Nueva época de máxima austeridad, de recorte en el gasto público, de eliminación de nóminas paralelas, de reducción de los “contratos de servicios”, de congelación absoluta de la nómina, de reducción de gastos generales, anuncia el Gobierno. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, informó que en el proyecto de presupuesto que presentará la semana entrante al Gobierno todo se reduce. Dentro de esos propósitos de ahorro, se objetará la ley que rebaja del 12 por ciento al 4 por ciento el aporte de los pensionados a la salud.
¿Qué novedades trae el presupuesto?
Seguimos en la política de austeridad. Vamos a continuar reduciendo el gasto, con el objetivo de cumplir con las metas fiscales y consolidar la calificación BBB de nuestro país.
¿De cuánto fue el presupuesto de gastos para este año 2017?
Para la actual vigencia, incluidos los recursos de la adición, se aprobaron gastos sin considerar el servicio de la deuda, por valor de 181,7 billones de pesos.
¿Y para el año próximo de cuánto será?
Va a tener una reducción en cifras reales de un poco más de 5 billones de pesos. Se espera que el monto sea cercano a los 182,1 billones de pesos, sin considerar el valor del servicio de la deuda.
Pero ¿de dónde van a recortar?
Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en todos los frentes. Se recortarán gastos generales; la planta de personal seguirá congelada en todas las entidades estatales; los aumentos salariales de la mayoría de los funcionarios públicos no podrán exceder el 1 por ciento por encima de la inflación. En fin, vamos a mantener una política firme de austeridad. El gasto público el próximo año tiene que caer en 0,5 por ciento del PIB, equivalente a la reducción en el déficit que nos impone la regla fiscal entre 2017 y 2018. El presupuesto que presentaremos al Congreso antes de terminar el mes reflejará cabalmente ese compromiso.
Con respecto a la planta de personal, ¿no se harán recortes ni despidos?
No se harán recortes ni despidos, pero sí congelamiento de la nómina, es decir, que no se van a proveer las vacantes que hoy existen ni se contratará personal nuevo en las entidades. Estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 617 del año 2000, que dice que el costo de la nómina total no puede exceder la inflación. También habrá una reducción en contratos de prestación de servicios y en gastos generales.
¿A qué llama usted “gastos generales”?
Viáticos, gasolina, papelería, teléfonos celulares, publicidad. Todo tiene que seguir reduciéndose.
¿Hay espacio para reducir?
Sí, habrá controles muy estrictos. Mantendremos para 2018 la instrucción que se impartió en el artículo 104 de la ley de presupuesto de este año: reducción de viajes, nada de materiales impresos, solo publicaciones electrónicas. Nada de compra de edificios, de embellecimiento de sedes, ni compra o renovación de vehículos. Y, obviamente, también vamos a tener que hacer un recorte en inversión.
¿Estos propósitos de recorte y austeridad van a afectar la inversión social?
El gasto social es prioritario. En virtud de la Constitución Política y del Estatuto Orgánico del Presupuesto, el gasto social tiene prelación sobre los demás gastos; por eso, en las asignaciones presupuestales de la próxima vigencia se les dará la mayor prioridad a los programas sociales, para que no se vean afectados por el recorte del gasto.
¿Y qué piensa hacer para reducir el déficit fiscal?
Con el recorte adicional del gasto se reduce el déficit fiscal, complementando una tarea que venimos haciendo desde que se cayeron los precios del petróleo; entre 2014 y el presupuesto que llevaremos al Congreso para el 2018, el gasto del Gobierno diferente a intereses pasa de 16,8 por ciento del PIB a 15,5 por ciento del PIB. En línea con los lineamientos impartidos por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, conformado por expertos independientes al Gobierno, el déficit fiscal este año debe ser 3,6 por ciento del PIB y el de 2018 de 3,1 por ciento del PIB. Como los ingresos totales del Gobierno se mantienen estables en estos dos años, esa reducción del déficit solo puede venir de la reducción del gasto.
¿Esto quiere decir, señor Ministro, que la llamada ‘mermelada’ se acabó?
La mal llamada ‘mermelada’ son proyectos de inversión para el beneficio de las regiones, cuyos contratos, avances e informes de interventoría pueden ser consultados por la ciudadanía, un aliado fundamental en control de los recursos públicos, en el Portal de Transparencia Económica. Todos los rubros del presupuesto, todos, se reducen. Quiero ser muy claro en esto: las posibilidades de hacer inversión se limitan, se controlan las nóminas, se reducen los gastos generales. Habrá una austeridad inteligente, que no afecte la calidad de vida de las personas más vulnerables, es decir, que podamos mantener la política social, mantener los beneficios sociales de la población.
La firma calificadora Fitch dijo que si el Gobierno no reduce el déficit, pone en peligro la buena calificación en materia de riesgo que tiene el país...
Las calificadoras lo que hacen es poner notas y esa nota nos la mejoró Fitch en marzo, cuando nos pasó de perspectiva negativa a estable. Ahora lo que nos están diciendo es: “Ustedes, después de que les mejoramos la nota no se pueden ir de fiesta, tienen que seguir trabajando, y el paso siguiente es reducir el déficit fiscal el año entrante”. Por lo tanto, Fitch nos está haciendo una advertencia: hay razones de peso para seguir bajando el déficit fiscal y esto lo vamos a cumplir. Ya hicimos la parte más dura, lograr la aprobación de la reforma tributaria, con un gran costo político, que era necesarísima e indispensable para que el país mantuviera la calificación BBB. No dejaremos la tarea a mitad de camino.
Pensábamos que para el segundo trimestre del año la economía iba a empezar a mostrar mejores resultados
A propósito de la reforma tributaria y el aumento del IVA, la economía sigue resentida, la industria no crece, el comercio denuncia caída del consumo...
El efecto de lo que pasó el año pasado, altas tasas de interés, alta inflación, desaceleración asociada con fenómeno del Niño, paro camionero, todo eso ha tenido un coletazo que ha resultado más largo de lo que nosotros mismos habíamos pensado. La desaceleración económica fue una consecuencia natural del ajuste ordenado de nuestras cuentas externas, que evidenciaban un déficit muy elevado debido a la caída en los ingresos petroleros. Este proceso se dio el año pasado y a comienzos de este, y era necesario para asegurar la confianza de los inversionistas y las calificadoras.
Soy absolutamente sincero: con la rebaja de tasas de interés pensábamos que para el segundo trimestre del año la economía iba a empezar a mostrar mejores resultados; que no haya mejorado más, no quiere decir que eso no va a pasar.
Si algo funciona en la economía es que si se bajan las tasas de interés, se estimulan el consumo y la inversión, y eso vendrá; ya empezamos a ver algunas cifras positivas que lo llenan a uno de confianza: las exportaciones creciendo al 23,4 por ciento; inversión extranjera directa creciendo al 8,1 por ciento; la demanda de energía completó tres meses consecutivos de crecimiento en junio; la agricultura mostró un repunte fuerte de 7,7 por ciento en el primer trimestre del año; el alza en las cifras de ocupación hotelera; alza en el turismo, aumento de casi el 50 por ciento en número de visitantes. Avanzamos en la dirección correcta, pero reconozco que esto ha estado un poco más lento de lo que habíamos pensado, sin que con esto queramos decir que la recuperación no se va a dar. La recuperación viene de la mano de una menor inflación –por primera vez en el rango meta del Banco de la República desde enero de 2015–, de menores tasas de interés, de las 4G, etc. El crecimiento este año va a estar como lo proyecta el Gobierno, en 2,3 por ciento. Tampoco puedo crear una expectativa de que vamos a seguir bajando las tasas de interés al mismo ritmo de los últimos meses o en el mismo monto, porque ya estamos llegando al final del proceso de recortes en la junta directiva del Banco de la República.
¿5,75 por ciento en las tasas de interés no sigue siendo alto?
El Banco de la República ha llevado a cabo reducciones en la medida en que la corrección de la inflación y la vulnerabilidad externa lo han permitido. Es importante decir que el mejor dato que hemos tenido en los últimos meses es el de inflación de junio, 3,99 por ciento, ya dentro del rango que ha fijado el Banco de la República de entre 2 y 4 por ciento.
La noticia de la reducción de la inflación es excelente. Hace un año la inflación llegó a estar casi en el 9 por ciento, poniendo a prueba la capacidad de nuestro arreglo institucional en materia de política económica. La respuesta del Banco de la República fue responsable y acertada. Hoy, la economía tiene más certeza de que los ajustes en los precios se darán de acuerdo con la meta del Emisor. Una inflación baja y estable es condición importante para la inversión, la generación de empleo y el crecimiento.
La Asociación Bancaria acaba de expresar una seria preocupación porque ya se advierte un inquietante crecimiento en las diferentes carteras que tienen los bancos: la hipotecaria, la de consumo, la comercial. ¿No es grave que eso ocurra en un sector que hasta el momento era el que empujaba la economía?
Sí, razón de más para justificar la reducción de la tasa de interés, porque eso no solo ayuda a estimular el consumo y la inversión, sino también a que quien tiene deudas, para que las pague. No vamos a tomar medidas que sean desesperadas o que sean irresponsables; tenemos que seguir por esta vía porque ya hay luz al otro lado del túnel. Continuamos realizando un seguimiento cercano de la evolución de la cartera y vemos que la desaceleración se ha concentrado en la cartera comercial, mientras que la cartera a los hogares se ha sostenido de mejor manera. En todo caso, a pesar del crecimiento reciente de la morosidad, los niveles de cartera se encuentran lejos de los alcanzados en los últimos escenarios de estrés del sistema financiero. Y las provisiones son un colchón relevante, que representa un respaldo importante en esta coyuntura.
¿Cuánto les va a asignar el presupuesto del año entrante a los proyectos de paz?
Este año es de 1,8 billones de pesos. Para el año entrante será de 2,4 billones de pesos, esto muy centrado en el financiamiento de los llamados PDET, Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que se van a instalar formalmente la semana entrante con la participación del Presidente de la República.
¿Y cuál es el objetivo?
Implementar de manera prioritaria y con mayor celeridad los planes de la reforma rural integral, consignados en el punto uno del acuerdo final, en los 170 municipios más afectados por el conflicto armado, la pobreza, la presencia de cultivos ilícitos y el bajo desempeño institucional. Además de la importancia de dar prioridad a estos territorios para que lleguen las vías rurales, la salud, educación, agua potable, energía, la vivienda, el desarrollo productivo y el acceso a la tierra, la gran innovación de los PDET es que serán construidos de manera participativa por todos actores el territorio. Con esto me refiero a que participarán activamente las organizaciones sociales, las juntas de acción comunal, los indígenas, los afros, alcaldes, gobernadores, el sector privado y los gremios locales y las universidades regionales, entre otros.
¿Qué término tienen para presentar ese informe cada uno?
En nueve meses.
Otro tema: ¿qué va a pasar con la ley que aprobó el Congreso que rebajó del 12 al 4 por ciento el aporte de los pensionados a salud?
La ley será objetada.
¿Por qué razón?
Las razones para la objeción son 4. La primera: ese tipo de leyes requieren de un aval del Gobierno porque el Congreso de su propia iniciativa no puede tomar la decisión de bajar las tarifas de los tributos. El Gobierno fue consistente a lo largo de todo el debate en que no la avalaba. Entonces hay un vicio en la constitucionalidad. Hay un segundo vicio de trámite que también hace inconstitucional el proyecto: en la votación del informe de conciliación en la Plenaria del Senado se hicieron cerca de 5 votaciones, algunas de ellas sin el quórum suficiente. En tercer lugar: es una ley que rompe con otros principios constitucionales, que son la equidad, la solidaridad y la progresividad: le baja cotización a salud tanto al pensionado del salario mínimo como al pensionado que recibe una pensión de 18 millones de pesos, no hay progresividad, no hay equidad. Y, en cuarto lugar, no es sostenible fiscalmente; el Estado simplemente no cuenta con los recursos para reemplazar esos 3 billones de pesos que le quitarían de impuesto a la salud. Esas contribuciones que se hacen por parte de los pensionados financian la salud, así que si se dejan de recibir 3 billones de pesos de aportes a la salud, el Ministerio de Salud no tendría otra alternativa que reducir afiliación al régimen subsidiado de cerca de cuatro millones de personas.
Pero se ha insistido en que esa ley fue una promesa de la campaña del presidente Santos para su elección en el 2014...
Sí. La razón es que en el 2014, en el primer semestre, estábamos viviendo en una economía con el auge petrolero, a más de 100 dólares el barril, unas condiciones muy diferentes, donde era posible pensar en ese tipo de beneficios. Sin embargo, con el petróleo en 50 dólares por barril, las condiciones han cambiado radicalmente.
¿Y qué va a pasar con el tamizaje neonatal?
El Congreso de la República no envió esa ley, porque en el proceso final de conciliación se cometieron unos errores que generaron una situación donde el proyecto quedó viciado y el Congreso no lo envió a sanción presidencial.
YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO
