Pese a que las últimas horas no han sido del todo afortunadas para el gobierno del presidente Iván Duque y su intención de hacer ajustes a la justicia para la paz, su equipo ya está preparando algunas estrategias para hacer frente a las preocupaciones en torno a este modelo de juzgamiento.
Este miércoles, la Corte Constitucional avaló la decisión del Congreso de hundir las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con lo que el mandatario tendrá que sancionar el proyecto para que entre en vigencia.
Sobre esto, Duque ha sido claro en que acata las decisiones de la justicia, lo que significa que firmará la iniciativa, pero su equipo también está explorando otros caminos que le permitan al Ejecutivo hacer las modificaciones necesarias en la justicia transicional y que respondan a las preocupaciones del jefe del Estado.
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Para varios sectores, la principal inquietud está en la extradición a los terceros que se acojan a la JEP, los cuales, según un artículo de la ley estatutaria que deberá ser sancionada por Duque, se librarán de la extradición si aportan verdad al sistema.
Esto, como lo han advertido varias voces, sería la puerta para que los narcotraficantes eludan la extradición y gocen de una serie de beneficios que no fueron diseñados para ellos sino para los excombatientes de las Farc.
En ese sentido hay dos caminos que está explorando el Gobierno. El primero, es apoyar la ley interpretativa que propuso el senador liberal Luis Fernando Velasco y que tiene el respaldo de algunos sectores en el Capitolio.
Esta norma, según lo reveló EL TIEMPO, busca especificar, de manera puntual, a quiénes beneficiaría ese artículo sobre la extradición a terceros.
“Lo que vamos a hacer es llevar un proyecto de ley de dos artículos en el que claramente interpretamos el tema de las facultades de la JEP frente a la extradición y dejamos claro que cuando esa jurisdicción privilegie la verdad por encima de la extradición, esa verdad tiene que ser de personas que hayan sido vinculadas a la JEP y de esa manera se deja por fuera, con absoluta claridad, el caso del narco que quiera colarse”, le dijo el congresista liberal a este diario en su momento.
Este jueves, en diálogo con W Radio, el alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, comenzó a hablar de ese proyecto como uno de los caminos para ajustar el tema de la extradición a terceros en el acuerdo de paz.
“Vamos a seguir adelante con la ley interpretativa para cerrarles el paso a algunos colados”, afirmó Ceballos, quien agregó que hoy día existen “condiciones” para tomar ese camino y otros “para recuperar la institucionalidad”.
El segundo camino que tiene el Gobierno es la presentación de proyectos de ley y de reforma constitucional que protejan la extradición, un mecanismo de cooperación que ha sido vital en la relación entre Colombia y Estados Unidos.
Sobre estas reformas, existe la posibilidad de presentar un proyecto de ley que modifique la ley estatutaria de la justicia para la paz, la misma que tendrá que sancionar Duque tras la decisión de la Corte Constitucional.
En esa iniciativa, podía modificarse el artículo que habla sobre la extradición a los terceros y llenar ese vacío que para muchos quedó.
Vamos a seguir adelante con la ley interpretativa para cerrarles el paso a algunos colados
O también está la posibilidad de proponer una reforma al acto legislativo que incorporó a la Constitución la creación de la justicia para la paz y aclarar, sin dejar espacio para las dudas, el tema de la extradición a los terceros.
Aunque el Gobierno no ha anunciado públicamente todavía qué tipo de reformas específicas se está planteando, lo cierto es que Ceballos aseguró que la presentación de estas iniciativas es una vía que se está contemplando.
Sin embargo, este camino tiene un escollo y es el escaso apoyo de los partidos políticos al Ejecutivo en el Congreso, el cual sería el escenario natural en el que se tendrían que tramitar estas reformas.
Casi todas las salidas del Ejecutivo en el Capitolio han sido desafortunadas y pocos apuestan porque varios sectores que antes apoyaron el acuerdo alcanzado con las Farc y aprobaron estas normas estén dispuestos a reformarlas. Al menos en medio del esquema que ha decidido Duque de cero participación institucional de los partidos políticos en el Gobierno.
No obstante, esto no parece ser una razón para que el Gobierno se detenga. “Nadie ha demostrado, y el Congreso no se tomó el trabajo de hacerlo, que las objeciones (presidenciales a la ley estatutaria de la JEP) no eran conducentes. Esas objeciones son tan relevantes que hay que mirar lo que está sucediendo con el caso (de Jesús) Santrich”, afirmó Ceballos.
Se espera que en los próximos días el presidente Duque sancione la ley estatutaria de la justicia para la paz y anuncie qué camino tomará para lograr los ajustes al acuerdo de paz, una razón por la que varios colombianos lo eligieron como jefe de Estado.
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