No solo lo mataron, sino que lo remataron. Como en la era de violencia de los años 50, lo ocurrido con el líder social José Yimer Cartagena Úsuga, de 29 años, asesinado el pasado 10 de enero en zona rural de Carepa (Antioquia), muestra que los tiempos de la barbarie aún no se han ido.
En la Asociación de Campesinos para el Desarrollo del Alto Sinú, en Córdoba, (Asodecas), aún no salen del estupor. Cuentan que a Cartagena lo mataron de 32 puñaladas. Y, además, dicen: “Le sacaron la lengua y le arrancaron las uñas”.
Cartagena es la víctima más reciente de una estela de violencia que nada la detiene. Su caso es similar al de otros dirigentes agrarios y de restitución de tierras que han hallado la muerte por reclamar lo suyo.
El 10 de enero de 2016, en horas de la tarde, el dirigente campesino se desplazaba de la vereda el Cerro hasta el casco urbano de Carepa, en Antioquia. En el punto conocido como La Petrolera de este municipio fue abordado por un grupo de desconocidos, quienes lo obligaron a subirse a una camioneta blanca. Su cuerpo, sin vida y torturado, fue hallado al día siguiente.
Según la Unidad de Restitución de Tierras, el homicidio del señor Cartagena Úsuga es motivo de investigación. Sin embargo, la Unidad le informó a EL TIEMPO que él, en particular, no figura como reclamante de predios ni tuvo procesos individuales en la entidad.
¿Pero qué es lo que está pasando con esta serie de asesinatos a líderes sociales? Es la pregunta que gravita en el ambiente en momentos en que paradójicamente en el país se habla de la fase de implementación de los acuerdos de paz con las Farc y se anuncia la fecha para instalar la mesa pública en búsqueda de un acuerdo con el Eln
Gerardo Vega es el director de la Fundación Forjando Futuros, una organización dedicada a la protección y reivindicación de las víctimas de la restitución de tierras. “En el país hay una oposición armada a la Ley de Restitución de Tierras”, dice. “La muerte persigue a los reclamantes de tierras”, agrega Vega.
“Esa es la pepa del asunto”, dice. Según él, el problema y origen de la violencia, aún sin resolver, es el de la tierra y su propiedad. En Colombia hay 114 millones de hectáreas de tierra. De estas, el 65 por ciento están sin formalizar. Así, por ejemplo, en el departamento del Magdalena en el año 2016 los reclamantes de tierras de nueve comunidades denunciaron amenazas de muerte y presiones para que no continuarán con los procesos de restitución.
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Todos sueñan con ese botín. Detrás van desde anónimos campesinos hasta poderosos empresarios que buscan ser sus propietarios de manera legal. Sin embargo, en el desorden existente imponen su ley los actores armados ilegales que la requieren en unos casos para aumentar sus fortunas o en otros para controlar las rutas que les permiten manejar el negocio de la droga.
Y aunque ha habido avances en las leyes para reivindicar a los propietarios de buena fe, la realidad está llena de escollos. Existe, por ejemplo, la restitución de tierras que es una parte de la reparación integral de la Ley de Víctimas.
El papel dice que la Restitución de Tierras es el derecho que tienen las víctimas a que se les devuelva su predio cuando este fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La Ley de Víctimas no solo busca devolver la tierra con su respectivo título de propiedad, sino también mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna.
Sin embargo, desde su expedición –en el año 2008– han sido asesinados 71 reclamantes. Incluso, a un funcionario de la Unidad de Restitución de Tierras. Se trata del topógrafo Robinson Álvarez Quemba, de 39 años. El profesional fue atacado a tiros el 8 de julio de 2014 en la vereda Quebradona, en San Roque, Antioquia, cuando adelantaba labores de levantamientos topográficos.
Se trata de organizaciones en las que se han agrupado empresarios deshonestos, narcotraficantes y oscuros personajes dedicados a la minería ilegal. ¿Quién está detrás de los disparos? “En Colombia se han creado poderosas mafias para apropiarse de la tierra. Mientras en el país no se sepa con precisión quién es dueño de cada pedazo, será muy difícil parar esta situación”, dice Vega.
El 22 de octubre del año 2015, todos los casos de muertes y amenazas contra reclamantes de tierras fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, sin que hasta ahora haya una respuesta.
En los acuerdos de La Habana con las Farc se estableció en el primer punto de desarrollo rural la reversión de las causas y efectos del conflicto armado, como la concentración en la propiedad de la tierra y el atraso rural. Para lograrlo, hay medidas que promoverían desde la restitución de la tierra a sus verdaderos dueños, hasta su uso adecuado. En ese sentido, se prioriza la formalización de la propiedad y su distribución equitativa.
Sin embargo, estos pasos parecen ir a un ritmo más lento que el que desde la clandestinidad han impuesto los asesinos. Criminales que ahora no solo les quitan la vida a los anónimos y humildes propietarios de la tierra, sino que los rematan con sevicia, como ocurrió en el caso de José Yimer Cartagena Úsuga.
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