Puntos llamativos de las 104 peticiones del comité del paro

El pliego de peticiones que le presentó el Comité Nacional del Paro al Gobierno dejó en evidencia que entre las 104 peticiones hay algunas que serán muy difíciles de negociar.

Unas porque el Ejecutivo considera que no son de su resorte, otras porque requieren reformas demasiado profundas y otras que afectan el tema fiscal.

Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los asuntos económicos, están solicitando que Ecopetrol vuelva a ser netamente estatal. Hoy, la Nación es dueña del 88,49 por ciento de la empresa. El resto corresponde a algunos fondos privados y a más de 300.000 ciudadanos.

Según cálculos preliminares, recomprar las acciones que los minoritarios tienen en la estatal petrolera costaría unos 15 billones de pesos, teniendo en cuenta que el valor en bolsa de la empresa es de 134 billones en este momento.

Otra de las peticiones es que se prohíban el ‘fracking’ (método de extracción de petróleo no convencional) y el uso del glifosato para la eliminación de los cultivos ilícitos. El propio Consejo de Estado ya dio vía libre para el inicio de algunos pilotos de ‘fracking’ en el país.

Sobre el uso del glifosato hay que señalar que desde la Casa de Nariño se considera que parte del “exponencial” incremento de los cultivos ilícitos se ha debido a la suspensión de la fumigación con ese químico.

El comité del paro –que anunció que entrará en receso por la Navidad y regresará a partir del 15 de enero– también está pidiendo el retiro del proyecto de reforma tributaria del Congreso. Esto es casi imposible por lo avanzada que está la iniciativa en el Legislativo, y porque esto tendría que ser aprobado por el mismo Legislativo.

También piden que el Gobierno se abstenga de tramitar una reforma pensional. Para los entendidos, es absolutamente necesario que se realicen estos ajustes debido a que el Estado destina en el presupuesto más de 40 billones de pesos anuales para este asunto.

En el pliego de ocho páginas también se pide, por ejemplo, la liberación inmediata de las personas detenidas en el marco de las protestas, así como de los “presos políticos”. En este punto, el Gobierno considera que no hay presos políticos y que la liberación de los detenidos es un asunto judicial.

Pero no se quedan en esto, sino que reclaman el retiro inmediato de Colombia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). Eso no es nada sencillo, pues se trata de un acuerdo internacional que Colombia suscribió voluntariamente.

Además de esto, insisten en que se retome la agenda de diálogo con el Eln. El Gobierno ha dicho que para reanudar esas conversaciones es necesario que esa guerrilla libere a todos los secuestrados y suspenda todas sus actividades violentas.

Indudablemente, uno de los puntos que más llaman la atención es que se modifiquen la doctrina militar y la política de seguridad y defensa. Para el Ejecutivo, este tema no admite discusión.

Por eso, Diego Molano, el delegado del Gobierno para este diálogo, dijo que se tomarán “un buen tiempo” para verificar las implicaciones que tienen las 104 peticiones. “Hay que meter a todos los ministerios en este análisis en profundidad que vamos a hacer”, aseguró Molano, quien agregó que todavía no se sabe cuándo se podrán reanudar los encuentros con el comité.

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