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Gobierno

Mininterior acusa a oposición de ‘desinformar’ sobre seguridad ciudadana

Bogota abril 16 de 2021. Manifestación a la altura de la Primero de Mayo por NQS. Bloquean ambos sentidos del carril exclusivo. Manifestantes sacan el aire a las llantas del TM, policía hace presencia. Fotos: Milton Diaz El Tiempo

Bogota abril 16 de 2021. Manifestación a la altura de la Primero de Mayo por NQS. Bloquean ambos sentidos del carril exclusivo. Manifestantes sacan el aire a las llantas del TM, policía hace presencia. Fotos: Milton Diaz El Tiempo

Foto:Milton Diaz / El Tiempo

El ministro del Interior, Daniel Palacios, habló con EL TIEMPO sobre la polémica ley.

pOLÍTICA 
El proyecto de ley de seguridad ciudadana se convirtió en uno de los pulsos más intensos que ha tenido el Gobierno con la oposición en el Congreso. 
La iniciativa, que concluyó su trámite la semana pasada en el Legislativo, busca endurecer castigos para delitos como hurto o daños a sistemas de transporte público o de infraestructura oficial, como los CAI, los palacios de justicia, entre otros.
En charla con EL TIEMPO, el ministro del Interior, Daniel Palacios, cuya cartera fue una de las que presentó este proyecto junto con el Ministerio de Defensa y de Justicia, habló sobre este polémico proyecto, otras iniciativas del Gobierno en torno a la reforma a la Policía y sus avances en el Legislativo. 
¿Cuál es el balance del Gobierno en este semestre legislativo?
Fue un periodo legislativo muy activo en el trabajo con el Congreso. Logramos la aprobación de veinte leyes, en las que nos enfocamos mucho en temas de seguridad ciudadana, Policía Nacional, reactivación económica, atención de los más vulnerables. Sin lugar a dudas el logro más grande del Gobierno fue el proyecto de inversión social, el cual ha generado la posibilidad de seguir atendiendo a los más 3,4 millones de hogares con Ingreso Solidario.
En el tema ambiental, ¿cuáles fueron las principales iniciativas del Gobierno aprobadas?
Entre los grandes logros de la agenda legislativa y que ha sido una muestra muy clara del compromiso del señor Presidente de la República con el medio ambiente hay tres leyes. La primera, la ley de delitos ambientales, que busca luchar contra la deforestación y combatir los delitos ambientales. Se trata de una lucha directa contra el acaparamiento de tierras, que es uno de los delitos que mayor deforestación genera.
¿Cuáles son las otras dos?   
El segundo es un proyecto que es el de transformación energética, que también busca avanzar más hacia las energías limpias, renovables y que generen cuidado al ecosistema y el medio ambiente. Y el tercer proyecto ya fue sancionado y es el de acción climática, el cual va con la política que el señor Presidente se comprometió en Glasgow (Escocia) sobre la carbononeutralidad y la búsqueda de las cero emisiones. Es un paquete ambiental muy fuerte.
Ministro del Interior, Daniel Palacios.

Ministro del Interior, Daniel Palacios.

Foto:Ministerio del Interior

Una deuda pendiente con la protección de los líderes ambientales es la ratificación del Acuerdo de Escazú, ¿qué es lo que pasa con ese proyecto?
Es un proyecto que ya se ha presentado dos veces al Congreso. Primero se hizo un trámite con mensaje de urgencia y no logró salir de las comisiones. Ha habido una resistencia gigante por parte del Congreso para sacar adelante esa iniciativa. La volvimos a radicar el 31 de agosto. Lamentablemente no se le ha asignado ponente, no ha podido avanzar en comisiones. Seguiremos insistiendo en el próximo periodo legislativo, pero el Presidente ha demostrado su compromiso con ese tratado radicándolo no una vez, sino dos veces en el Congreso.
¿El Gobierno se siente satisfecho con la aprobación de las reformas de la Policía y la ley de seguridad ciudadana?
El señor Presidente trazó una apuesta por la transformación de la Policía que viene desde la política se seguridad ciudadana del 2019 y que se trabajó durante todo este año en foros en las regiones, con ciudadanos, con academia y Congreso, para radicar dos importantes proyectos. El primero, un código disciplinario policial, que se actualizó, se modifica y en el que se incluyen nuevas conductas. También se agravan otras para poder separar del cargo, destituir y sancionar a los miembros de la Policía que no actúen como debe ser. Se reitera el compromiso del Gobierno con la cero tolerancia a la extralimitación de poder o con la violación de la ley de la Fuerza Pública.
¿Qué se podría destacar de esta iniciativa?
Que se deja especificado con claridad que cualquier delito que sea una violación del derecho internacional humanitario será de poder preferente de la Procuraduría. Y el otro proyecto es el de profesionalización de la carrera policial, que busca establecer, con criterios de derechos humanos y académicos, cómo deben ser los estándares, procesos y protocolos para la aplicación de todos los procedimientos policiales. Se crea el Centro de Estándares y la Dirección de Derechos Humanos. De igual forma, se genera gratuidad para los estratos 1, 2 y 3 que quieran acceder a ser policías de la patria. Además de esto, se establecen diferentes niveles de certificación de competencias, que quiere decir que los miembros de esta institución, para ascender, serán evaluados sobre sus competencias. Y también hay mejoras salariales, que en algunos casos llegan a un 35 por ciento de incremento. Esto, a través de una bonificación de asistencia familiar que se pagará bimensualmente a partir del próximo año. Y, para patrulleros, suboficiales o mando ejecutivo que hayan cumplido más de 23 años en la institución, se les daría una bonificación adicional para que no se retiren, con lo que buscamos mantener a los policías buenos.
¿Y qué se puede decir de la ley de seguridad ciudadana?
Que no se puede ver por separado ninguno de estos tres proyectos de ley, los dos de reforma de la Policía y el de seguridad ciudadana. Todos son un conjunto que hace parte de un fortalecimiento institucional a las capacidades de nuestra Fuerza Pública y para combatir la criminalidad. El proyecto de seguridad ciudadana, que se trabajó de la mano de los ministerios de Justicia y Vivienda, de la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, lo que busca es endurecer los castigos para delitos que tienen alto impacto en la sociedad y mejorar procedimientos para garantizar que los delincuentes violentos no estén en la calle, sino en la cárcel. Esta es una de las grandes frustraciones de los
ciudadanos.
¿Qué pasará con quienes cometan delitos callejeros?
Con esta ley, lo que estamos diciendo es que quien cometa un delito violento implementando un arma de fuego, un arma blanca o un arma de letalidad reducida se tendrá que ir de manera obligatoria a la cárcel mientras se determina su culpabilidad.
En este proyecto hubo una polémica acerca de hasta qué punto se limita la protesta social, ¿cómo sacó adelante el Gobierno este tema?
Lo primero es que en este proyecto en ninguna parte se limita la protesta social, la cual está garantizada por la Constitución. La protesta pacífica está protegida y no encontrarán en esta iniciativa nada donde se mencione ninguna limitación a esta. Lo que sí existe son temas como la agravación del daño en bien ajeno cuando se atente contra el sistema de transporte público –que es de todos los colombianos– o sobre la infraestructura de seguridad ciudadana –es decir, CAI– o en contra de la infraestructura al sistema de administración de justicia –es decir, palacios de justicia–. En esos casos, la condena no puede ser excarcelable.

En este proyecto en ninguna parte se limita la protesta social, la cual está garantizada por la Constitución

¿Qué significa esta disposición?
Que el Gobierno y el Congreso, en su mayoría, no condonan, y consideran que debe ser castigado con severidad quien ataque o incite a incendiar un CAI, un palacio de justicia o un sistema de transporte público.
¿Cómo quedó el tema de la obstrucción de las vías públicas o bloqueos?
La obstrucción de la vía pública ya existe hoy día en el Código Penal y lo que se establecen son unos agravantes para ello: cuando se haga con arma de fuego, valiéndose de la condición de funcionario público, con el uso de máscaras que impiden la identificación, forzando a menores de edad a estar en estas obstrucciones. No se está generando un delito nuevo, lo que se está es poniendo un agravante.
¿Cómo fue la polémica por el tema de la propiedad privada?
Existe mucha desinformación generada por la oposición. Dijeron que aquí se estaba autorizando disparar desde espacios públicos, lo cual es absolutamente falso. En ninguna parte del texto se menciona eso. También dijeron que esto autorizaba a cualquier ciudadana a matar a cualquier persona en la calle. Falso. La defensa personal legítima ya existe en nuestro ordenamiento jurídico. Lo único que se hizo en este proyecto fue establecer dos excepciones en las que la carga de la pena se invierte.
¿Cómo funciona esto?
En la defensa personal tradicional se debe probar que el ciudadano actuó en defensa propia, es decir que la carga de la prueba la tiene él. Lo que estamos diciendo en este proyecto es que solamente hay dos circunstancias o espacios específicos en las que no es así: cuando sea en la habitación, lo que se considera la residencia, o en el carro o vehículo privado. En esos dos casos se invierte la carga de la prueba, porque cuando se está en la casa o en el carro hay una expectativa de seguridad, se está en estado de desprevención y, además, puede estar con sus familiares, y quien irrumpe y pone en riesgo a las demás personas es el bandido.
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