El presidente Juan Manuel Santos objetó este jueves el proyecto de ley que buscaba que las madres comunitarias del ICBF fueran vinculadas como trabajadoras formales del Estado con contratos a término indefinido.
Con la ley que el Congreso aprobó en el pasado periodo ordinario de sesiones se pretendía que las madres comunitarias (cerca de 50.000) tuvieran también derecho a salud, pensión y accedieran a procesos de formación educativa.
Esta es una discusión de varias décadas en la que han intervenido los líderes políticos que defienden esta causa, el Congreso, el Gobierno y los jueces.
Esta práctica comenzó en 1986 en Bogotá, por iniciativa de líderes políticos locales.
La principal razón que argumentó el Gobierno para objetar la ley es que su puesta en marcha implicaría habilitar recursos presupuestales nuevos por unos 769.000 millones de pesos al año.
La Constitución establece que las leyes o actos legislativos que impliquen cargas presupuestales son de iniciativa del Gobierno. O por lo menos, deben contar con su apoyo.
La Corte Constitucional advirtió que las madres comunitarias deben ser protegidas por el Estado.
La decisión del Gobierno de objetar esta ley reabre el debate sobre el nivel de protección estatal que deben tener estas cerca de 500.000 mujeres en todo el país.
