Sandra Liliana Peña Chocué (Caldono), Fermiliano Meneses (Argelia), Yordan Eduardo Guetio (Corinto), Gilberto Findicue Archicue (Inzá), Ramiro Ascue Yule (Toribío), Fernando Lozada Franco (Caloto), Franki Daniel Ortega Samboní (El Tambo). Las cuentas del rosario de asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz en este 2021 pasa y pasa sin cesar en el Cauca.
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“No importa a dónde vayas / mi sangre te seguirá sin pausa”, escribió alguna vez el poeta Horacio Benavides en un verso que habla de la simbiosis entre la violencia perpetua y la belleza geográfica, dos de los rasgos que definen a su departamento de 42 municipios.
Así, por ejemplo, en el norte a Sandra Liliana, de 35 años de edad, gobernadora del resguardo La Laguna, madre de dos niñas de 13 y cinco años, la asesinaron en su propia tierra, en Caldono, donde los lugareños dicen que el clima es “el mismo del paraíso”, templado, cálido.
Recordada como una lideresa de “coraje y pasión por la paz”, confió en que su bastón de mando la protegería y saldría victoriosa de semejante propósito.
Y al sur, en San Sebastián, nacen los ríos Cauca, Patía, Caquetá y Magdalena. Es realismo mágico: el hilo de las aguas del Magdalena tiene allí un ancho de menos de un metro, lo que les permite a los niños jugar a saltar de orilla a orilla mientras otros trepan por las faldas del nudo de Almaguer, un santuario natural y punto de partida de las tres cordilleras.
Esa riqueza hídrica y montañosa que se abre exuberante al resto del país es propicia también para que se den silvestres los cultivos de coca, marihuana y amapola. De las 212.000 hectáreas de coca sembradas en Colombia y que, según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, en inglés), permiten una producción anual de 951 toneladas de cocaína pura, en el Cauca se levantan 17.358, un botín tentador para todos los grupos armados ilegales que se lo pelean sin tregua.
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Un miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) recuerda lo que les dijo Sandra Liliana en la cara a los narcos cuando se les paró en la raya: “Aquí no, no y no”. “La cultura occidental está llevando a que en nuestros territorios optemos por los cultivos de uso ilícito. Nos estamos dejando llenar de la ambición”, le argumentó a su comunidad el pasado 19 de diciembre, cuando la eligieron su mandataria. “Esto no puede ser, hay que decirles ‘basta ya’ ”.
Recordada como una lideresa de “coraje y pasión por la paz”, confió en que su bastón de mando la protegería y saldría victoriosa de semejante propósito.
El martes pasado, sin embargo, tuvo idéntico destino al de 272 líderes que han sido asesinados en el departamento tras la firma del acuerdo de paz: 51 por ciento, indígenas; 26 por ciento, campesinos, y 11 por ciento, afrodescendientes.
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Y el jueves, cuando los nativos estaban reunidos analizando las consecuencias del crimen, hombres armados les dispararon causando la muerte a uno de ellos e hiriendo a 31 más. Pero ¿quién la mató? Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el territorio hacen presencia el Ejército de Liberación Nacional (Eln), el Ejército Popular de Liberación (Epl), grupos disidentes de las Farc, el ‘clan del Golfo’, financiadores de carteles mexicanos y otras agrupaciones ilegales. “Cualquiera de ellos pudo apretar el gatillo”, dice un investigador en la región.
“A cuatro años de firmado el acuerdo de paz y de múltiples voces y liderazgos”, dice la Comisión de la Verdad, “que le apuestan cotidianamente a la implementación, el Cauca vive un periodo de exacerbación de la guerra y deshumanización de la misma”.
Ella estaba comprometida en “el proceso de recuperación de tierras”, como le llaman los nativos al arrancar con sus manos los cultivos ilícitos de sus territorios. “Era su ilusión”, cuenta su hermana Olga Lucía, quien recuerda que este ideario lo heredó de sus padres. Por eso, estos meses de inicio de año fueron un martirio por las constantes amenazas. A pesar de las denuncias, no recibió protección. Cinco hombres la rodearon y la mataron a bala.
¿Y el Estado? ¿Dónde estaba? “La Fuerza Pública cumple el simple papel de notarios del conflicto”, responde apesadumbrado el analista Wálter Aldana. Para él, la esperanza cuando vieron que las columnas de combatientes de las Farc dejaban las armas para reincorporarse a la vida civil se disipó en un abrir y cerrar de ojos. Organizaciones como el Eln; la estructura criminal ‘Dagoberto Ramos’, una de las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc, y, por si fuera poco, narcos, que según los pobladores son mexicanos, llegaron con más prontitud y mayor decisión para copar los espacios que el Gobierno Nacional. “No le quitaron el agua al pez”, reflexiona él.
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“El Cauca es parte de un corredor estratégico de movilidad de armas y droga, que comunica a los departamentos del Cauca, Tolima y Valle”, dice en un análisis la investigadora Fernanda Espinosa Moreno, historiadora y magíster en Estudios Políticos de la Universidad Nacional. Eso explica la presencia de la totalidad de grupos armados ilegales que ha habido en la larga y extenuante guerra en Colombia. Desde el ‘Quintín Lame’, pasando por el M-19, los paramilitares, hasta el ‘Ricardo Franco’. Arribaron aquí con la bandera de la revolución y terminaron contribuyendo a una espiral de violencia que no cesa y que se expande por el país, como sus ríos y sus montañas.
Desde sus cúspides imponentes se baja por trochas a la carretera Panamericana, por un lado, al mar. En una tierra donde se impone la ley de los fusiles en medio del subdesarrollo. De manera urgente “el Estado debe estar con derechos económicos, sociales y culturales en todo el territorio”, dice la ONU.
La Defensoría del Pueblo coincide en un diagnóstico con el Relator y la Alta Comisionada de la ONU: “La tardía llegada de las instituciones civiles y militares del Estado colombiano para copar los espacios que dejaron las desmovilizadas Farc-Ep ha favorecido la incursión de dichas estructuras. El incumplimiento de compromisos firmados en el acuerdo final de paz y de otros establecidos con anterioridad directamente con las comunidades por parte del Gobierno Nacional ha generado cierta resistencia hacia la institucionalidad, debilitando la posibilidad de avanzar en la consolidación de la paz en los territorios”.
¿Puede el Estado sentarse a conversar con auténticas bandas de criminales dedicadas al narcotráfico?
El Cauca tiene un millón y medio de habitantes. Aldana dice que ellos esperaban que el Estado llegara con mayor inversión social, educación e impulso al empleo para quitarles a las personas pobres y desempleadas la desesperada tentación de irse para el monte con los ilegales.
“El departamento tiene serios problemas de pobreza y estancamiento”, dice José R. Gamarra Vergara en un análisis del Banco de la República. “La que fue en otra época una de las economías más fuertes –explica, en la actualidad– no alcanza a representar ni siquiera el 2 por ciento del producto interno nacional”.
Juan Daniel Oviedo Arango, director del Dane, informó hace unos días que Popayán es la quinta ciudad en desempleo a nivel nacional y la cuarta en desempleo juvenil con un 33,9 por ciento. En este escenario el dinero fácil atrae como un imán. Según la Dirección de Antinarcóticos, por un kilo de cocaína en la región se pagan cinco millones de pesos en efectivo.
“El departamento tiene que hacer un esfuerzo por mejorar su competitividad”, dice la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático. “Donde no hay empresa no hay empleo, donde no hay desarrollo agrícola no hay suficiente empleo”, explica. “El departamento tiene que buscar competitividad y crecimiento económico para que haya más oportunidades de empleo y, por lo tanto, se supere la pobreza”, sentencia.
La congresista dice que la violencia del departamento está “íntimamente ligada al problema del narcotráfico, que empieza con los cultivos y que termina con la formación de bandas criminales y estructuras criminales que asesinan para mantener el negocio de la ilegalidad, mantener los cultivos y forzar a los campesinos a ser cómplices de toda la estructura criminal”.
Como respuesta al asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña, la comunidad indígena decidió realizar una Minga hacia adentro.
Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO
Al fenómeno del narcotráfico se le sumó el de la minería ilegal, que avanza mientras marchita el paisaje. El río Sambingo serpentea árido a lo largo de sus 55 kilómetros. En los recodos donde hay agua, está contaminada por el mercurio y el cianuro. “La minería ilegal es una plaga sin control”, dice un informe de la Defensoría sobre este lucrativo fenómeno criminal.
Pero ¿por qué asesinar a lideresas como Sandra Liliana? “Han sido declarados objetivo militar porque se oponen al narcotráfico o a la minería ilegal, o porque plantean alternativas frente a esto”, explica Eduardo Andrés Chilito, docente de Ciencia Política de la Universidad del Cauca.
El Cauca es un paraíso natural de 30.000 kilómetros cuadrados y en el que la miseria abunda. El 58 por ciento de sus pobladores viven en la pobreza, y el 25 por ciento, en pobreza extrema. Más de la mitad de la población, el 54 por ciento según las cifras oficiales, no tiene las condiciones básicas necesarias para vivir. Ambos ítems superan el promedio nacional. “Si hay pobreza y si hay necesidad, ahí estarán los grupos armados, ahí estarán las mafias, la ilegalidad”, dice el senador Feliciano Valencia Medina, del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).
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¿Entonces? La Comisión de la Verdad, por su parte, dice que la salida pasa porque el Estado, de “manera inmediata, implemente efectiva e integralmente los acuerdos de paz y busque un diálogo con los grupos armados que están en los territorios”.
Pero ¿puede el Estado sentarse a conversar con auténticas bandas de criminales dedicadas al narcotráfico? La respuesta queda gravitando en el ambiente y es interrumpido por el eco de las palabras de Olga Lucía al hablar del sentimiento tras el asesinato a sangre fría de su hermana: “Lo que está pasando aquí nos duele en el corazón”.
ARMANDO NEIRA
@armandoneira
Editor de Política de EL TIEMPO@PoliticaET
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