Tras 14 días de manifestaciones y un encuentro con el Comité del Paro que terminó sin acuerdos, el Gobierno Nacional hizo un anuncio que podría empezar a cambiar el panorama: está dispuesto a negociar.
Hablar de negociación era una de las primeras condiciones que había puesto el Comité del Paro. Los dirigentes sindicales y estudiantiles siempre han insistido en que con el Gobierno no debe haber un diálogo sino una negociación.
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Por ello, el anuncio del Gobierno fue bien recibido por los líderes de las movilizaciones: "Esto es algo muy positivo, pero formalmente no nos han informado sobre cómo será esa mesa. Solo sé que esta madrugada publicaron un video", dijo en la mañana de este martes Fabio Arias, fiscal de la CUT.
Si bien, como lo aclaró Arias, aún no hay claridad sobre cómo sería esa negociación, sí se tienen claros los principales puntos que harían parte de la negociación.
EL TIEMPO analizó las principales peticiones y cómo está el país frente a estas solicitudes.
Sin que todavía existe un acercamiento definitivo entre lo que propone el Gobierno y el Comité Nacional del Paro (CNP), algunos de los puntos planteados por este último para cesar con las protestas sociales, como la renta básica, no tienen tanta acogida por el costo que tendría sobre las finanzas públicas.
Andrés Zambrano, profesor asociado a la facultad de economía de la Universidad de los Andes, sostiene que dicha ayuda equivaldría a casi “un tercio del gasto público en Colombia o tres veces lo que pretendía recaudar la reforma tributaria en principio”. Esto claramente no es sostenible, señala el catedrático, pues a ese gasto se le tendría que sumar el valor de las otras peticiones (educación y subsidios al empleo) que se estiman en unos 800.000 millones de pesos, las cuales en su opinión sí serían viables, más no lo de la renta básica.
Según el Comité del Paro, con dicha renta básica, las familias pobres del país recibirían un salario mínimo mensual vigente, que para este año es de 908.526 pesos. De ser así, el gasto para cubrir esa población con la renta básica alcanzaría los 70 billones de pesos, un 7 por ciento del PIB, según cálculos preliminares.
Para Julián Domínguez Rivera, presidente del Consejo Gremial Nacional y de Confecámaras, la realidad es que estamos en una situación atípica y en crisis, por lo que el esfuerzo de todos debe concentrarse en salir de esta coyuntura, para lo cual es indispensable tener recursos que permitan subsidiar a los más necesitados.
Sostiene, además que hay segmentos de la sociedad que sin duda es indispensable vincular de manera más eficiente al empleo, como los jóvenes, pero también se debe procurar que haya educación gratuita en un ámbito mucho más universal. “Esto es clave, porque siempre habrá, en un país como el nuestro que está en desarrollo, insatisfacciones, lo importante es cómo se logran tramitar esas necesidades para que esto se convierta en un aspecto creativo que permita avanzar como sociedad”.
Jorge Enrique Espitia y Luis Jorge Garay, investigadores del Centro de Política Fiscal de la U. Nacional, plantean una renta básica que “consistiría de una transferencia monetaria incondicional mensual que garantice que todos los miembros de cada hogar focalizado alcancen la línea de pobreza monetaria, según su respectivo dominio geográfico. Este programa complementaría los programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, dado que el de Ingreso Solidario solo tiene vigencia hasta finales de junio de 2021”.
Y si bien el costo de esta iniciativa sería de entre 1,5 y 1,9 por ciento del PIB para el segundo semestre de este año, los investigadores explican que, como ya se tiene presupuestado un costo fiscal de alrededor del 0,6 por ciento del PIB para el segundo semestre de 2021 para los otros programas sociales, el costo fiscal neto del programa de renta básica de emergencia inmediata sería del orden del 0,9 o 1,3 por ciento del PIB.
Para los economistas del Grupo Bancolombia “pese a las grandes dificultades de la actual coyuntura, creemos que todavía es posible encontrar e implementar soluciones que permitan aliviar muchos de los problemas sociales que se han agudizado en el último año, y que al mismo tiempo contribuyan a mantener la credibilidad en la política macroeconómica y la sostenibilidad fiscal. Esta combinación puede conducir a preservar el grado de inversión, un estatus que hará más factible avanzar en la recuperación de la economía y la mejora en el bienestar de la población”.
Estudiantes de las universidades han marchado desde el primer día del paro.
Milton Díaz / El Tiempo
Se trata de una petición histórica de los estudiantes que estuvo presente en la agenda de las manifestaciones de 2019 y 2020, y que tomó más fuerza a causa de la pandemia.
En este punto cabe recordar que con el Fondo Solidario para la Educación del Ministerio de Educación, parte de los costos de matrícula en universidades públicas se han cubierto en los últimos dos semestres, a lo que se suman recursos propios y de los gobiernos locales.
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De acuerdo con el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), esta sería una propuesta viable. Los balances contables de las IES públicas de 2019 (último dato confiable, dado que muestra los ingresos habituales por concepto de matrícula en pregrado sin contar los descuentos anunciados por pandemia), muestra que serían necesarios $ 919,457,240,141 al año para cubrir los costos de pregrado en 25 universidades públicas del país, las únicas con información pública al respecto. Con todo esto, esta cifra cubriría al 70,4 por ciento de los estudiantes.
Para LEE se trata de un gasto que puede costear el Estado, si se tiene en cuenta que con los tres días sin IVA al año se dejan de percibir un billón de pesos.
Desde mediados de 2020 organismos como Unicef, Unesco y el BID han insistido en que los colegios deben ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir, dados los riesgos emocionales, sociales y de aprendizaje a causa del aislamiento y la falta de acceso a conectividad en un país como Colombia.
De acuerdo con el LEE, la petición de ‘no alternancia’ del comité del paro no es recomendable, por muchas razones. Entre ellas, que el 55,18 % de los estudiantes del sector oficial no cuentan con computador e internet en su hogar; el 60 % de estudiantes no participaba en las actividades asincrónicas (guías físicas o cartillas) y el 40% de los estudiantes dejó de asistir a las actividades sincrónicas (clases en tiempo real con el docente como videollamadas); y, lo más grave, en las pruebas Saber 11 de 2020 aumentaron las brechas de desempeño entre menores según su estrato social.
Sin embargo, sí es necesario ajustar el modelo de alternancia, en especial a lo que se refiere al ritmo de las adecuaciones y la apropiación y ejecución de los recursos destinados por el Ministerio de Educación a las entidades territoriales.
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Así lo cree la exviceministra de Educación Isabel Segovia: “el sistema educativo estuvo muy quieto el año pasado y no se hicieron las inversiones ni se ajustaron los protocolos a tiempo. El proceso va supremamente lento, y además la información es muy difícil de encontrar y verificar”.
En varias oportunidades se ha protestado en contra del uso del glifosato.
César Melgarejo/ CEET
El director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, Jorge Restrepo, aseguró que el Gobierno no puede ceder en los tres puntos planteados: que se suspenda la erradicación forzada, que no se asperje con glifosato (en caso de que se apruebe), y en eliminar la presencia de la Fuerza Pública en las calles en medio de las marchas.
“Si cede en esos tres puntos supone renunciar a obligaciones constitucionales y legales”, dijo Restrepo, quien señaló que limitar la presencia de la Fuerza Pública (Ejército y Policía) de una parte del territorio “no tiene ningún sentido”.
El experto en el conflicto del país aseguró que se podría concretar, por ejemplo, la petición de sacar a las fuerzas militares de los escenarios de protesta.
Sobre la erradicación forzosa de los cultivos de uso ilícito aseguró que hay una obligación legal “a reducirlos”.
Restrepo aseguró que el punto es que las “demandas maximalistas, contrarias a la Constitución bloquean la negociación”, por lo que señaló que hay que precisar las peticiones y convertirlas en “algo negociable”.
Hernando Zuleta, experto en temas antinarcóticos y profesor de Economía de la universidad de Los Andes, aseguró que la erradicación forzada y la aspersión aérea “deberían ser dos temas negociables”. Pero señaló que cree que este Gobierno “no lo va a negociar”.
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Para Zuleta estos dos aspectos deberían ser negociables en el marco de la implementación del acuerdo de paz. Y Recordó que el acuerdo de paz, en el punto cuatro buscaba acercar estas comunidades que tradicionalmente han vivido de la coca al Estado. Dijo que la implementación del proceso de paz es un proceso de construcción de confianza.
“Ha habido generaciones viviendo de la coca, para quienes el uso de la fuerza contra ese método no es legítimo “porque afecta sus recursos”, puntualizó. El experto dijo que por lo menos “habría que discutirlo”, porque valdría la pena tratar de acercar posiciones.
Zuleta se declaró en desacuerdo de sacar la Fuerza Pública de las protestas. “Fundamentalmente porque una de las opciones más importantes que hay en la defensa es el derecho a la propiedad”, al señalar que si bien hay marchas pacíficas, algunas protestas “terminan con la destrucción de bienes públicos o de bienes privados”, y reiteró que es obligación del Estado proteger tanto los bienes públicos los bienes privados.
El coronel en retiro Miguel Tunjano, consultor en reducción oferta de drogas ilícitas, aseguró que la erradicación forzosa en cualquiera de sus modalidades “no puede ser objeto de negociación porque hace parte de una política de seguridad”.
El experto señaló que la erradicación forzada ataca un flagelo el de la producción de drogas. “Un flagelo que ataca no solamente a las comunidades rurales, sino a la seguridad nacional”. A lo que de acuerdo con Tunjano se suman los problemas de orden público y la “muerte de líderes sociales, quienes buscan ser el puente del desarrollo social”, puntualizó. Señaló que lo que se podría negociar es la forma en qué se haría y en qué territorios.
El exministro de Salud y rector de la universidad de los Andes, Alejandro Gaviria dijo que se opone a la aspersión con glifosato porque afecta la confianza en el Estado en varias regiones, contribuye a los problemas de legitimidad y puede lesionar la democracia.
Señaló que es un tema de debate y discusión permanente, y recordó que esa figura – las aspersión - solo se hacía Colombia, por lo que dijo que cree “que sí puede hacer parte las discusiones”.
Sobre la erradicación, aseguró “el asunto es más difícil”, al considerar que “podrían discutirse los planes de sustitución, la necesidad de seguir apoyando el desarrollo alternativo”, aunque reconoció que “el Estado no puede prescindir completamente de la erradicación”. Puntualizó de manera más general que la discusión debe ser acotada. “No creo que toda la política antidroga deba estar en cuestión”, afirmó.
Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa, recuerda que el movimiento LGBT ha venido reclamando, tal como lo ordenó la Corte Constitucional en el 2011, la estructuración de una política pública para este sector de la población.
“Hay un plan de trabajo y de acción al que no le han sido asignados ni responsables dentro del Ministerio del Interior ni recursos. Es el momento de que el Gobierno asuma esa tarea”, señaló Sánchez, quien aseguró que otros temas que urge abordar, en ese contexto, son los referidos al abuso policial contra miembros de esta comunidad en las calles. De acuerdo con la directora de Colombia Diversa, si bien del tema se ha hablado, no hay avances significativos y la impunidad frente a los casos denunciados es alta.
Marcela Sánchez afirmó, además, que hay temas de género pendientes que no dan espera y pueden y deben abordarse, como la violencia contra las mujeres, “los feminicidios crecen, lo mismo que los casos de acoso y violencia sexual, ese es un tema que debe estar en la agenda y sobre el que hay que hacer compromisos”.
En general, señaló Sánchez, en referencia a fenómenos como la brecha laboral de género, que se agudizó con la pandemia, cualquier política o medida social que se acuerde y adopte debe tener una perspectiva de género.
Esa es una de las peticiones del comité del paro y pretende frenar la iniciativa gubernamental que con el apoyo de una importante bancada parlamentaria busca hacer ajustes al sistema de salud a través de un proyecto de ley (el 10) que con mensaje de urgencia empieza a debatirse en el Congreso.
Los 10 capítulos que reúnen 75 artículos que modifican la regionalización del sistema, define responsabilidades de la gestión del riesgo para todos los actores, plantea un nuevo modelo de atención, además de cambios en la vigilancia y el control y propuestas en aspectos relacionados con el talento humano, entre otros temas, han tenido en las últimas semanas más detractores que defensores.
De hecho, parlamentarios de diferentes bancadas, como Rodrigo Lara, de Cambio Radical; y Bérner Zambrano, del Partido de la U, retiraron sus firmas como coautores del proyecto. Y por su parte, los representantes liberales retiraron su apoyo y pidieron su clausura, mientras que Óscar Darío Pérez se retractó de ser coautor. Dilian Francisca Toro, directora del Partido de la U, aseguró no votará el proyecto por considerar que no es la reforma estructural que necesita el sistema.
Otro partido que le dijo no al proyecto, que luego de un estudio detallado encontró que dicha iniciativa no resuelve los problemas que enfrenta el sector; negativa a la que se sumaron otras firmas del partido Conservador, como Juan Samy Merheg.
Fuera del Congreso, agremiaciones como la Federación Médica Colombiana piden el archivo completo del proyecto tras calificarlo como una propuesta que afecta el derecho fundamental a la salud de los colombianos, lo mismo que organizaciones como Pacientes Colombia. Mientras, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, aunque reconoce bondades en la iniciativa, manifiesta que el sistema “requiere una reforma más profunda” e invita “a seguir trabajando mancomunadamente en busca de ella”.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas considera que dicho proyecto no resuelve los problemas de fondo y que la mayoría de lo que propone ya está contemplado en otras normas que solo necesitarían reglamentarse. Algo similar opina Acemi, gremio de las EPS del régimen contributivo, quien afirma que es inoportuno, innecesario y en un par de puntos inconveniente.
Cambio Radical y su cabeza, Germán Vargas Lleras, ha dicho que detrás de la solicitud de archivo del proyecto hay intereses muy poderosos de quienes se verían afectados, empezando por muchas EPS y por los grupos de cabilderos que tramitan intereses particulares “y últimamente de los promotores del paro que se equivocan al ponerse al servicio de esos oscuros propósitos”.
A través de los decretos 109 y 466, el Gobierno estableció las líneas de la campaña de inmunización contra el covid-19 en el país, que tiene como objetivo, a lo largo de cinco etapas y dos fases, vacunar al 70 por ciento de la población (35 millones) para alcanzar la inmunidad colectiva.
A la fecha se han aplicado 6’478.808 dosis, que sirvieron para tener inmunizadas ya a 2’440.975 personas (6,97 por ciento de los 35 millones). Aunque es un plan estatal, la participación de privados se abrió a través de la resolución 507 del Ministerio de Salud, con la cual habilitó la compra por parte de particulares bajo ciertas condiciones. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado esta posibilidad.De acuerdo con expertos, dado que el plan tiene un carácter absolutamente oficial, esa sería la única participación a la fecha por parte de particulares.
REDACCIÓN EL TIEMPO
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