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Incautación de oro ilegal creció más de 6.600 %

Grupos ilegales perdieron 26 millones de dólares en 2014 por decomisos.

JUSTICIA
El año pasado las Farc, las bandas criminales y el Eln dejaron de recibir al menos 26 millones de dólares de ganancias por sus actividades en la minería ilegal de oro.
Ese golpe a sus finanzas, que en pesos colombianos es superior a los 62.000 millones, se logró por un incremento de más del 6.600 por ciento en la cantidad de oro incautado.
Según fuentes del Ministerio de Defensa, en la lucha contra la minería ilegal de oro, los resultados del 2014 fueron superiores con relación a los últimos cuatro años. Mientras el año pasado se incautaron 739 kilos del preciado metal, en el 2013 fueron tan solo 11 kilos; la misma cifra del 2012. En el 2011 fueron 3 kilos y en el 2010 no hubo este tipo de decomisos.
Las incautaciones de oro, según explicó una fuente del Ministerio de Defensa, frustran los planes de los grupos ilegales de lavar el dinero producto de la minería ilegal para comprar tierras, apartamentos y vehículos, y reduce la adquisición de nuevas armas y elementos de guerra. La guerrilla, por ejemplo, por cada kilo de oro en el mercado negro puede recibir 96 fusiles.
Pero la afectación a estos grupos fue mayor. Según el Ministerio de Defensa, también perdieron maquinaria pesada empleada para la explotación de yacimientos mineros a cielo abierto. Las Fuerzas Armadas les quitaron a estas organizaciones, el año pasado, 542 máquinas (237 más que en el 2013), entre buldóceres, dragas y retroexcavadoras, de las cuales 108 fueron destruidas.
Además, 1.757 personas, relacionadas con la minería ilegal, fueron detenidas el año pasado por ese delito, mientras que 655 minas ilegales fueron cerradas.
La mayoría de incautaciones, según la información oficial, se dio en el norte del Chocó, seguido de Cauca y en el sur de Bolívar. Las autoridades también les siguen la pista a los grupos ilegales que intentan sacar el metal dorado a países como Panamá y Estados Unidos. La ruta en medio de la zona selvática, según el ministerio, va por Cáceres (Antioquia) y Ayapel (Córdoba), hasta Caucasia en donde es fundido en lingotes para ser llevado al mercado negro internacional.
A pesar de que las cifras de incautaciones incrementaron sustancialmente, el resultado aún es bajo con relación a la extracción ilegal del metal en el país. De acuerdo con fuentes oficiales, al año, en Colombia se explotan 46 toneladas de oro. De ese total, las bandas, las Farc y el Eln se llevan el 17,3 por ciento, es decir 8 toneladas de oro que comercializan ilegalmente. Esto significa que los 739 kilos confiscados el año pasado corresponden tan solo al 9,2 por ciento del total de oro que estos grupos sacan de minas ilícitas.
El viceministro de Defensa, Jorge Enrique Bedoya, se mostró positivo por el incremento de decomisos de oro ilegal, aunque indicó que aún hay retos por asumir en la materia. “Las operaciones mejoraron y van a seguir mejorando”, le dijo Bedoya a EL TIEMPO.
Por su parte, Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, dijo que “este ha sido el resultado de una batalla difícil por la falta de herramientas legales de la Policía para combatir la minería ilegal”. Pinzón explica que la pelea contra el oro ilegal es mucho más dura en comparación con la del narcotráfico. A diferencia de la cocaína, el oro es un producto lícito de comercializar –a nadie se le puede detener por poseer cierta cantidad de oro–, lo que hace complejo que en una operación se pueda determinar si el metal provino o no de la minería ilegal.
Otra dificultad consiste en que no existe una entidad como el Banco de la República que sea garante del metal decomisado. La norma vigente obliga a que el oro incautado sea entregado a los alcaldes de cada región. Muchas de las máquinas también se les entregan a las administraciones locales y, en algunos casos, se han conocido denuncias de que la maquinaría volvió a los grupos ilegales.
Para mejorar las investigaciones, la cartera de Defensa radicó el año pasado un proyecto de ley para judicializar a los mineros ilegales con otros delitos como el lavado de activos y financiamiento de actividades criminales.
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