El país ya se está preparando para las elecciones legislativas y presidenciales que se llevarán a cabo en marzo y mayo del próximo año, respectivamente.
Teniendo en cuenta que Colombia está a punto de iniciar un nuevo ciclo electoral, es necesario recordar qué es considerado como una campaña ilegal, de acuerdo con la Ley 1864 de 2017.
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Uno de los delitos que pueden cometer los candidatos o gerentes de campaña es el de financiamiento irregular de campañas, es decir, cuando se recurre a mecanismos ilegales para conseguir recursos. Un ejemplo ilustrativo de este delito son los llamados cupos indicativos o partidas de inversión social regional.
"El gerente de la campaña electoral que permita en ella la consecución de bienes provenientes de fuentes prohibidas por la ley para financiar :campañas electorales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa de cuatrocientos (400) a mil doscientos (1200) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funcione públicas por el mismo tiempo", indica el artículo 396A Ley 1864 de 2017 .
De igual manera, se puede presentar una violación en los topes o límites en los gastos de campañas.
"El que administre los recursos de la campaña electoral que exceda los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, multa correspondiente al mismo valor de lo excedido e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo", establece la ley.
De hecho, para evitarlo la Resolución 3097 de 2013 del Consejo Nacional Electoral (CNE) obliga a las campañas a llevar un registro en tiempo real de los ingresos y gastos de las campañas políticas en el aplicativo Cuentas Claras.
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La Ley 1864 de 2017 establece también los siguiente delitos electorales:
- Perturbación del certamen democrático.
- Constreñimiento al sufragante.
- Fraude al sufragante
- Fraude en inscripción de cédulas.
- Elección ilícita de candidatos.
- Corrupción de sufragante.
- Tráfico de votos.
- Voto fraudulento.
- Favorecimiento de voto fraudulento.
-
Mora en la entrega de documentos relacionados con una
votación. - Alteración de resultados electorales.
- Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula.
- Denegación de inscripción.
- Omisión de información del aportante.
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