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Gobierno

'Guardia indígena no puede invadir órbita de las Fuerzas Militares'

Rafael Guarín, consejero para la Seguridad Nacional.

Rafael Guarín, consejero para la Seguridad Nacional.

Foto:Archivo particular

Rafael Guarín, consejero para la Seguridad, se refirió a la situación que se vive en el Cauca.

Jorge Meléndez
Presencia de cultivos ilícitos, lucha territorial de bandas criminales y dificultad para concertar la erradicación con comunidades indígenas han hecho un caldo de cultivo para que el Cauca viva la compleja situación que ha hecho evidente en los últimos días con dos recientes masacres que han ocurrido en la región.
En diálogo con EL TIEMPO, el consejero para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, pidió a las comunidades trabajar de manera coordinada con el Gobierno, aunque aclaró que el Ejecutivo respeta la autonomía de los resguardos. 
"Se dificulta mucho garantizar la seguridad y la protección de los indígenas si son las mismas comunidades las que se oponen a que las Fuerzas Militares puedan cumplir su mandato", aseguró.
¿Qué está pasando en el Cauca?
El crecimiento de los cultivos de coca venía desde el año 2013 hasta cuando el gobierno del presidente Duque logró comenzar su disminución. Eso fue el resultado de políticas equivocadas que generaron incentivos para el crecimiento de los cultivos de coca, no solamente en Cauca sino en todo el territorio nacional.
Adicionalmente, en el norte del Cauca, el gobierno del presidente Duque recibió mermado el pie de fuerza de las Fuerzas Militares, y doy un dato, en el 2015 la Fuerza de Tarea Apolo, que tenía a su cargo la seguridad en el norte del departamento, tenía más de 5.700 hombres; cuando el gobierno Duque llegó, recibió solo algo más de 2.000 hombres. Esa reducción del pie de fuerza ha dificultado el control militar del área y ha facilitado los corredores de movilidad del narcotráfico y que estos grupos armados organizados delincan, a eso, adicionalmente, se suma la posición de las autoridades indígenas de dificultar o de impedir el acceso a sus territorios de la Fuerzas Militares, la Policía y la propia Fiscalía.

Hay una serie de impedimentos que dificultan el imperio de la ley, y que terminan facilitando las actividades ilegales y la presencia de los grupos armados
organizados

¿O sea que los indígenas están afectando el trabajo de las Fuerzas Militares?
Hay una serie de impedimentos que dificultan el imperio de la ley, y que terminan facilitando las actividades ilegales y la presencia de los grupos armados organizados. Varios ejemplos: el primero, en los resguardos indígenas no se puede hacer erradicación manual de los cultivos ilícitos, a menos que se haga consulta previa, y esa situación ha hecho que surjan y se extiendan los cultivos en zonas de resguardo, no solamente en el norte del Cauca, sino, por ejemplo, en el Pacífico nariñense. Esto favorece al narcotráfico y la expansión de coca y marihuana.
Una segunda situación que se presenta en los resguardos es la resistencia, el rechazo, a que las fuerzas militares cumplan su función constitucional. En los resguardos indígenas, en esos territorios, las guardias indígenas pretenden ejercer un control para el cual no tienen capacidad, porque no lo tienen para enfrentar los grupos armados organizados, y la prueba es la repudiable masacre de esta semana, y que, adicionalmente, por Constitución la facultad para el orden público reside exclusivamente en la Fuerza Pública.
¿Lo que usted me está diciendo es que los resguardos se están convirtiendo en zona de cultivos ilícitos a la que la Fuerza Pública no puede ingresar?
Los pueblos indígenas ante todo son víctimas en esta situación, y al Estado le corresponde protegerlos, que es lo que está haciendo la administración del presidente Iván Duque. Lo que quiero señalar es que existe una convergencia de situaciones que están facilitando que los resguardos indígenas se conviertan en santuarios del narcotráfico, convirtiendo en víctimas primeras a los propios indígenas.
Ahora, el Gobierno tiene claro que las autoridades indígenas no quieren el narcotráfico, no quieren cultivos ilícitos, que las autoridades indígenas tienen la misma preocupación del Gobierno por garantizar la seguridad y la protección de los pueblos indígenas, por eso creemos que tenemos que superar esa diferencias y avanzar hacia un modelo que nos permita coordinar y articular respetando las autonomías indígenas, pero también las competencias del Gobierno y de la fuerza pública.
¿La solución desde su punto de vista es un trabajo coordinado?
Claro, la solución no solamente es desplegar la Fuerza de Despliegue Rápido número 4, con 2.500 hombres, que nos permita recuperar el control del territorio, y en particular el corredor del Naya por donde sale el narcotráfico, sino que también requerimos de un modelo que nos permita trabajar conjuntamente entre las autoridades indígenas, la Fuerza Pública y la Fiscalía para garantizar la protección de los pueblos indígenas.
¿El ejército no puede entrar a un resguardo?
La situación ha sido tan delicada que en algún momento recibimos información de que había secuestrados en resguardos indígenas y la Fuerza Pública no había podido ingresar a liberar a estas personas. Por eso estas regiones no pueden convertirse en santuarios del delito, se necesita un trabajo conjunto entre las autoridades civiles e indígenas, la Fuerza Pública y la guardia indígena.
¿Qué pasa si no hay un acuerdo pronto?
Pues que se volverá mucho más lenta la consecución de resultados efectivos contra los grupos armados organizados. Aquí la clave es trabajar conjuntamente, como estamos seguros también lo reconocen, para poder garantizar la seguridad.
¿Va a ser difícil el control en el Cauca?
Se dificulta mucho garantizar la seguridad y la protección de los indígenas si son las mismas comunidades las que se oponen a que las Fuerzas Militares puedan cumplir su mandato constitucional en esas áreas.

Se dificulta mucho garantizar la seguridad y la protección de los indígenas si son las mismas comunidades las que se oponen a que las Fuerzas Militares puedan cumplir su mandato

¿Ese tema de las guardias indígenas sí funciona?
Mire, las guardias son un mecanismo de participación ciudadana en temas de seguridad muy valioso, estas efectivamente cumplen un papel para garantizar la convivencia y la seguridad en los resguardos indígenas; desde ese punto de vista, el Gobierno las valora.
Sin embargo, constitucionalmente, y así lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte, no pueden invadir órbitas que son propias del manejo del orden público, que están conferidas al Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional. Las guardias indígenas, entonces, deben cumplir un papel en el marco de la competencia constitucional, pero también de sus propias limitaciones materiales, ellas no pueden pretender enfrentar a grupos armados organizados que tienen armamento largo, que tienen entrenamiento militar y que están dispuestos a masacrar al pueblo indígena.
¿Eventualmente han pensado en alguna reforma constitucional?
Yo creo que la Constitución es clara en que no se requiere modificarla. El orden público compete al Presidente de la república, el monopolio de las armadas esta en cabeza de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y ninguna otra organización ciudadana puede invadir esa órbita del orden público.
Hemos hablado que hacen presencia fuerzas ilegales, pero también se habla del cartel de Sinaloa…
Los carteles del narcotráfico en general, y en particular los carteles mexicanos, compran la coca que se produce en territorio colombiano. La presencia que ellos tienen es a través de personas, de enlaces, quienes hacen la negociación ilícita y en algunos casos garantizan la salida y que la cantidad de la droga que han comprado sea la que corresponde a lo pactado.
El propio Consejo Regional Indígena del Cauca, en un comunicado, señaló que las disidencias están camufladas como paramilitares, o como el cartel de Sinaloa, al servicio del narcotráfico. Es decir, los carteles mexicanos no tienen estructuras armadas propias conformadas por mexicanos en territorio colombiano, lo que hay son grupos armados organizados, disidencias de las Farc, estructuras de 'los Pelusos' y el Eln, que realizan esas actividades de control de las áreas de cultivos de coca y de marihuana, y que le venden a los carteles mexicanos.
POLÍTICA
Jorge Meléndez
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