'En plan de seguridad, el arma de los ciudadanos es el celular'

Desde que el presidente Iván Duque presentó la política de seguridad del Gobierno se armó un nuevo debate en el país. La polémica comenzó porque algunas personas interpretaron que se iban a crear redes de cooperación ciudadana. Sin embargo, Rafael Guarín, alto consejero presidencial para la Seguridad, dijo a EL TIEMPO que el presidente Duque plantea es fortalecer la comunicación entre las instituciones del Estado y la ciudadanía.

De igual forma Guarín explicó la importancia de esta política, que contempla la protección de los recursos naturales como una prioridad para el Estado y, además, la diplomacia persuasiva para evitar que otros países violen la soberanía nacional.

Según el consejero, el arma de los ciudadanos será el celular. 

¿En qué consiste esta nueva política de seguridad y defensa, que la veo con elementos novedosos, con mucha tecnología, metiendo los recursos naturales?

Esta política fue elaborada después de más de 30 consejos de seguridad en cabeza del Presidente de la República a lo largo y ancho de Colombia, de conversaciones con alcaldes, gobernadores, comunidades, de escuchar a los ciudadanos en los talleres Construyendo País, pero también de revisar los nuevos contextos de seguridad y amenazas para Colombia, tanto en el plano interno como en el plano internacional. También escuchamos a la academia. Fue un ejercicio muy interesante que nos permitió decirle a Colombia que el país cuenta con una política de defensa y seguridad moderna, integral, elaborada con un enfoque multidimensional, que sobrepasa el concepto tradicional que reduce la seguridad a la presencia de la Fuerza Pública o al despliegue de tropas en el territorio nacional.

Nosotros creemos que el esfuerzo que tiene Colombia para enfrentar las amenazas requiere el compromiso de la Fuerza Pública, pero también un liderazgo del Presidente de la República, un liderazgo civil y, por supuesto, un trabajo de respaldo de comunicación permanente con la ciudadanía.

Viendo esta política y comparándola con las de otros tiempos, en esta se dedica mucha atención a incorporar la tecnología a la seguridad. ¿Cómo así que el Gobierno podría estar, de alguna manera, privilegiando la creación de una gran plataforma tecnológica para que los ciudadanos se vuelvan parte de la seguridad?

Los desafíos que tenemos en las ciudades en materia de seguridad requieren un enfoque de innovación permanente. Nosotros hoy tenemos tecnologías de la información que no se poseían hace 10, 15, 20 años. Hoy tenemos la posibilidad de comunicarnos en tiempo real en cualquier momento. Sin embargo, esa tecnología no se está utilizando plenamente como un recurso de seguridad. Hoy todos los ciudadanos tienen un teléfono, esa es la principal arma que tiene un ciudadano.

Por eso el presidente Iván Duque lo que está planteando es la creación de una red de participación cívica. ¿Qué es eso?, es una red de ciudadanos, es la comunicación con los ciudadanos para fortalecer la seguridad, para tener entornos seguros, para proteger los entornos de las escuelas, para proteger los parques, para garantizar la seguridad en las carreteras.

El arma es el celular, el recurso fundamental es la tecnología, una red que permita a los ciudadanos comunicarse con las autoridades. Por ejemplo, ser un recurso clave en una situación de emergencia, de desastres naturales, o que también permita alertar a los ciudadanos de un entorno específico y a la Policía frente a una situación que se considera sospechosa o anormal. Así podemos tener una reacción rápida que garantice con mayor eficiencia la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos.

También es una red pensada, como aparece en el documento, para que nos sirva al Gobierno con el propósito de que los ciudadanos fiscalicen la conducta de nuestros policías y de nuestros soldados.

Usted dice que el celular va a ser el arma de los ciudadanos. No estamos hablando en esa nueva política de defensa y seguridad de armar campesinos, de formar cooperativas, ni los vamos a inscribir, ni les vamos a pagar. Simplemente el ciudadano podrá desde su celular hacer denuncias.

Lo que señala la política es que debemos avanzar hacia un desarme de la sociedad de la sociedad colombiana.

¿Eso plantea la política?

Por supuesto, eso lo dice expresamente la política. Tenemos que avanzar hacia un desarme por una razón, y es que el principio constitucional es que el monopolio de las armas está en cabeza del Estado y por lo tanto, solo en situaciones excepcionales un particular puede tener acceso a las armas.

Hoy es más importante un celular que una pistola para la seguridad ciudadana.
Ahora, no nos equivoquemos en esto. La política también apuesta a fortalecer y mantener la capacidad de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, en eso no hay ninguna duda. Y vamos a tener una Fuerza Pública moderna, por eso se propone en la política iniciar un plan de 10 años para tener un Ejército 100 por ciento profesional, para mejorar las capacidades de las fuerzas militares, pero en materia de seguridad ciudadana, en lo que tiene que ver con los retos de seguridad interna, la red de cívica, la cooperación de los ciudadanos con información que pueden dar en cualquier momento es vital.

Y hago esta aclaración, también, en el documento de política, en ninguna parte, aparece que se vaya a pedir a los ciudadanos que realicen actividades de inteligencia, eso no está. Entre otras cosas porque en Colombia la ley establece que exclusivamente esas actividades la pueden realizar los organismos que la misma ley señala.

Tampoco aparece en el plan que se vaya a entregar dinero a quienes hagan parte de esta red de informantes, no. El fundamento de la red de participación cívica es que los colombianos ejerzan plenamente su ciudadanía, esto es su derecho, pero también su deber, y particularmente la solidaridad que debemos tener entre todos los colombianos.

¿Cómo va a operar esta gran plataforma tecnológica que permitirá la conexión de todos los ciudadanos colombianos?

Hoy subsisten las listas de teléfonos que reportan a un CAI, a una estación de policía, es el mecanismo tradicional que lleva ya varios años. Tenemos grupos de chats con los cuales los vecinos se comunican.

El gran desafío es tener todos estos recursos en una plataforma, en una aplicación que todos los ciudadanos puedan bajar y que pueda servir para informar y para recibir información, es un salto que nosotros pensamos dar, que va a fortalecer las listas de teléfonos y que va a potencializar la tecnología al servicio de la seguridad.

¿Quién protege a un campesino que hace una denuncia en una zona rural donde hay poca presencia del Estado en caso de que entre en marcha esa plataforma?

No hay que ser ingenuos, no es lo mismo estar en Bogotá, en Medellín o en Bucaramanga que por ejemplo en una vereda lejana. Esta es una herramienta que tiene una aplicación muy importante en desafíos de seguridad ciudadana. Nosotros lo que tenemos que garantizar es que en esas zonas rurales, en particular las fuerzas militares, identifiquen y desarticulen los grupos armados que representan una amenaza para los ciudadanos.

También se habla de la diplomacia para la seguridad. Esto tampoco lo habíamos oído mencionar mucho en Colombia. ¿Qué plantea el plan de seguridad en esta materia?

El documento plantea la llamada diplomacia para la defensa. Esta es una iniciativa en el marco de la política exterior colombiana que tiene un enfoque de disuasión frente a las amenazas externas. Frente a eventuales agresiones a Colombia el enfoque el Gobierno es disuadir, esto es llevar a la conclusión al posible agresor que no debe atacar a Colombia porque los costos para él serían mucho más altos que los beneficios.

Por primera vez una política en defensa y seguridad del país le da gran importancia a la protección de los recursos naturales. ¿Por qué el Gobierno decidió meter ese componente en esa política?

Los colombianos no hemos tenido nunca consciencia de la enorme riqueza y enorme poder nacional que significan el agua, la biodiversidad y el medioambiente.
Colombia es potencia mundial en agua dulce, Colombia es potencia mundial en biodiversidad, tal vez la segunda después de Brasil. Colombia es potencia mundial, porque además comparte la Amazonía. Sin embargo, durante los últimos 10 años, se deforestaron cerca de 2 millones de hectáreas. Es absolutamente dramático.

Hay otro elemento, el agua, la biodiversidad y el medioambiente son recursos escasos hoy en el mundo. Todos coinciden en la posibilidad de conflictos internacionales por el control de dichos recursos. Ser Colombia potencia en esos recursos significa también ser, eventualmente, objeto de codicia de países que no los tengan.
Nosotros tenemos que estar preparados para defender esos recursos de la depredación interna, pero también de la ambición externa.

Otro aspecto de la política de seguridad está volcarse a las regiones donde tradicionalmente los últimos 40 años el narcotráfico ha impactado al país, ¿cuál es la estrategia para volcar el Estado a esas regiones? Hablan ustedes de pasar de la militarización a la institucionalidad. ¿Qué hacemos para que eso no se quede en una retórica?

Nosotros en el gobierno del presidente Duque partimos de la base que los desafíos de seguridad no son simplemente de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. En particular en aquellas regiones del país más afectadas por la criminalidad usted encuentra que hay un vacío de institucionalidad o una precaria institucionalidad.

Eso lo han dicho líderes hace 20, 30 años…

El gran desafío de seguridad es pasar de un control militar y policial a un control institucional. Eso significa que tenemos que llegar con las instituciones y construir Estado de derecho y dar legitimidad a los territorios.

Nosotros tenemos hoy unos planes de desarrollo con enfoque territorial en 170 municipios agrupados en 16 zonas, eso se viene trabajando en el gobierno anterior en el marco del llamado acuerdo de La Habana, sin embargo eso no es suficiente, nosotros necesitamos priorizar y acelerar, porque estos planes están proyectados a 10 y 15 años. Hay regiones como Tumaco, como el Catatumbo, como el bajo Cauca, como Chocó, donde no tenemos 10 o 15 años, nosotros necesitamos respuestas rápidas.

También llama la atención en esta política pública se seguridad anuncios muy puntuales como que el país no va a volver a ver ceses bilaterales pactados con grupos ilegales.

No se puede homologar, no se puede igualar a las fuerzas militares y a la policía nacional con las bandas del narcoterrorismo. No es lo mismo un asesino, un criminal de lesa humanidad y un narcotraficante que nuestra fuerza pública.

Ceses bilaterales no van a existir. Las condiciones son claras, que cesen sus actividades delictivas y liberen a los secuestrados, que se concentren en unos puntos y tendrán las garantías jurídicas para que se sometan a la justicia.

Tratándose de la política de defensa y seguridad del país que puede ser novedosa, discutida, controvertida, pero que tiene elementos sólidos y novedosos, ¿qué va a hacer el Gobierno o la sociedad con esta proliferación de actores ilegales?

Movilizarnos como país. Esos actores criminales son una amenaza para toda Colombia. No para las fuerzas militares ni la Policía Nacional, no para el Gobierno, para todos los derechos de los colombianos, aquí la línea es clara: liderazgo firme, civil del Presidente de la República en seguridad y como comandante en jefe de las fuerzas armadas, compromiso total de las fuerzas militares y de la Policía Nacional para perseguir con contundencia a estos grupos criminales y para proteger a los colombianos, y participación activa de la ciudadanía a partir de distintos canales de comunicación basados en la solidaridad que nos debe unir como colombianos para enfrentar estas amenazas.

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