¿Qué pasaría si el Presidente objeta la ley estatutaria de la JEP?

¿Qué pasaría si el Presidente objeta la ley estatutaria de la JEP?

La Constitución, la ley y la Corte Constitucional han fijado la ruta para esto.

Expediente de la JEP

Este es el expediente completo de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Foto:

Archivo particular

Por: Política
19 de febrero 2019 , 11:40 a.m.

La polémica por la sanción presidencial a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sigue viva y ahora la controversia se ha fijado en el impacto que habría si el presidente Iván Duque toma la decisión de objetar o presentarle reparos al proyecto, el cual se encuentra hace más de una semana en la Casa de Nariño.

Por tratarse de una norma estatutaria, la ley indica que este proyecto de ley debía ser revisado por la Corte Constitucional antes de ser sancionado por el jefe de Estado, lo que concluyó en agosto del año pasado.

Luego de algunos meses en los cuales se recogieron todas las posiciones manifestadas por los magistrados del alto tribunal, el proyecto, con estos ajustes, se envió al Congreso, el cual lo remitió a la Presidencia de la República para que fuera sancionado por el jefe de Estado.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció la posición del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el sentido de solicitarle al presidente Duque que objete el proyecto de ley estatutaria de la JEP.

La posición del Fiscal obedece a que, a su juicio, hay elementos en el texto que salió de la Corte Constitucional que “afectarían los fines de la justicia y la satisfacción de los derechos de las víctimas”.

“Hay cuatro aspectos que fueron debatidos en el Congreso plenamente. El Congreso arbitró todos los puntos de vista. En el seno del parlamento se llegó a un consenso sobre esos puntos, pero lamentablemente el texto que ha llegado a consideración del Presidente modifica sustancialmente ese consenso”, afirmó Martínez.

Varias de estas posiciones fueron recogidas por el expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático y crítico de varios aspectos de este modelo de justicia, en siete trinos que publicó en la noche del lunes y en otro que se conoció este martes en la mañana.

“Bueno que objeten la JEP, mejor eliminarla”, fue uno de los trinos del exmandatario. Y en la mañana de este martes escribió: “De mantenerse la JEP insistiremos: 1. Extradición por vía simple por delitos posteriores al 16-dic-2016; 2. Sanciones ordinarias por delitos contra niños; 3. No elegibilidad ni sanción alternativa a delitos atroces; 4. Alivio para FFAA 5. Otros”.

Según las normas vigentes, el Presidente puede objetar un proyecto de ley por dos tipos de razones: de inconstitucionalidad y de inconveniencia.

En el primer caso es poco probable tomando en cuenta que la norma ya pasó su examen en la Corte Constitucional, el alto tribunal que protege la integridad y el cumplimiento de la Carta Política.

Quedarían, en consecuencia, las razones de inconveniencia, las cuales, hasta el momento, se desconocen pues no existe un pronunciamiento oficial de la Casa de Nariño respecto de este proyecto de ley.

En caso de que el Presidente decida tomar este camino, el Congreso deberá designar una subcomisión que estudie las razones que presentó el mandatario y proponer unas recomendaciones a las plenarias de Senado y Cámara en el sentido de si las objeciones presidenciales se deben acoger o no.

Las normas vigentes también indican que estas objeciones por inconveniencia, las cuales pueden ser presentadas al Congreso antes del próximo 11 de marzo, pueden cobijar todo el proyecto de ley o algunos apartes de este.

Si Senado y Cámara resuelven no acoger las objeciones, el proyecto de ley estatutaria de la JEP debe ir a sanción presidencial y Duque deberá firmarlo. En caso de que no lo haga le corresponderá al presidente del Senado, Ernesto Macías.

Y si el Congreso decide acoger los reparos que haya hecho el Presidente, los apartes que hayan sido objetados deben ser retirados de la iniciativa, la cual debe regresar a la Casa de Nariño para que se proceda a su sanción y entrada en vigencia.

Así las cosas, el balón sigue en terreno del Presidente, quien deberá decidir en las próximas semanas si envía al Congreso objeciones por inconveniencia o no, las cuales, en caso de llegar al Capitolio, serían el plato fuerte del Legislativo en los meses por venir.

POLÍTICA
En Twitter: @PoliticaET

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