En entrevista para EL TIEMPO, Gustavo Vélez, consejero de derechos humanos y paz de la ONIC, asegura que el episodio entre la comunidad indígena de Consuelo Bajo, en el Carmen de Atrato y el Ejército Nacional, en el que nueve soldados fueron amarrados por un grupo de indígenas, no fue un secuestro.
Vélez advierte que los pronunciamientos de mandatarios "estigmatizan a la Guardia Indígena" y que el Ejército no cumplió con el DIH (Derecho Internacional Humanitario).
El general Juvenal Díaz publicó en su cuenta de Twitter un video en el que dijo que la Fuerza de Tarea Titán planeó una operación militar y que el sargento informó al comandante de batallón que escuchó unos disparos de pistola dentro del cabildo indígena. Cuando los soldados van llegando a la carretera, un grupo de indígenas los detuvo, los desarmó y los amarró. El general afirma que el sargento se identificó como miembro del Ejército Nacional. Sin embargo, ustedes dicen que el Ejército no se identificó…
Los hechos de los que tengo conocimiento es que hubo unos actores militares que fueron vistos por la comunidad. Que estuvieran haciendo una operación militar no nos consta. Que el Ejército dijo que allá de parte del cabildo hubo unos disparos, eso para nosotros es muy delicado porque nos está dando a interpretar que la comunidad indígena fue la que incitó al Ejército de manera bélica.
Las comunidades indígenas dicen que hubo una gente armada que disparó en ese momento, debido a esos hechos, porque no pasaron más de ocho o nueve personas, la gente empezó a salirse de esa comunidad hacia la carretera vía Medellín - Quibdó. Allí preguntaron: “¿ustedes tienen gente del Ejército?”, allá se encontraron con el Ejército y en principio quien dirigía dijo que no, que ellos no tenían conocimiento.
La Guardia Indígena de esa comunidad y de otras cercanas fueron a detener a esos actores militares. Los indígenas dicen que en ningún momento tenían insignia del Ejército Nacional. Además, en una zona de esas, usted que carga arma, yo con un bastón, yo no te puedo llegar a decir: “venga, tranquilo”, porque estamos en una zona de conflicto. Más porque hubo disparos de por medio.
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¿Hubo diálogo previo sobre la presencia del Ejército en esa zona?
En ningún momento hubo diálogo ni acuerdo de que iban en líneas de desminado.
Pero el general Juvenal Díaz cita alertas de Defensoría del Pueblo y dice que ellos acuden al territorio porque los mismos indígenas han pedido ayuda por el confinamiento que viven por los enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo y las minas. Esa es su razón para ir a la zona.
Y eso en parte es cierto. Las comunidades indígenas hace rato están diciéndole al Gobierno que su territorio está minado, que cuándo se va a ingresar a hacer desminados. En principio el desminado humanitario.
De hecho, el sábado pasado la ONIC estaba en una mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y las autoridades indígenas en Quibdó, donde estuvo el señor gobernador, y se acordó que iban a iniciar un desminado militar pero no se concretó en qué resguardo, no se concretó a partir de cuándo, no se concretó en lo absoluto. Quedamos de que eso iba a ser un diálogo. Si esa era la línea, ni la Defensoría del Pueblo sabía, que estuvo de garante en esa mesa. Si allá estaban realizando esas labores no tenemos información alguna que rectifique esa versión.
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¿Por qué amarrar y quitarles las armas a los soldados?
Porque allá en zona, en medio de la selva, es un actor armado, es alguien quien tiene un fusil a su frente y todos sabemos que, si usted tiene un fusil, ocho personas tienen un fusil, usted lo que tiene es salvaguardar su integridad.
Y por eso no es secuestro, porque esas personas no fueron ni agredidas, no fueron ultrajadas, solo se retuvieron, como llaman en el lenguaje de guerra, fueron neutralizados. Se llevaron a un lugar donde no pasaron ni necesidad de agua y por eso se le entrega a una institución mediado por varias instituciones como la Defensoría.
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¿Qué postura asumen desde la ONIC a partir de las afirmaciones del Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, en las que dice que existe una “movilización violenta no armada” y “colectivos organizados, preparados y entrenados para impedir las tareas de la Fuerza Pública” que buscan “evitar la captura de criminales, la erradicación de cultivos ilícitos y la destrucción de laboratorios de procesamiento de droga”?
Como organización nacional rechazamos rotundamente ese tipo de apreciación del doctor Guarín de alto Gobierno, porque ese tipo de apreciaciones estigmatizan a la Guardia Indígena, estigmatiza a los hombres y mujeres que hoy están desplazados y confinados. En ningún momento la Guardia Indígena ha sido utilizada por actores armados con fines de la ilegalidad.
La Guardia Indígena está reconocida constitucionalmente y lo que hacemos es ejercer un control territorial que está legítimamente reconocido. Esa estigmatización pone hoy en riesgo la vida de hombres y mujeres que hacen parte de la Guardia Indígena.
¿Existe alguna posibilidad de diálogo o acuerdo con el Ejército y el Gobierno Nacional para la realización de tareas militares en territorios indígenas?
Este Gobierno en vez de buscar soluciones lo que ha buscado es estigmatizar y ponernos a la Guardia y a las comunidades como amigos de la delincuencia. Frente a ese tipo de apreciaciones nosotros lo que pedimos es que avancemos en una conversa seria entre el Gobierno nacional, las fuerzas armadas, pero que sirvan como garante las instituciones de carácter internacional. Porque nosotros no vamos a negociar con alguien que cada rato nos estigmatiza de guerrilleros o delincuentes o cocaleros.
¿Piensan interponer algún tipo de acción legal después de estos hechos?
Vamos a iniciar las acciones judiciales necesarias frente al doctor Rafael Guarín, que permita retractar ese tipo de apreciación de la que nos ha señalado. Y frente a las fuerzas militares nosotros como movimiento indígena nos vamos a parar en que frente al DIH el Ejército ingresó sin las insignias, sin los reconocimientos necesarios a los que ellos están obligados cuando van a recorrer el territorio nacional.
MARÍA ISABEL MORENO MUÑOZ
ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO
Twitter: @PoliticaET
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