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Alza del dólar, entre las causas del repunte de cultivos de coca

Hay entre 80.000 y 100.000 hectáreas. Jugada de Farc y fenómeno del Niño, otras de las razones.

JUSTICIA
En el 2015 se repitió, por segundo año consecutivo, la tendencia al aumento, en grandes proporciones, de los cultivos de coca en el país.
El jueves, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, admitió que el Gobierno ya está notificado de un crecimiento importante en los sembradíos con respecto al 2014, cuando se cerró con 69.000 hectáreas. Esa cifra representó a su vez un incremento de 21.000 hectáreas frente al total de áreas sembradas en el 2013 (48.000). (Lea también: Gobierno ordenó 'liberar' de coca los parques naturales en 2016)
Por su lado, el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, señaló que si bien “no hay un aumento sustancial en el número de cultivadores, el área cultivada ha aumentado porque el Estado colombiano perdió quizá su principal instrumento de contención a los cultivos de coca, que es la fumigación aérea con glifosato”.
La medición del Sistema Integrado para el Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas correspondiente al 2015 solo se conocerá dentro de dos meses. Sin embargo, EL TIEMPO estableció con altas fuentes del Gobierno y la Policía que los cultivos llegaron a una cifra que está entre las 80.000 y las 100.000 hectáreas. El retroceso en ese frente, en todo caso, es fuerte, pues en menos de tres años se duplicó el área cultivada con la hoja.
La decisión del Gobierno de suspender la fumigación con glifosato, que se oficializó en octubre pasado, no es la única explicación de la disparada de la coca.
En esa situación están incidiendo factores como el alza del dólar –que hace más rentable la exportación de cocaína–, la caída del precio del oro (porque la minería ilegal se había convertido en fuente de ingresos de los grupos ilegales que también protegen los narcocultivos) y hasta el fenómeno del Niño, pues las matas de coca son resistentes a la sequía y se han convertido de nuevo en alternativa para miles de campesinos que perdieron sus cultivos legales por la falta de lluvias.
En la expansión, según lo señaló el Ministro de Defensa, también ha jugado una estrategia de la guerrilla para presionar en la mesa de La Habana: “Las Farc han generado falsas expectativas en las regiones con cultivos de coca, anunciando que pueden servir de palanca para nuevos programas sociales o de intervención en materia agrícola, sustitución, mejoramiento de la infraestructura (...). Esa es una política que nosotros, el Gobierno Nacional, rechazamos y que creemos altamente inconveniente, porque lo que hace es frustrar el proceso de erradicación y sustitución, dijo Villegas. (Lea también: Las zonas donde las Farc no se deberían concentrar)
Al respecto, el ministro Pardo Rueda señaló que el éxito del proceso de paz debe incidir también en una reversión de la tendencia de los cultivos, pues “las Farc han sido el principal obstáculo para las políticas tanto de erradicación, de intervención y de sustitución, y ahora deberán cooperar a reducir los cultivos”. El Mindefensa también destacó que, sin la “oposición armada” de la guerrilla a la estrategia antinarcóticos, esta será más eficiente en cada uno de sus componentes en las diferentes regiones del país.
Los frentes de esa guerrilla operan en Nariño, Putumayo, Chocó, Norte de Santander, Meta y Guaviare, que son las zonas donde se registra un mayor incremento en los narcocultivos. También hay más coca en los parques naturales y las zonas étnicas.
Las otras razones
La rentabilidad del negocio del narcotráfico se disparó por el cambio del dólar. Fuentes que conformaron una comisión especial del Gobierno para analizar la realidad de los cultivos sostienen que esos mayores ingresos de los narcos no solo engordaron sus finanzas, sino que les permitieron ampliar la capacidad para incentivar la siembra de matas de coca. “Calculamos que estas redes obtuvieron ganancias de al menos un billón de pesos más en el 2015”, dijo uno de los investigadores.
El ministro Villegas explicó que “el negocio de narcóticos ha mejorado su desempeño, pues hay menores costos de producción y mayores precios de venta tanto de la hoja como de la base. Al mismo tiempo, se ha incrementado el margen económico del negocio por la devaluación del peso frente a monedas como el dólar o el euro”. En todo caso, dice la Policía, ese mayor margen de ganancia no está llegando a los campesinos, pues se queda en los eslabones más poderosos de la cadena ilegal. (Lea también: Farc se comprometen a romper cualquier relación con el narcotráfico)
Según las autoridades, se han detectado métodos de producción nuevos que no son masivos, pero sí hacen que las etapas y la transformación de la hoja de coca en clorhidrato requieran menos tiempo. Esa sería una de las explicaciones por las que hay más cocaína circulando, como se desprende de las incautaciones del alcaloide. Como lo reveló este diario en diciembre, el año pasado la Policía y las Fuerzas Militares, especialmente la Armada, incautaron una cifra récord superior a las 250 toneladas del alcaloide.
Estrategias para frenar la coca
La Policía Antinarcóticos reforzó este año las labores de erradicación manual, que el año pasado se vieron interrumpidas por los constantes bloqueos a los grupos móviles en regiones como Nariño, Chocó y Antioquia. En el 2015 fueron erradicadas 13.445, y este año, en enero, 1.132, 759 más que en el mismo periodo del 2015.
También es clave el rediseño en las políticas de sustitución.
A finales del año pasado, la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial llegó a su fin para darle paso a la dirección de Gestión Territorial, hoy adscrita al Departamento de Prosperidad Social (DPS). Su cabeza es Eduardo Díaz, quien fue designado por el Presidente en septiembre pasado. (Lea también: Alarma por heroína de alta pureza en las calles de Bogotá)
Se trabaja en la arquitectura legal para la nueva institución, lo que requerirá de una ley. Uno de los aspectos claves por definir será el presupuesto, pues la Unidad de Consolidación atendía en promedio cada año a unas 10.000 familias. Según el Simci, en el país hay al menos 64.000 familias dedicadas a los cultivos ilícitos.
En septiembre, cuando el presidente Santos presentó la nueva política de drogas, se calculó que atender a esas familias y desarrollar condiciones de legalidad en sus regiones podía costar hasta 4,8 billones de pesos cada año.
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