¿Cómo evitar que el narcotráfico produzca una masacre indígena?

¿Cómo evitar que el narcotráfico produzca una masacre indígena?

La ministra Nancy P. Gutiérrez explica la grave situación que atraviesan las comunidades indígenas.

Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior

El Gobierno convocó a los líderes de 102 comunidades indígenas para construir un capítulo especial en el Plan Nacional de Desarrollo.

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Cortesía Mininterior

Por: María Isabel Rueda
20 de agosto 2019 , 05:32 a.m.

Sincerémonos. ¿Cuál es el origen del escalamiento de las confrontaciones contra, y entre, los pueblos indígenas?

El problema es el narcotráfico. La disputa por el control territorial entre grupos armados organizados, en medio de la cual quedan los indígenas. El más reciente florero de Llorente fue la baja de los transformadores de los pesebres de los cultivos ilícitos, particularmente de marihuana ‘creepy’. Hay que rescatar que previamente hubo un acuerdo entre la Fiscalía y la guardia indígena. Llegaron los narcos y se robaron los camiones de la empresa de energía que estaban bajando los transformadores y arrancó la persecución sobre la guardia indígena.

¿Cuál es la magnitud de esos cultivos ilícitos?

Según el último reporte de Naciones Unidas –UNODC–, Cauca es uno de los tres departamentos que incrementaron los cultivos de coca. El informe reconoce que el gobierno del presidente Duque logró quebrar la tendencia de crecimiento exponencial de cultivos ilícitos y reducirlos en un 1,2 por ciento. Sin embargo, la coca se ha concentrado en zonas de manejo especial; entre ellas, los resguardos indígenas.

¿Hay un frente unido de los indígenas en contra de estos actos?

Las autoridades indígenas tradicionales están en contra de las actividades ilícitas. Dicen que enfrentarán a esos grupos. Pero esos grupos tienen armas automáticas de asalto, con alto poder letal. Es evidente que se requiere la acción coordinada con la Fuerza Pública. El Gobierno ha ofrecido a la guardia indígena trabajar conjuntamente, dentro del marco de la Constitución y la ley. Sin embargo, las autoridades indígenas no han logrado ponerse de acuerdo en aceptar la propuesta.

¿Qué tan peligrosos son esos grupos residuales? ¿Qué tan bien armados están? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar y qué papel juegan los carteles mexicanos?

En el norte del Cauca hay grupos armados organizados residuales o disidentes –Gaor– de las cuadrillas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, ‘Pelusos’ y Eln. Las estructuras de narcotráfico tienen acuerdos con los carteles mexicanos que protegen, coordinan y garantizan las rutas de ingreso de insumos y evacuación de lo producido.

Pero le insisto: ¿qué tan cohesionados están los pueblos indígenas alrededor de enfrentar estos grupos?

No hay cohesión. No puedo desconocer que hay unas minorías directamente involucradas con los ilegales. Hay otros sectores que viven de eso, porque los acuerdos de sustitución pactados en el gobierno anterior fueron meras expectativas. Pero debo ser enfática en que la gran mayoría quiere actuar dentro de la legalidad, que es en lo que ha venido insistiendo el Gobierno. Y aunque no hemos llegado a ningún acuerdo, se mantienen canales de comunicación con las autoridades del Cric y Acin. Les insistimos en la necesidad de que se haga un trabajo coordinado, pero no ha sido posible. Los indígenas no quieren el ingreso de la Fuerza Pública a los resguardos.

El Ejército no puede irrumpir en los territorios indígenas, y quien ejerce soberanía es la guardia indígena…

Los indígenas gozan de autonomía en sus territorios, tienen justicia, guardia y sistema carcelario propios, derivados del Convenio OIT 169 de 1989. Este fue ampliado en la Declaración de los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas; en el que si bien “se prohíbe el desarrollo de actividades militares en estos territorios, a menos que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas afectados, o que lo justifique una amenaza importante para el interés público pertinente”, al momento de ser apoyado unilateralmente por Colombia, en 2009, se condicionó su ejecución a lo dispuesto en la Constitución. Es decir, que el manejo del orden público y la seguridad nacional son competencia exclusiva de la Fuerza Pública, en cualquier parte del territorio nacional. Y esto debe ser claro.

Entonces, ¿el Gobierno no descarta intervenir militarmente en los territorios indígenas?

El Gobierno ha sido respetuoso y prudente con las comunidades indígenas, y por eso la insistencia en un trabajo coordinado entre el Estado con las autoridades indígenas, departamentos, municipios, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la propia comunidad.

El senador indígena Feliciano Valencia dice que la del norte del Cauca es la zona más militarizada del país, que está llena de retenes y que sin embargo los crímenes vienen ocurriendo en las narices de las autoridades…

En la región está presente el Ejército con la III División, cuya jurisdicción es Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Es evidente que con la disminución de hombres, iniciada en el gobierno anterior, se incrementaron los ciclos del narcotráfico, a los que el gobierno Duque ha dado lucha de frente. En el norte del Cauca, en materia de interdicción de cocaína, se ha aumentado un 188 por ciento; en hoja de coca, un 398 por ciento; y en base de coca, un 1.630 por ciento. La destrucción de laboratorios, cristalizaderos y cocinas se ha incrementado en un 126 por ciento.

Sí, pero ¿por qué esta presencia militar –que usted dice que están recuperando– no es eficiente para parar el ingreso de camiones llenos de precursores químicos, para impedir la producción de estupefacientes, ni para parar los que salen con el producto elaborado?

Porque no solo entran y salen por las vías existentes, sino porque hay otras varias rutas, por cierto muy ingeniosas, de los ilegales. Según los comandantes de la Fuerza Pública de la zona, una cosa es que el Ejército esté presente en las cabeceras municipales y en las vías y otra es el desarrollo de operaciones en el sector rural, contra los grupos causantes de afectaciones, que están activos dentro de los resguardos.

El Gobierno ha ofrecido a la guardia trabajar conjuntamente.
Sin embargo, las autoridades indígenas no han logrado ponerse de acuerdo en aceptar la propuesta

¿Actualmente dónde hay operativos?

En Buenaventura, El Tambo, el río Micay, el río Patía y la cordillera que desemboca en el Pacífico. Esas rutas buscan llegar principalmente al Pacífico, en donde las drogas se transportan a través de lanchas rápidas y sumergibles. Es todo un complejo sistema el del narcotráfico.

Pero, por favor, defíname: según el Gobierno, ¿cuál es el poder de fuego y la capacidad logística, incluyendo residuales y mafias mexicanas, en un escalamiento que pueda desembocar en una masacre indígena?

Los GAO (grupos armados organizados) tienen cerca de 230 hombres armados y 42 estructuras de milicias. Los indígenas dicen que han capturado gente con armas, que las destruyen y los enfrentarán con la guardia indígena. Lo cierto es que están corriendo un enorme riesgo, porque es muy desigual su lucha del bastón contra las ráfagas de un fusil de asalto.

¿Y eso amenaza la cultura indígena?

El problema no es coyuntural, las garras del narcotráfico se han extendido al microtráfico y este fenómeno está reclutando cada día más jóvenes y niños colombianos, incluyendo a los indígenas. Más de una voz autorizada observa con sobresalto la pérdida paulatina de los valores ancestrales, por este fenómeno. Esto nos obliga, querámoslo o no, a reforzar las ya exitosas políticas contra la erradicación de cultivos ilícitos y a asumir posiciones fuertes y coordinadas en las duras decisiones que vienen por delante, y que no tienen marcha atrás, como la aspersión, dentro de los lineamientos de la Corte Constitucional, pues, a pesar del aumento de grupos de erradicadores manuales, que en este último año pasaron de 23 a 100, no es suficiente y se requiere combinar todas las herramientas para acabar con el narcotráfico, génesis de los problemas de Colombia.

¿Esto puede terminar en una nueva toma de la vía Panamericana?

No. La vía está bajo control de la Fuerza Pública. Las autoridades indígenas han convocado a su guardia para definir las estrategias de cómo enfrentar a los grupos armados. La gente del Cauca y de Nariño está preocupada, porque la última experiencia del mes de marzo llevó a la parálisis económica de la región y la población salió muy afectada. El Gobierno es enfático en que no se permitirá otra toma.

En concreto, ¿cómo avanzan los acuerdos en todos los frentes con los indígenas?

Desde el primer día, he tenido el mandato del presidente Duque del diálogo permanente con los pueblos indígenas. No hay acuerdo en muchos temas, pero construimos confianza, sobre la base de no comprometernos a lo que no se puede cumplir, y de cumplir lo prometido. El 9 de agosto del año pasado, Día de los Pueblos Indígenas, el presidente Duque convocó a las autoridades de los 102 pueblos indígenas del país y les ofreció construir en conjunto un capítulo especial para ellos dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Se cumplió. Una vez aprobado, hemos tenido que viajar por todo el territorio para concertar las prioridades de inversión. Y les seguiremos cumpliendo. Reconozco que los indígenas tienen gran desconfianza hacia el Estado, por tantos años de incumplimiento. Pero la situación en Cauca de todas maneras es muy complicada, porque hay un entramado de conflictos.

Lo cierto es que están corriendo un enorme riesgo, porque es muy desigual su lucha del bastón contra las ráfagas de un fusil de asalto

¿Y qué conlleva ese entramado?

Los indígenas reclaman territorios ancestrales, lo cual choca con la propiedad privada protegida por títulos legítimos. Se han presentado casos de vías de hecho, con invasiones, que atentan contra la legalidad. También hay enfrentamientos entre pueblos indígenas por territorialidad y ahora con la presencia de los grupos armados, combinados con el narcotráfico. Es una situación muy delicada.

A estas alturas, ¿usted dónde pasa más tiempo: con los pueblos indígenas o en el Congreso?

A mí me apasiona este trabajo con los indígenas, más allá de la coyuntura, pues tiene que ver con la riqueza étnica del país y con la entraña social y cultural de Colombia, con la cual yo me identifico. Debo reconocerle que si bien ha habido jornadas extenuantes, he respondido a una prioridad que el Presidente me marcó desde el primer día. No solo me la paso con los indígenas. También con las comunidades negras, afro, raizales, rom y palenqueras. Y la articulación del programa de protección de los líderes sociales y el trabajo con la acción comunal me obligan a estar casi la mitad de la semana en los territorios. Me identifico plenamente con la razón de ser del Ministerio, que es el garante de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos colombianos.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO

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