El presidente Juan Manuel Santos llamó la atención en la mañana de este lunes sobre dos procesos que se llevan a cabo actualmente, uno el Consejo de Estado y otro en el Senado.
Inicialmente el jefe de Estado se refirió a una demanda que el Consejo de Estado lleva contra el procurador Alejandro Ordóñez, por su reelección en el cargo.
Santos dijo que desde hace más de 3 años está a su estudio una demanda sobre la elección del Procurador y por eso dijo que “es muy mal mensaje” que pase tanto tiempo sin una definición.
Dijo que el Gobierno no va a decir si deben fallar a favor o en contra, pues los magistrados son los jueces, pero les dijo que con todo respeto por su autonomía casos como éste y otros similares, hay que dar prueba de eficacia y de agilidad. (Lea también: Las horas contadas del magistrado Jorge Pretelt)
El segundo pronunciamiento que hizo el mandatario sobre lo que denominó “reflexiones sobre cómo la justicia se imparte frente a altos funcionarios del Estado”, tuvo con el caso del magistrado Jorge Pretelt (Corte Constitucional), a quien se le adelanta un proceso en el Senado por supuestamente haber recibido dinero para favorecer un fallo de tutela.
El Jefe de Estado comenzó por decir que el togado le aseguró a EL TIEMPO que la investigación en su contra tiene orígenes políticos.
“Esa es una moda que ha hecho carrera cuando cualquier alto funcionario o exfuncionario es llamado a rendir cuentas: se declaran perseguidos políticos”, dijo Santos.
Y a renglón seguido aclaró: “Ni el Gobierno, ni en este Palacio, hemos movido un dedo para que la decisión sea en cualquier sentido. ¡Claro que no!”.
El Presidente dijo que la responsabilidad –por primera vez– es del Senado, que se convierte en Juez. “Mi llamado a los senadores es a que asistan y voten, a que no eludan su responsabilidad, y le demuestren al país que las instituciones funcionan”, agregó. (Además: Los salvavidas de la Procuraduría al magistrado Pretelt)
Para Santos, “es muy mal mensaje que los más altos funcionarios interpongan recursos dilatorios, en lugar de buscar el pronunciamiento de fondo”.
Dijo que hay que demostrar que los altos funcionarios del Estado se les juzgan con el mismo rasero que a cualquier ciudadano del común.
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