Este martes, el Gobierno expidió el decreto con el protocolo de acciones para garantizar el buen uso de la fuerza legítima del Estado y el derecho a la protesta pacífica.
Esto se da luego de que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia determinara en septiembre del año pasado que había una problemática nacional de intervención "sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública" en las manifestaciones ciudadanas, y le ordenara al Gobierno adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva.
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El protocolo, denominado 'Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica' establece directrices para la actuación de las autoridades de policía en sus funciones de garantía de derechos fundamentales, conservación de la convivencia ciudadana y el orden público en el marco de las manifestaciones públicas y pacíficas.
En primera instancia asegura que las autoridades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial están en la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación en el desarrollo de las manifestaciones públicas. Serán los gobernadores, alcaldes distritales y municipales quienes deberán disponer el acompañamiento de la
movilización o concentración, además de la Policía Nacional, de los gestores de
convivencia o funcionarios delegados, para que promuevan el diálogo.
Además, advierte que el gobernador y el alcalde son las primeras autoridades de policía en el departamento y el municipio, respectivamente.
Como medida preventiva, señala que la Policía Nacional a través de su ente rector de la educación, continuará con la formación, capacitación, actualización y entrenamiento en Derechos Humanos, principios básicos sobre el uso de la fuerza, Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, empleo de armas y dispositivos menos letales de todo el personal de la Institución, y demás temáticas que resulten afines y transversales a la manifestación pública y pacífica, de tal manera que conduzcan al policía a un actuar profesional soportado en la legislación nacional e internacional.
Adicionalmente, se conformará una Mesa Nacional de Evaluación de las Garantías
para las manifestaciones públicas que sesionará al menos una vez al año y de
manera extraordinaria cuando se considere necesario.
Frente al uso de la fuerza, advierte que será el último recurso físico para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de los policías, sin mandamiento previo y escrito, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad pública.
De este modo, la Policía deberá evitar al máximo el uso de la fuerza y, de no ser esto posible, limitarla al mínimo necesario. Asimismo, la Policía solo podrá hacer uso de las armas, dispositivos y elementos menos letales, entregados como dotación por parte de la institución.
También señala que la aplicación de los medios de policía por parte de las autoridades de policía en manifestaciones públicas se sujetará a la intensidad y
peligrosidad de la amenaza, la forma de proceder del individuo, las condiciones
del entorno y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una
situación específica.
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"En todo caso, el medio elegido por parte de la autoridad de policía para su aplicación, debe ser el que menos lesione e interfiera en la efectividad de los derechos fundamentales de todas las personas", puntualiza.
El medio elegido por parte de la autoridad de policía para su aplicación debe ser el que menos lesione
En todo caso allí se sugiere que la actuación de la Policía diferenciará entre quienes ejercen de manera pacífica y activa su derecho a la reunión y manifestación
pública y quienes ejecuten actos de violencia, que pongan en grave peligro derechos fundamentales o cometan conductas punibles. Está diferenciación
guiará la actuación policial y el excepcional uso de la fuerza, que deberá focalizarse y ejercerse exclusivamente contra estos últimos, y buscar la protección de todas las personas.
Adicionalmente, se establece que las autoridades de gobierno y de policía deberán dar aviso previo del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional frente a actos de violencia a las personas que están presentes en los lugares de las manifestaciones públicas, excepto en caso de inminente infracción penal o policiva, donde el personal policial debe actuar con base en el mandato constitucional, legal o reglamentario.
El estatuto asegura que la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) será entendida como la última instancia y el último recurso para controlar los actos de violencia que cometan personas o focos específicos dentro de una manifestación pacífica.
El Esmad estará ubicado en sitios estratégicos que permitan una acción oportuna, tendrán comunicación directa con el Puesto de Mando Unificado (PMU) y, una vez retome el control de la situación y se ordene su retiro del lugar, deberá presentar un informe dirigido a sus superiores.
Otro de los puntos de este decreto es que las autoridades de policía se deben abstener de realizar pronunciamientos o conductas que propicien prejuicios, discriminen, deslegitimen o descalifiquen a quienes ejercen su derecho a manifestarse pública y
pacíficamente.
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"El personal uniformado de la Policía Nacional que intervenga en manifestaciones públicas y pacíficas no podrá hacer uso de armas de fuego en la prestación del citado servicio", se lee en el documento.
Vea el decreto aquíLUISA MERCADO
REDACCIÓN POLÍTICA
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