018 y agosto de 2021, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis) invirtió 1,06 billones de pesos a través del Fondo Colombia en Paz.

Además, 99.097 familias se vincularon al programa de sustitución de cultivos ilícitos y durante el periodo del informe. Según el Gobierno, se han reducido 18.151 hectáreas de cultivos ilícitos que han sido erradicadas de manera voluntaria y asistida, lo que equivale a 29,059 millones de pesos

Por último, en cuanto a los enfoques transversales se puso en marcha la Alta Instancia de Género de Gobierno, de los 97 compromisos del capítulo étnico 12 se finalizaron y 7 se cumplieron en esta administración.

Acción Integral contra Minas Antipersonal fue integrada dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “herramienta para lograr estabilización en los territorios”.

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