Los nudos que debe desatar el Gobierno en el 2020

Los nudos que debe desatar el Gobierno en el 2020

Narcotráfico, acceso a tierras y corrupción, entre los retos que tendrá que afrontar Duque este año.

Paro

Las exigencias de los marchantes, que han salido a las calles desde noviembre de 2019, son uno de los retos del Gobierno.

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Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Por: Hernando Corral G.
02 de enero 2020 , 08:06 p.m.

Desconocer el cúmulo de problemas que enfrenta hoy el Estado colombiano, en cabeza de su presidente Iván Duque Márquez, sería una torpeza. No es un secreto que la exportación de cocaína hacia el mundo está disparada, y nadie se atreve a calcular los efectos reales que tiene dicho fenómeno económico en el PIB del país, en sus exportaciones, en su capacidad de corromper a cientos de autoridades con y sin uniforme, a políticos y a miles de ciudadanos que viven del rebusque, deformando las reglas del juego transparentes que deben tener las economías de las naciones.

Un día de estos, ojalá esté equivocado, se levantará de mal genio el presidente Donald Trump y va a exigirnos ponerle fin a la exportación de coca y nos amenazará con sancionarnos. El Gobierno norteamericano ha demostrado hasta la saciedad que no tiene amigos, sino intereses.

Llevamos 45 años discutiendo con Estados Unidos si el problema es de la oferta o de la demanda y no hemos podido superar este enredo: “Pero ni la demanda ni la oferta de cocaína pueden ser eliminados sin resolver los problemas de vulnerabilidad estructural en los dos países. Como resultado, ambas sociedades parecen atrapadas en un matrimonio hecho en el infierno, sin un acuerdo de divorcio posible”, como lo afirma el profesor Francisco Thoumi en su libro Políticas de drogas y el sistema internacional de control de drogas, que será publicado por el London School of Economics.

(Le puede interesar: 'El 2020 será de más trabajo, de más retos y de más Colombia': Duque)

Colombia necesita con urgencia resolver el viejo problema de la tenencia de la tierra si quiere modernizar el campo, entregándosela a los campesinos, construyendo carreteras que les permitan vender los productos directamente al distribuidor y consolidar en las regiones a un Estado que por años ha permanecido ausente en importantes zonas del país, lo que ha sido aprovechado por los violentos para adelantar sus proyectos fundamentalistas que tantas muertes y miseria han dejado a su paso. Si no actuamos con rapidez, en el campo podrá repetirse la historia pasada en la que nuevos grupos armados –de derecha o de izquierda, alimentados por los carteles del narcotráfico– impongan nuevamente su ley, como ya sucede en ciertas regiones del país.

Uno de los expertos en estos temas, el profesor Alejandro Reyes Posada, ha insistido en que “el verdadero reto es construir condiciones territoriales para que las economías campesinas, indígenas y afro sean competitivas frente a la coca y la minería ilegal, y eso comienza por el acceso a tierras, pues dos tercios de los pequeños agricultores no tienen tierra propia y para quienes sí la tienen, 60 % es tenencia informal sin títulos: agua potable, saneamiento ambiental, salud, educación, vías terciarias, asociaciones de productores, canales de comercialización, acceso a crédito y asistencia técnica son los bienes públicos esenciales para el desarrollo rural. Otro tema clave es la realización del nuevo catastro multipropósito en todo el país y una elevación sustancial del impuesto predial a las tierras improductivas, para refinanciar a los municipios y superar el sesgo antirrural de la inversión pública”.

El verdadero reto es construir condiciones territoriales para que las economías campesinas, indígenas y afro sean competitivas frente a la coca y la minería ilegal

Para algunos analistas, uno de los graves males de Colombia y que ningún gobierno ha afrontado, ya que este fenómeno es funcional a la política, es la corrupción. Son pocas las instituciones que se escapan de este flagelo. He escuchado decir a personas desprevenidas que si las Farc se hubieran dedicado a perseguir a los corruptos, habrían podido tomarse el poder con gran apoyo popular.

Pero, como en el caso del narcotráfico, la corrupción ha tocado a muchos sectores políticos, de derecha, de izquierda y de centro, pero también a empresas del sector privado, nacionales y extranjeras que compran funcionarios para ganar licitaciones públicas. Son cientos los problemas acumulados, como podemos ver en el largo pliego petitorio de quienes se reclaman voceros de la protesta y del paro: las deficiencias en la salud, en la educación, en el medioambiente, la informalidad laboral, el creciente desempleo, la inseguridad ciudadana, la falta de implementación de los acuerdos de paz con las Farc, para señalar algunos de los 104 puntos que tiene que discutir el Gobierno con los voceros de la protesta, sin contar la reubicación de cerca de 2 millones de venezolanos desempleados, el incipiente control de las fronteras que hace posible la presencia de grupos armados como el Eln y las disidencias de las Farc, la exportación de miles de toneladas de cocaína, el contrabando de todo tipo –incluido el de las armas–, en fin, son muchos los retos que tiene que resolver este gobierno en los largos dos años que le quedan.

Pedirle que los resuelva todos sería muy absurdo, pero con mucho pragmatismo y comprensión de los fenómenos que vive hoy Colombia y el mundo se puede avanzar en su resolución en buena parte de ellos. Duque tiene la oportunidad de romper estos nudos gordianos y convertirse en el transformador y modernizador de la Colombia del siglo XXI. No le podemos pedir que sea un Alejandro Magno, pero sí que sea nuestro ‘Iván el Bueno’, gran reformador de una Colombia justa, equitativa y en paz.

(Lea también: El mensaje del presidente Duque a los nuevos alcaldes y gobernadores)

A propósito de las conversaciones entre el Gobierno y los dirigentes de la protesta, estos últimos, que se reclaman ser auténticos voceros, deben también tener una gran dosis de pragmatismo, con el fin de que este importante experimento de las marchas y los cacerolazos no se marchite y termine en otra frustración ante posturas maximalistas de los voceros o minimalistas del Gobierno. Hay que tener en claro y saber evaluar las limitaciones que, en el caso colombiano, tiene esta protesta. Por ejemplo, se dice que en Colombia solamente el 4,5 o 5 por ciento de la clase trabajadora está sindicalizada, argumento que es cierto, ya que Colombia tiene la más baja tasa de sindicalización de América Latina.

Dentro de los trabajadores oficiales, la tasa de sindicalización también es baja, pero son los maestros la organización estatal con mayor afiliación y capacidad de movilización. Si nos atenemos a estas cifras, las centrales de trabajadores no podrían arrogarse la representación de toda la fuerza trabajadora colombiana, pues su legitimidad es muy incipiente cuantitativamente. Otros argumentan que el concepto de proletariado no existe en las sociedades modernas y premodernas, ya que se asemejan más a la clase media por sus condiciones laborales y ventajas prestacionales, que no son proletarios en el sentido marxista, ni pueden seguirse mirando como víctimas del liberalismo manchesteriano y, por el contrario, los propios avances tecnológicos han puesto a muchos sectores de la clase obrera en situaciones de privilegio, desde el punto de vista de las condiciones laborales.

En el caso colombiano hay una informalidad laboral de más del 50 por ciento de la mano de obra, y muchos de ellos ven en el rebusque opciones más ventajosas, como el narcotráfico, el contrabando y demás alternativas que están por fuera de la legalidad, famosas por desarrollar economías informales, clandestinas en unos casos y abiertas en otros, que rayan entre lo ilegal y lo legal.

¿Hasta qué punto estos sectores están representados en la protesta? Lo que parece indiscutible es que la base social más importante de las marchas y cacerolazos está en la gran masa estudiantil, especialmente la universitaria, apoyada por sus familias preocupadas por la suerte de sus hijos. En los últimos años, el movimiento estudiantil ha logrado en Colombia y en el mundo niveles de organización y protesta, por fuera de los partidos políticos tradicionales, de izquierda o de derecha, sin desconocer que algunos pocos activistas puedan estar ligados a grupos revolucionarios, pero que no logran imponer sus visiones partidistas en estos movimientos de composición tan heterogénea.

Si aceptamos este razonamiento, es fácil concluir que se necesita el apoyo político y participativo de muchos sectores que están por fuera de esta protesta para lograr consensos que permitan unos cambios necesarios, en los que se beneficien la mayoría de colombianos y no ciertos sectores. Lo que puede suceder es que se ahonden más las diferencias de clase y se aumente en forma más significativa la proletarización de los que están por fuera del mercado laboral y de la clase media.

En otras palabras, sería una torpeza no aceptar que nuestro país necesita un proceso de modernización con justicia social, con equidad, pero hay que encontrar por medio de un diálogo nacional estos acuerdos, antes de que aparezcan opciones fundamentalistas y de extrema, como viene sucediendo en otros lugares de este frágil planeta.

Los voceros de las protestas deben ser claros en descalificar y rechazar la presencia de encapuchados y de grupos violentos que se mueven con toda libertad en las marchas y en muchas universidades públicas del país; ellos solo les sirven a intereses oscuros y a justificar la represión contra los que marchan en forma pacífica dentro de las reglas de juego de nuestra democracia.

El país necesita superar la polarización y que se ponga fin al asesinato de dirigentes sociales, exguerrilleros amnistiados de las Farc, y que se creen canales de comunicación entre los distintos sectores de clase, para que los colombianos de todas las condiciones sientan que el actual gobierno está dedicado a resolver los problemas de todos y cada uno de los ciudadanos, sin excepción.

HERNANDO CORRAL G.
Para EL TIEMPO

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