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Nariño: para consejero de Seguridad, apuesta no puede ser más tropa
Rafael Guarín, asesor de Seguridad Nacional del gobierno Duque

Rafael Guarín Cotrino es el asesor de Seguridad del gobierno Duque

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Archivo particular

Nariño: para consejero de Seguridad, apuesta no puede ser más tropa

Dice que el problema son las economías ilícitas y que se desmanteló política contra narcocultivos.

Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, habló con EL TIEMPO a propósito de los últimos hechos de violencia, registrados particularmente en Nariño, y dijo que el problema se debe a las economías ilícitas. 

De acuerdo con Guarín, cuando el presidente Iván Duque inició su gobierno, el narcotráfico no solo había desbordado al Estado, sino inundado al país, y aseguró que los eventos de violencia deplorable, como el de Samaniego, son el “resultado de la irresponsabilidad de la administración anterior al desmantelar la política contra cultivos ilícitos”.

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Para el consejero presidencial, la apuesta no puede ser más tropa y más policía, sino  que se requiere articular seguridad y justicia con desarrollo económico y oportunidades.

¿Qué es lo que está pasando en el pacífico nariñsense?

Todo se reduce fundamentalmente a dos palabras: economías ilícitas. La situación de violencia en esa región, como en Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, Cauca y Chocó obedece a la disputa por el control de los nodos y actores de la red de valor del narcotráfico o de la extracción ilícita de minerales. En Nariño, por ejemplo, la coca pasó en 2012 de 10.733 hectáreas a 45.734 en 2017, según la ONU. Un crecimiento de 326% más, que equivale, para que nos hagamos una idea, a 49.021 campos de fútbol cultivados. Por supuesto, eso se combina con una larga historia de debilidad de las instituciones y con un déficit de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en esas regiones.

¿Realmente hay mexicanos en esa zona del país metidos en el tema del narcotráfico?

En Colombia no hay bandas armadas conformados por ciudadanos mexicanos, lo que existen son emisarios de los carteles de México que vienen a negociar los cargamentos de clorhidrato de cocaína y garantizar su calidad. El narcotráfico es un delito transnacional y como tal comprende actores de diversos países. A Colombia la dejaron naufragando en coca en 2018 y es lógico que los carteles que la llevan a Estados Unidos y Europa la compren donde se produce.

Cuando el presidente Duque inició su gobierno el narcotráfico no solo había desbordado al Estado, sino inundado al país

¿El asesinato de esos jóvenes en Samaniego no es una muestra que el tema del narcotráfico está desbordando al Estado?

Cuando el presidente Duque inició su gobierno el narcotráfico no solo había desbordado al Estado, sino inundado al país. Los eventos de violencia deplorable, como el de Samaniego, son el resultado de la irresponsabilidad de la administración anterior al desmantelar la política contra cultivos ilícitos. Las cifras no mienten. Según la ONU, en 2012 había 47.788 hectáreas de coca en todo el país y en 2017 la cifra llegó a más 171.000, las multiplicaron casi por cuatro veces. Más coca son más grupos armados ilegales, más homicidios, desplazamientos forzados, más líderes sociales amenazados, más poder corruptor y más policías y militares asesinados. Este Gobierno enderezó el camino, detuvo el tsunami de coca y comenzó su reducción. En un esfuerzo titánico se consiguió reducir en 15.000 las hectáreas en 2019.

¿Y si se sabe que hay grupos irregulares, qué pasa con el Ejército y la Policía?

Las amenazas hoy son diferentes al pasado. Sin generalizar, pero los tiempos de los grandes campamentos y de las cuadrillas de criminales uniformados y con armamento largo que de forma permanente y visible actuaban en diferentes zonas del país, cambió. En diferentes regiones hoy predominan pequeños grupos vestidos de civil, con armas cortas y que se esconden en medio de la población. Son grupos invisibles, pero efectivos a la hora de generar terror. Las armas del Estado para combatirlas son por tanto diferentes en algunas zonas. Más que las grandes operaciones beta de bombardeo contra campamentos, hoy el énfasis está en la inteligencia y la investigación criminal. El objetivo es judicializar a esos individuos y estructuras, con el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación.

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En una columna publicada en EL TIEMPO precisamente usted señaló que el problema no eran las Farc, sino las economías ilícitas y la debilidad institucional…
Sí, la violencia antes del acuerdo de La Habana y hoy tiene una misma razón de ser, las economías ilícitas y los vacíos de institucionalidad o la precaria institucionalidad en algunas regiones del país. Hay que reconocer que en Colombia no se ha terminado de construir la nación y el Estado. De donde salieron las estructuras de Farc que controlaban el negocio de la coca, subsisten disidencias de ese antiguo grupo o llegaron a disputarse el control de las rentas ilícitas el Eln o el Clan del Golfo. Lo que importa son los negocios, la mafia, nada más. ¿O qué cree usted que lleva a que el grupo armado organizado Los Pelusos, que delinque en Norte de Santander, enviara una comisión al norte del Cauca? La respuesta es sencilla: la coca y la marihuana.

Colombia no tiene ninguna opción diferente a derrotar el narcotráfico

¿Y entonces qué se puede hacer?

El señor Presidente asumió este desafío con una visión amplia de la seguridad. La apuesta no es tropa y más tropa o policía y más policía. Lo que se requiere es articular seguridad y justicia con desarrollo económico y oportunidades. Las Zonas Futuro condensan esa estrategia. Incluye instrumentos jurídicos que permiten focalizar recursos en esas regiones, acelerar la implementación de los Planes de Desarrollo con Enforque Territorial (PDET), empoderar a las comunidades y fortalecer el Estado de derecho y la democracia. A eso se suma el nuevo Plan Colombia presentado esta semana por el Consejero de Seguridad de la Casa Blanca, con el nombre Colombia Crece. Los recursos ofrecidos están destinados primordialmente para la transformación estructural de las regiones más afectadas por las economías ilícitas. No es más tropa, es más Estado, más mercado y más derechos para la gente.

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¿Pero sí habrá plata para invertir en esas regiones?

Con el decreto de Zonas Futuro todas las instituciones del Gobierno Nacional deben focalizar recursos en Pacifico nariñense, sur de Córdoba, Bajo Cauca, Arauca, Catatumbo y Chiribiquete y los parques naturales contiguos. Además, por primera vez los 50 municipios que componen estas zonas no tendrán que competir con las demás entidades territoriales del país para acceder al presupuesto nacional. Bastará que cumplan los requisitos de cada convocatoria para que se les asignen. Además, con la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos se podrá disponer de hasta 5000 millones de dólares en los próximo tres años, con el fin de acelerar los PDET y hacer inversión en las regiones, de la mano de gobernadores y alcaldes.

Los cultivadores dicen que no ha llegado la plata para la restitución. ¿Cómo avanzar si no hay sustitución?

Colombia no tiene ninguna opción diferente a derrotar el narcotráfico. El foco de la estrategia es la transformación de las regiones sustituyendo economías ilícitas por lícitas. Está demostrado que para eso repartir subsidios o plata no es suficiente, ni eficiente, por el contrario, a veces puede generar incentivos perversos. Lo que se requiere es una visión integral orientada a transformar las regiones. Eso implica vías de comunicación, proyectos productivos a gran escala, educación, salud, control de los ríos, creación de mercados y acceso a los mismos, justicia y combatir la corrupción y la captura del Estado que pululan en esas regiones.

Gracias a la labor del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública el año pasado se incautaron alrededor de 430 mil kilos de cocaína, se redujeron de forma importante los cultivos de coca

¿En lo que resta de este Gobierno qué se va a hacer?

Tres cosas: acelerar la implementación de los PDET, fortalecer las medidas de protección de la población en esas regiones y desarticular los grupos armados organizados y los grupos de delincuencia organizada que delinquen en esas zonas. Esto, no perdiendo de vista que la clave está en lograr la disrupción de las economías ilícitas y trabajar con las autoridades territoriales, incluidas las indígenas y las de comunidades negras.

¿Y desde el punto de vista militar, qué va a pasar?

Seguir dando resultados. Gracias a la labor del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública el año pasado se incautaron alrededor de 430 mil kilos de cocaína, se redujeron de forma importante los cultivos de coca, se golpearon duramente estructuras criminales y se protegió a la población de la acción de dichos grupos. Se dio de baja a alias Guacho y se capturó a alias Contador, dos de las cabezas del narcotráfico en Pacífico nariñense. A pesar de eso, como lo ha ordenado el señor Presidente, se requiere todavía más esfuerzo, más eficacia y más acento en la prevención.

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POLÍTICA
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