¿Odebrecht podrá volver a contratar con el Estado colombiano?

¿Odebrecht podrá volver a contratar con el Estado colombiano?

Camilo Gómez, director de la Andje, da nuevas cifras sobre billonarias demandas contra la Nación.

Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica

Camilo Gómez sostiene que demandar al Estado es un derecho que tienen los ciudadanos y hay que respetarlo.

Foto:

Rodrigo Sepúlveda / Archivo EL TIEMPO

Por: María Isabel Rueda
13 de noviembre 2018 , 06:06 a. m.

Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, da nuevas cifras sobre el escandaloso crecimiento de las billonarias demandas contra la Nación.

Veo unas cifras realmente escandalosas sobre la deuda litigiosa del Estado colombiano, que en el año 2010 era de mil millones de pesos, y en el 2018 ya es de siete billones de pesos. ¿Eso cómo pasó?

Siete billones más los intereses, que pueden estar llegando a los dos billones. Sorprende encontrar que del 2014 al 2018 la deuda no pagada creció asombrosamente.

La deuda por las demandas contra el Estado estaba controlada hasta el 2013; desde ahí se dispara, hasta llegar a esa cifra escandalosa de siete billones de pesos que estamos debiendo…

Sí, yo creo que fue una decisión del ministro de Hacienda de Juan Manuel Santos no pagar las condenas. Las condenas se deben pagar, de eso no hay lugar a dudas, son títulos ejecutivos contra la Nación. Además de todo, los intereses que le cobran a la Nación, según el Código de Procedimiento Administrativo, arrancan después del mes diez de la deuda, a los rangos comerciales máximos, es decir, el interés de usura. Esto se ha convertido en una bola de nieve. Hay que pararla.

¿Se ha vuelto un negocio enorme demandar al Estado?

Demandar al Estado es un derecho que tienen los ciudadanos, y hay que respetarlo, cuando el Estado hace mal las cosas. Claro que hay ciudadanos que abusan de ese derecho.

¿Está preparado el Estado para defenderse de esos abusos?

El Estado sí debe mejorar sus niveles de defensa, y sus niveles de calidad jurídica para evitar que lo demanden. Aquí no se trata solo de ganar más demandas, se trata de evitar que haya demandas, por hacer bien las cosas. Por eso, los abogados que defienden al Estado se tienen que especializar en eso, y estamos trabajando incluso en un proyecto para calificarlos, someterlos a exámenes, y así elevar el nivel de la defensa del Estado colombiano.

También vienen en aumento las controversias internacionales de inversión. De junio del 2017 pasamos de demandas con solicitud de arbitraje por 9,6 billones a 17,6 billones en 2018…

Aún más grave. Si uno ve la historia en el año 2015, no había ninguna demanda de arbitraje de inversión. En el año 2018, en agosto, teníamos 17 billones en juego. Este tipo de arbitramento sucede cuando los inversionistas privados acuden a los tratados de protección de inversiones y demandan al Estado porque incumplió alguno de los estándares que esos tratados contemplan, como el trato justo y equitativo, de protección plena, en fin, varios más. Es decir, en el fondo son cambios de reglas del juego. Hay unas demandas que pueden ser discutibles, pero hay otras que son absurdas, por ejemplo, la de Odebrecht, vía el tratado con España contra Colombia.

Ya vamos a Odebrecht, déjeme ese platillo para el final. Pero, por el aumento de las demandas, ¿hay que acabar los acuerdos de protección a la inversión?

No. Bajo ningún aspecto. Hay gente que cree que el problema es firmar acuerdos de protección de inversión. Eso da estabilidad jurídica. Colombia tiene que hacer bien las cosas y cumplir los compromisos con los inversionistas y con los demás Estados. Los arbitrajes hay que atenderlos porque son los compromisos de Colombia, que tiene que distinguirse por cumplir con sus obligaciones legales.

¿Contra qué sectores del Estado recaen en su mayor parte estas demandas?

Es muy intensa contra el sector de minas y energía, el de infraestructura y el de defensa. Contra la Fiscalía y contra la Contraloría, también. Ahí hay unos mayores niveles de litigiosidad, unos justificados, otros puede que no, pero como le dije, hay que respetar el derecho del ciudadano a demandar dentro de parámetros lógicos.

Hablemos un poquito de la detención de las personas que después resultan libres y demandan a la Nación por daños y perjuicios...

Sí, durante varios años, el Consejo de Estado sostuvo la tesis de que si la persona que era detenida y luego no era condenada, eso hacía al Estado responsable por privación injusta de la libertad. La Corte Constitucional primero, y luego el Consejo de Estado, cambiaron la posición, y ahora ya se tienen que analizar razones del caso en concreto, no solo objetivas, sino también subjetivas. La antigua posición le costó mucho al Estado en los últimos años. Y tenía una consecuencia aún más grave: los fiscales se sentían preocupados de tomar la decisión de una detención preventiva, porque podían acabar siendo condenados en acción de repetición. Todavía hay demandas que suman 16 billones en esa materia. Pero la posición nueva va a ayudar mucho.

Vamos al caso Odebrecht. La compañía nos está ofreciendo una indemnización millonaria que hasta ahora hemos rechazado. ¿Colombia debería aceptarla, o no?

Odebrecht le propuso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica un acuerdo que rechacé de inmediato. Pretendía que se le suspendieran todas las acciones y sanciones, que les garantizáramos poder continuar en la actividad constructora en Colombia, y que ellos indemnizaban al Estado colombiano por 96.000 millones de pesos.

Hoy la oferta va en 106.000 millones… Pero eso, a cambio de que se suspendan los procesos fiscales, administrativos y disciplinarios contra la empresa y sus funcionarios…

Pero el daño que le causó Odebrecht al Estado colombiano, a la Nación, a los ciudadanos, el daño ético causado por el mayor soborno transnacional que se haya conocido en el mundo, porque era una organización dedicada al soborno, es irreparable. Se organizaron para sobornar no uno o dos funcionarios, sino la empresa.

¿Qué instrumentos tenemos?

Tengo la convicción de que Odebrecht como empresa debe ser sancionada también. Hoy la Agencia Jurídica del Estado, en defensa de los intereses de Colombia, está analizando la posibilidad de solicitar que se inhabilite a Odebrecht por 20 años, como lo dice la ley de soborno transnacional en Colombia, que además depende de la Convención Internacional contra el Soborno, de las Naciones Unidas, de la cual Colombia hace parte, y de los principios de la Ocde, que si no aplicamos cuando ya somos miembros, vamos a quedar muy mal. Una compañía como esa no debe tener capacidad de contratar en Colombia.

¿Existe hoy una fórmula jurídica para impedírselo?

Sí, y la vamos a aplicar. La Agencia va a pedirle eso a la autoridad competente, que es la Superintendencia de Sociedades, para que estudie si es posible declararla inhábil hasta por 20 años, que es la sanción que prevé la ley contra el soborno transnacional.

Desde el punto de vista práctico, si Odebrecht paga esos miles de millones y promete tener prácticas comerciales legítimas, limpias y terminar la Ruta del Sol, ¿no es más práctico, como han hecho otros países, admitirle esta propuesta con indemnización?

No creo. Las consecuencias en el mediano y largo plazo son mayores. La ética no se negocia por una cifra. No se negocia el daño que se le hizo al país, corrompiendo a todos los niveles. Es que no solamente son asuntos de contratación. Estamos hablando de que Odebrecht se metió a violar normas descaradamente en todos los aspectos. ¿Entonces, por qué vamos a premiarle a un corrupto, a una compañía que es confesa en corrupción, a cambio de una suma de dinero, para que pueda volver a trabajar en Colombia? Sería el mejor incentivo para los corruptos. Llegan, sobornan, ganan mucha plata, después pagan parte de esa plata, y vuelven a trabajar en Colombia. Contra la corrupción, contundencia. Ahí no caben puntos medios.

¿La Superintendencia de Sociedades sería la que tiene que decidir si su propuesta de vetarlos es válida o no?

Sí.

¿Y ha tenido algún avance con ellos? ¿O en esta entrevista está proponiendo por primera vez ese tema?

No. Es la primera vez que hablo de este asunto. La Agencia tiene la obligación de defender los intereses de la Nación y del Estado colombiano, y me parece que parte de esa defensa es pedir la máxima sanción para quienes cometieron uno de los hechos más graves de corrupción en Colombia y en América Latina. Creo que sería absurdo ver a Odebrecht construyendo una nueva obra después de lo que sucedió. Sería un incentivo para los corruptos, absoluto.

Y encima de que sobornaron, robaron, dejaron las autopistas a medio construir, ahora nos demandan por una suma inverosímil, 3,8 billones de pesos. ¿Cómo funciona eso de que la demanda nos la haya interpuesto Odebrecht vía España?

Eso es como dice el refrán: los pájaros tirándoles a las escopetas. Odebrecht es el responsable, no el Estado colombiano. Ellos fueron los que cometieron el crimen de soborno transnacional. Ellos fueron los que sobornaron funcionarios. Y ahora resulta que van a demandar, además acogiéndose a un tratado mediante una maroma absurda. Por allá mediante una filial española, de la cual no se conoce mayor actividad, ni siquiera que tenga contratada gente, acuden al Tratado con España. Esto es un típico abuso del derecho de un inversionista. Yo creo que España tampoco debe estar muy tranquila con esa demanda, porque definitivamente es abuso del Tratado, abuso de la fórmula de arbitraje.

Finalmente, otro tema muy complicado es Electricaribe. ¿Eso para dónde va?

En Electricaribe hay una demanda por 1.600 millones de dólares contra el Estado colombiano. Además de otros procesos internos, y, obviamente, hay una posición muy crítica en la Costa por todo lo que sucedió. No puedo avanzar mucho sobre eso porque está en medio de un litigio, pero estamos analizando en profundidad todos los asuntos relacionados con ese arbitraje de inversión que está iniciando. Esperamos que Colombia logre salir avante en ese asunto. La posición del Estado colombiano es sólida, fuerte y con buenas pruebas.

¿Cuántos abogados tiene usted en esas billonarias defensas?

Contamos con una de las plantas más pequeñas del Estado y usamos solamente unos cuantos abogados externos. Este es el cuerpo élite de los abogados del Estado colombiano, el cual atiende las mayores demandas contra Colombia. Creo que el lema está clarísimo: en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, los ciudadanos pueden confiar porque saben que Colombia sí tiene quién la defienda.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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