¿Qué hacer con una Constitución descuartizada?

¿Qué hacer con una Constitución descuartizada?

Ricaurte Losada, senador e investigador de la Universidad La Gran Colombia, hace un análisis.

Antonio Navarro, Álvaro Gómez y Horacio Serpa

Antonio Navarro, Álvaro Gómez y Horacio Serpa firman la Carta del 91.

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Archivo EL TIEMPO

Por: Plinio Apuleyo Mendoza
16 de noviembre 2018 , 08:41 p.m.

Me llamo Ricaurte porque mi padre pensó que los próceres no podían olvidarse. Y me puso de nombre un famoso apellido”. Senador por el Partido Liberal y al mismo tiempo estudioso investigador de la Universidad La Gran Colombia, Ricaurte Losada es autor de tres libros consagrados a un detallado estudio sobre la Constitución del 91. ¿Errores, aciertos y desaciertos? Tal es el tema, que lo obsesiona como político y profesor.

Nacido en San Vicente del Caguán, Caquetá, debía movilizarse a caballo durante doce horas para llegar a su vereda Riecito. Se salvó de ser solo un vaquero cuando, gracias a su tío, Ricaurte viajó a Bogotá para continuar sus estudios de primaria y bachillerato como camino previo para ingresar a la universidad.

Cuatro especializaciones en Derecho Público, en Relaciones Internacionales, y, finalmente, en Pedagogía y Docencia Universitaria consolidarían los temas principales de su afán investigativo. La política, lejos de apartarlo de su ámbito, le permitió profundizar su estudio de nuestra realidad. Consejero intendencial del Caquetá, luego diputado, fue elegido tres veces concejal de Bogotá, hasta llegar al Senado, sin perder su vocación de investigador. El último de sus tres libros, La Constitución descuartizada, les dedica quinientas páginas a los llamados errores del 91.

¿Por qué se le ocurrió escribir este libro?

Fue a raíz de un debate que le hice a la Constitución en el Senado. No olvidé las cosas buenas que tiene, pero resalté especialmente sus errores. Pienso que fue una oportunidad histórica perdida debido, sin duda, a que se congregaron muy distintos sectores a expedirla, pero allí no hubo planeación alguna. En cambio, en la Constitución de 1886 se acordaron unas bases y sobre esos parámetros se construyó.

¿Cuáles fueron las razones que originaron la Constitución del 91?

Esencialmente, que había necesidad de hacer unas reformas. Ellas, por cierto, no se pudieron realizar. El presidente López, por ejemplo, lo intentó en 1974 con lo que se llamó el pequeño Congresito. Allí se buscaba reformar dos aspectos específicos: primero, el de la administración de justicia y segundo, el de la administración departamental y municipal. Pero la Corte Suprema de Justicia, que entonces ejercía un supremo control constitucional, no le dio paso porque consideró –y lo hizo bien en ese momento– que de acuerdo con el artículo 218 de la Constitución de 1886 solo el Congreso podría reformarla. Hubo entonces varios intentos frustrados. También el del presidente Turbay en 1979. Además, siempre ha existido una política un tanto deslegitimada y eso hizo que el proceso empezara para reformar la Constitución en los mismos dos aspectos en que López lo había propuesto. Pero terminó expidiéndose una nueva.

¿Cómo se consiguió entonces que distintos grupos políticos estuvieran de acuerdo en la nueva Constitución?

Por el movimiento de la Séptima Papeleta. No fue escrutado, pero logró que la Corte Suprema de Justicia determinara que por razones de clamor popular debía realizarse la asamblea constituyente. Es decir, pasó por alto la prohibición que existía.

Usted afirma que la Constitución en vez de fortalecer la justicia la debilitó. ¿Cuáles son sus razones?

Esencialmente porque creó muchos organismos de justicia: por ejemplo, la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo etc. De esta manera politizó la justicia al darle muchas funciones electorales. La dejó sin juez real. La Comisión de Acusación de la Cámara es un organismo político que se intentó reformar con el acto legislativo del presidente Santos, proyecto que fue rechazado por la Corte Constitucional.

¿Qué opina usted de la Vicepresidencia?

A lo largo de la historia, la Vicepresidencia ha generado en Colombia muchos inconvenientes: los que hubo entre Bolívar y Santander, entre Samper y De la Calle, y otros más. Con esto no quiero retroceder a las instituciones conservadoras de 1886, pero la institución de la Designatura funcionaba bien y no le acarreaba gastos al erario. El vicepresidente no tiene más funciones que las que le designe el Presidente de la República, de modo que ese podría ser un examen, entre los muchos que debe realizar este país.

¿Cuáles son las fallas en relación con la unidad territorial del país?

El problema territorial no lo ha definido bien este país en toda su historia. Por ejemplo, cuando vino la independencia, nos dimos una forma de Estado federal, cuando necesitábamos un Estado unitario para hacerle frente a la reacción española. Posteriormente creamos la Gran Colombia. En ese momento debimos haber tenido un Estado federal descentralizado, pero establecimos un Estado unitario que acabó con la Gran Colombia. Así pasamos de un exagerado federalismo a un exagerado centralismo y en el 91 no resolvimos bien ese problema. Uribe nos dijo que el problema territorial hemos debido resolverlo en 1863 sin exagerar ninguna de las dos tendencias. Está pendiente que reconozcamos a las regiones como entidades territoriales. Se dejó que este tema lo resolviera el Congreso, y este no lo ha resuelto bien.

¿Qué aspectos positivos encuentra en esta Constitución?

Muchos. Por ejemplo: la Constitución consagró el Estado social y en su desarrollo creó instituciones tan importantes como la tutela o como la acción de cumplimiento, las acciones de grupo, las acciones populares. Es decir, la carta de derechos es muy importante y consagró mecanismos eficaces para su protección. Lo malo de eso es que habla de la defensa de los derechos y no también de la obligación de cumplir los deberes. Es la Constitución más ambientalista de América Latina. Yo diría que en la Constitución hay luces y sombras, pero que son más las sombras que las luces.

Usted ve el pluripartidismo como una buena conquista, pero se exageró la flexibilización de los requisitos hasta el punto de desembocar en la aparición, en un momento dado, de 72 partidos. ¿Cuál es su opinión?

En tal sentido dimos un gran paso porque la Constitución de 1886 ni siquiera mencionaba los partidos. Esta, en cambio, se ocupa de darles una completa organización electoral. Lo preocupante es que muchos funcionaban mejor antes, porque ahora están muy reglamentados. Por ejemplo, es tan grande la flexibilización de los requisitos que solo bastaban cincuenta mil firmas para darles vida legal, de ahí que llegamos a más de 70 partidos y movimientos. Esto se ha venido corrigiendo gracias a tres reformas políticas, pero quedan varios aspectos por resolver. Hoy se están tramitando temas como el de la lista cerrada, a fin de que se haga campaña por los partidos, para combatir la corrupción y los personalismos.

¿Los partidos deben financiar sus campañas y no cada candidato la suya?

No, no deben ser los partidos sino el Estado, pero con cantidades mínimas de dinero y no con grandes sumas como se acostumbra ahora. Para hacer política de verdad son las ideas las que vuelven a tener valor. Entre muchas otras cosas, se debe suprimir o modificar la circunscripción nacional para el Senado, que ha dejado sin representación cada cuatro años un promedio de trece a dieciséis departamentos.

¿Por qué considera usted que hay que reducir el número de elecciones? ¿Cómo podría ser esto?

La democracia hay que ejercerla, pero no tan seguido como para que sature. Podrían unirse las elecciones de presidente y Congreso, porque estamos en un régimen presidencial donde el Congreso depende mucho del Ejecutivo. Incluso en algunos aspectos, el Congreso se asemeja a una notaría donde el Ejecutivo va a refrendar sus decisiones. De las elecciones generales deben dejarse dos: estas (las de Congreso y presidente) y las de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles para que la elección presidencial no influya en las decisiones departamentales y municipales. Pero, además, debe considerarse la posibilidad de que las consultas populares y la posible convocatoria a una asamblea constituyente, e incluso un referendo, se puedan realizar con alguna de estas elecciones. No solo por los costos económicos, sino por los costos institucionales.

¿Cómo considera usted la reelección presidencial?

Soy absolutamente contrario a la reelección presidencial. Hizo bien la Constitución del 91 en prohibirla. A la primera reelección le dio paso la Corte Constitucional. Para la segunda, la Corte declaró inconstitucional la ley a través de la cual se pretendía hacer el referendo. En el 2015, con el acto legislativo que se llamó de equilibrio de poderes, volvió a prohibirse de manera absoluta la reelección. Solamente se permitiría si fuera a través de referendo o de una asamblea constituyente.

¿Y un periodo presidencial más largo?

Podría ser de 5 años, no con planes de gobierno, sino con planes de Estado. Solo haciéndole los ajustes indispensables de acuerdo con su programa, pero manteniendo la política trazada con anterioridad.

¿Qué opina de la JEP?

Era indispensable la justicia transicional, porque sin ella no hubiera habido acuerdo. Se necesitaba una justicia restaurativa. Los guerrilleros no se iban a entregar para que los llevaran a la cárcel. Pero lo que sí no resultaba indispensable era la Jurisdicción Especial porque tenemos un aparato judicial muy grande. Hay 117 magistrados de alta Corte, una exageración. Ojalá que se revise. También me parece indispensable que entre el Gobierno y la guerrilla haya habido un acuerdo constituyente, y dentro de ese acuerdo está la Jurisdicción Especial para la Paz. Muchos aspectos de ese acuerdo constituyente fueron refrendados por el Congreso, por eso, cuando se iniciaron las conversaciones de Santos con la guerrilla, lo que debió hacerse fue una asamblea constituyente para que hubiera tenido legitimidad.

¿Qué puntos deben ser modificados?

Debieran ser modificadas algunas cosas. El asunto es que para ser modificadas tendrían que ser consensuadas con quienes se hizo el acuerdo. Allí se cometieron unos errores. Por ejemplo, la Constitución prohíbe lo prohibido. Se expidió un acto legislativo declarando que no puede haber paramilitares, y esa fue una exigencia de la guerrilla que no ha debido llevarse al texto constitucional porque es de la esencia del Estado ejercer el monopolio del poder coactivo. De la misma manera, a raíz de los acuerdos, se violan principios y valores como el de la justicia, el de la igualdad, el principio democrático. Al partido de las Farc no se le exigió requisito alguno, cuando ha debido exigírseles algo para obtener su personería jurídica. Esas fueron exageraciones que se cometieron seguramente para hacer posible los acuerdos, pero ya revisarlas es muy difícil. Lo que hay que hacer es implementar los acuerdos en todo lo que hace falta porque es grave que siga creciendo la disidencia.

Hablemos del voto obligatorio...

Al comienzo yo era contrario al voto obligatorio porque ponía por encima de todo la libertad para votar o no votar. Pero a raíz de la corrupción, del clientelismo y de la politiquería, secuelas del Frente Nacional, pienso que el voto obligatorio es una manera de combatir eficazmente esos flagelos.

¿Cuáles son las reformas pendientes más importantes?

El reconocimiento de las regiones como entidades territoriales. Colombia ha desconocido históricamente estas regiones. Les quitaría poder a los departamentos, suprimiría las asambleas departamentales. Deberían crearse unas seis o siete asambleas regionales para que haya una verdadera descentralización con el cuidado de no afectar la unidad nacional. Esa es una reforma bien importante. En la justicia, hay que asignarles un juez real a los magistrados de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado. Además, deben quitárseles las funciones electorales. Habría que suprimir o modificar la circunscripción nacional, hacer que haya una diferencia real entre lo que hacen los departamentos y lo que hacen los municipios.

¿Algo más?

El de la salud es un simple negocio. La Constitución hizo bien en consagrar el Estado de derecho social, pero le entregó los dineros al sector privado, que siempre tiene ánimo de lucro. Por ese camino se mantuvo el Estado intervencionista, pero se les abrió camino a las privatizaciones generalizadas.

¿Por qué ‘Constitución descuartizada’?

Está descuartizada porque además de sus contradicciones y errores, que no se han solucionado, se le han agregado otros. A raíz de los acuerdos de paz se le añadió un nuevo título que parece establecer un régimen político diferente en muchos aspectos institucionales. No se resolvieron los problemas originales y ahora quedó desvertebrada. En el 2001, EL TIEMPO dijo: “El principal defecto estructural que se le señala a la Constitución de 1991 consiste en que con la intención de ablandar el régimen presidencialista debilitó todos los poderes en su conjunto. Dejó al Ejecutivo con las manos amarradas, anarquizó al Congreso, hizo caótica a la justicia y prácticamente inmanejable la economía”.

PLINIO APULEYO MENDOZA 
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