Terremoto político y jurídico por fallo de la Corte sobre la protesta

Terremoto político y jurídico por fallo de la Corte sobre la protesta

Ahora el ministro de Defensa deberá enfrentar dos debates en el Congreso.

Paro

Corte Suprema de Justicia le ordenó al Gobierno implementar un protocolo para proteger el derecho a la protesta social (Foto de referencia).

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Mauricio Moreno. Archivo EL TIEMPO

Por: Armando Neira
27 de septiembre 2020 , 06:19 p. m.

Colombia atraviesa una tempestad de profunda agitación política y jurídica, y en el horizonte no se vislumbra, al menos en el corto plazo, que las aguas se vayan a calmar. Por el contrario, Carlos Holmes Trujillo, el ministro de Defensa, tiene pendientes dos debates en el Congreso: uno de control político y una moción de censura.

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La agitación adquirió mayor fuerza el martes, al conocerse un fallo de tutela emitido por la Corte Suprema de Justicia que ordenó al Gobierno implementar un protocolo para proteger el derecho a la protesta social.

En el fallo, calificado por varios juristas como “histórico”, el máximo tribunal dijo que hay “una sistematicidad” en las formas como las fuerzas del Estado han reprimido ese derecho, por lo que dio 14 órdenes a las autoridades para blindarlo. Algunas de enorme peso simbólico, como el de pedir perdón, en particular, por las acciones ocurridas durante las manifestaciones de noviembre del 2019, en el marco del llamado paro nacional.

En una primera reacción, el presidente Iván Duque ordenó una reunión de urgencia en la Casa de Nariño. La cita se realizó al albor del miércoles y en esta participó, entre otros altos funcionarios, el ministro de Defensa.

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El Ejecutivo subrayó algunos puntos de la decisión, y especialmente los expresados por los dos magistrados que salvaron el voto. Por lo que la famosa expresión ‘choque de trenes’ volvió a estar sobre la mesa.

Y mientras que los partidarios del Gobierno hablaban de una extralimitación por parte de la Corte y una posible violación de las fronteras de la separación de poderes, desde otras orillas se alertaba sobre los riesgos de un desacato del Ejecutivo y de las consecuencias que esto podría tener para la institucionalidad, algo que la administración Duque descarta al afirmar que está cumpliendo con la sentencia.

Lo cierto es que la pugna, que venía de meses atrás entre el ministro de Defensa y sectores de la oposición, tuvo un punto de inflexión. Atrás quedaban las semanas de discusión por dos temas de su cartera. Uno, el aval que debía dar el Senado a la misión militar de asesoramiento de Estados Unidos en Colombia, que le costó tres debates. Y dos, las dramáticas masacres con jóvenes como víctimas principales. Según el recuento de organizaciones de derechos humanos, solo en este año van 62.
Con el fallo de la Corte Suprema, los acontecimientos adquirieron una nueva intensidad.

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Ha sido un septiembre turbulento. El miércoles 9, el país se despertó conmocionado con las imágenes, grabadas con un celular, del sometimiento con descargas eléctricas en el asfalto de una calle de Bogotá de Javier Ordóñez, por parte de dos policías.

Un episodio de brutalidad policial que le costó la vida a Ordóñez por los múltiples y severos golpes que luego recibió en el CAI al que fue trasladado en calidad de detenido. Esa noche se vivió una violenta jornada de protesta que, al final, arrojó 14 civiles muertos, 72 heridos de bala y 69 CAI destruidos total o parcialmente.
Las múltiples imágenes de policías disparando –sin que se pueda descartar que otros actores lo hayan hecho– atizaron el clima de indignación
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Con esta coyuntura, las organizaciones que promovieron el paro nacional del 21 de noviembre convocaron otra jornada el lunes 21 de septiembre. A los reclamos del pasado le sumaron el rechazo a la brutalidad policial.

Aunque fueron menores en participación, la sensación de desconfianza entre un amplio sector de la sociedad y la Fuerza Pública quedó retratada. De hecho, en diciembre, 49 personas, entre miembros de organizaciones sociales, estudiantes, docentes y víctimas de abuso policial, fueron hasta el Tribunal Superior de Bogotá e interpusieron una tutela para “proteger sus derechos fundamentales a la protesta, la vida, la integridad personal, la libertad y a no sufrir desaparición forzada”. Y la Corte Suprema respondió a ella de la manera ya mencionada, generando aplausos en unos y resquemores en otros.

El eje de la responsabilidad

Tanto el presidente Duque como el ministro de Defensa se la jugaron a fondo por el buen nombre de las Fuerzas Armadas con la tesis de que si ha habido actos que no corresponden a lo que ordena la Constitución, deben recibir un tratamiento individual y no general. Y usaron, otra vez, la metáfora de las manzanas podridas.

“¿Cuántos policías hay en Colombia? ¿Cuántos años tiene la Policía Nacional?”, pregunta Hassan Nassar, alto consejero de Comunicaciones de Palacio. “Son unas 150.000 personas con casi 130 años de historia”, responde. “¿Entonces vamos a responsabilizar a todos ellos por las muy graves acciones de un puñado? No. Y en eso el Presidente es categórico”.

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En medio de esta controversia hay voces que hablan de la posible aspiración presidencial del ministro de Defensa en 2022. Es pública su relación de amistad y de sintonía política con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con algunos de los más caracterizados líderes del partido Centro Democrático.

De hecho, a lo largo de esta semana Trujillo se mostró más vehemente en las redes sociales en su confrontación con Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo, los dos aspirantes a la presidencia por la izquierda. Ambos ahora lo esperan en el Congreso, con un debate por la seguridad en el país –previsto para el 13 de octubre de manera presencial– y una moción de censura en la que se decidirá si el funcionario debe separarse del cargo o no.

Y mientras el alto Gobierno defendía el argumento de que la “protesta pacífica está garantizada” y que los uniformados que violen la ley “son individualizados y sancionados”, se produjo el crimen de Juliana Giraldo Díaz, de 35 años, en una carretera en el Cauca, por un soldado del Ejército Nacional.

Francisco Larrañaga, su pareja, en su primera reacción, tomó su teléfono para grabar al autor del hecho. De esta manera, el impacto por estos sucesos fue transmitido al país entero, abriendo una nueva polémica en torno a las Fuerzas Militares.

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Ataque y defensa

En el marco de este debate, los más críticos buscan culpables en instancias superiores y hablan, incluso, de que se trata de una política de Estado. Señalamientos que Duque y Trujillo rechazan de tajo.

El Estado colombiano ha sido siempre respetuoso de la libre expresión ciudadana pacífica”, dijo en Caracol Televisión el Presidente. “Las conductas” en la Fuerza Pública cuando alguien “transgrede la ley” tienen que ser “individualizadas” y “siempre hemos sido los primeros en señalarlas. Lo hemos hecho oportunamente”, argumentó el jefe del Estado.

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“Hemos sido claros que debe haber cero tolerancia con cualquier conducta que sea contraria a la ley”, agregó. “Tenemos que ser claros en que no se puede satanizar ni demonizar la figura de la institución de la Fuerza Pública, que son hombres y mujeres que todos los días se entregan por el bienestar de los colombianos”, agregó.

Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá, ciudad donde han ocurrido algunas de las acciones más violentas, dijo: “Negar los abusos de miembros de la Fuerza Pública abre la puerta a nuevos abusos. Pedir perdón en genérico por ‘cualquier violación a la ley’ es lo mismo que nada. Esa actitud negacionista del Gobierno está llevándose por delante la legitimidad de las Fuerzas Armadas”.

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La respuesta de Palacio

Se trata de una gran discusión que ya estaba abierta, pero que cambió de escenario con el fallo de la Corte, porque ahora tendrá consecuencias impredecibles no solo en el terreno político, sino en el jurídico. Porque –como subraya el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández– los fallos son de “obligatorio cumplimiento”.

El presidente Duque, en las primeras de cambio, cuestionó la sentencia de 170 páginas con el argumento de priorizar el concepto de los dos magistrados que salvaron su voto. “Tenemos que considerar varias cosas. Este no fue un fallo unánime, este fue un fallo que tuvo dos salvamentos de votos”, dijo. Añadiendo: “En los dos salvamentos hay elementos que merecen una revisión de la Corte Constitucional”.

Razón por la cual, dijo el Mindefensa, el Gobierno Nacional “solicitará respetuosamente a la Corte Constitucional (...) la revisión del fallo”.

Posición frente a la cual el exmagistrado Hernández argumenta: “Mientras el fallo esté en firme, este fallo debe ser obedecido y las órdenes que impartió tienen que ser cumplidas a cabalidad y sin invocar los salvamentos de voto, porque el salvamento de voto es una constancia nada más, lo que realmente importa es el fallo”.

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El Gobierno tiene 30 días para expedir un acto administrativo que llame a los funcionarios a mantener neutralidad frente a las movilizaciones

Mauricio Albarracín, investigador de Dejusticia, recuerda que el jefe del Estado cuenta con un poco más de tiempo para dar una respuesta. En efecto, el fallo dice que “el Gobierno tiene 30 días para expedir un acto administrativo que llame a los funcionarios a mantener neutralidad frente a las movilizaciones. Conformación de una mesa de trabajo con tutelantes para reformular directrices sobre uso de la fuerza en protestas”. Y agrega: “El Gobierno debe expedir, en un plazo de 60 días, una normatividad que abarque lo dispuesto por la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de DD. HH. y la ONU al respecto”.

En cambio, al ministro le dio un plazo que, en teoría, se venció el viernes de la semana pasada. En apariencia, Trujillo se muestra tranquilo. ¿Por qué? Para él es suficiente su gesto del jueves, cuando reiteró el pedido de perdón que hizo hace dos semanas, después del homicidio de Ordóñez, por el que ya hay dos policías tras las rejas. Según él, esa manifestación abarca toda violación de la ley, en cualquier tiempo.

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¿Cómo es posible que el ministro haya pedido perdón el 11 de septiembre cuando la orden de la Corte es del 23?

En la declaración de 4 párrafos, Trujillo dijo que su cartera reiteraba que el 11 de septiembre, el ministro, “en un acto espontáneo, sincero, transparente y respetuoso, ampliamente difundido, señaló: ‘la Policía Nacional pide perdón por cualquier violación de la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquier miembro de la institución’ ”.

Las reacciones a esto abrieron otra página de discusión. El abogado Francisco Bernate llama la atención sobre las fechas. “¿Cómo es posible que el ministro haya pedido perdón el 11 de septiembre cuando la orden de la Corte es del 23?”.

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Denis Cruz, hermana de Dilan, dijo en un video publicado en redes sociales que no aceptaba las excusas del ministro. “Intenta extender las disculpas que de manera limitada asumió la Policía por el asesinato de Javier Ordóñez, pero pretende que entendamos que esas disculpas cubran todos los errores cometidos por la Policía desde su creación hasta el final de los tiempos”, expresó, y añadió: “Se burla de las víctimas, la ley y la justicia”.

El viernes, el abogado Alirio Uribe, uno de los juristas que interpuso la tutela, fue más allá y advirtió: “Hemos solicitado a la Corte que se le requiera para que pida disculpas; que si no lo hace, se abra un desacato por incumplimiento de la orden, y que si no se hace, se compulsen copias a la justicia penal por el presunto delito de fraude procesal en cabeza del ministro de la Defensa”.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte, se ubica en la otra orilla y dice que con la declaración del ministro sí se cumplió la orden de la sentencia, por lo que descarta la figura del desacato.

Para quienes ven el vaso medio vacío hay una actitud desafiante ante la Corte. Sin embargo, hay quienes sostienen que el Estado sí se ha tomado en serio el fallo y que en muchos casos ya puso en marcha algunos de los puntos exigidos por el alto tribunal.

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viola el principio de separación de poderes al ordenar crear un estatuto que regule el uso de la fuerza.

Por ejemplo, con la publicación en las páginas web de la Presidencia de la República y del Ministerio de Defensa de la sentencia completa 7641 de 2020 emitida por la sala de Casación Civil de la Corte.

“En cumplimiento a la sentencia de tutela STC7641 del 22 de septiembre de 2020”, dice, “@mindefensa publica el contenido completo y legible de este pronunciamiento, así como sus salvamentos de voto”.

El procurador general, Fernando Carrillo, por su parte, informó que en cumplimiento del fallo, la Procuraduría convocará mesas de trabajo para expedir en 30 días, junto con la Policía y la Fiscalía, los protocolos, planes de acción y cambios ordenados por la sala civil del alto tribunal.

El abogado Albarracín destaca estas decisiones y dice que institucionalmente las respuestas se han venido dando. Para él, otra cosa es el debate político, del que prefiere no opinar.

Una discusión tan sonora como la jurídica que se abrió con el fallo. El exmagistrado Carlos Bernal, recién salido de la Corte Constitucional, aseguró que el fallo es inconstitucional, pues la tutela era improcedente, entre otras cosas, porque quienes la presentaron no agotaron otras vías como pedir la nulidad de algunos decretos cuestionados. Y, según él, viola el principio de separación de poderes al ordenar crear un estatuto que regule el uso de la fuerza.

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¿Puede la Corte decirle a la Fuerza Pública qué armas usar? ¿Cómo garantizar las protestas cuando, en su inmensa mayoría, son jalonadas por estudiantes, trabajadores, campesinos e indígenas que quieren un mejor país, pero que también han terminado con un vandalismo cada vez más violento y organizado?

Así termina el intenso mes de septiembre, en el que la pandemia pasó a un segundo plano en medio de las protestas, los desmanes, el luto por las víctimas y el debate sobre el fallo de la Corte, que apenas comienza. La clave, opinan expertos, es saldar pronto este divorcio entre comunidad y autoridades que, de profundizarse, sería fatal para el país.

ARMANDO NEIRA
Editor de Política de EL TIEMPO

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