Mininterior habla de la necesidad de 'una gran reforma política'

Mininterior habla de la necesidad de 'una gran reforma política'

Nancy Patricia Gutiérrez se refiere a los retos del Gobierno y las marchas del 21 de noviembre.

Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior

La Ministra del Interior aseguró que defiende el derecho a la protesta.

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Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Por: Yamid Amat
17 de noviembre 2019 , 12:14 a.m.

El Gobierno está encarando muchos retos. Debe enfrentar el jueves un paro nacional y asegurar que la protesta se exprese a través de manifestaciones pacíficas; debe reinventar alguna forma de diálogo con las mayorías políticas en el Congreso, que no las tiene y que amenazan con bloquear proyectos de ley del Gobierno; debe combatir el doloroso y creciente reclutamiento de menores por parte de grupos ilegales que se presenta en todo el país, y debe acordar con los nuevos alcaldes de las grandes ciudades, que no pertenecen al partido de Gobierno, alguna forma de cooperación, para garantizar la buena marcha de las regiones.

En las pasadas elecciones, el Centro democrático, como partido de gobierno, sufrió una apabullante derrota en todas partes. La ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, es consciente de esos desafíos y por ello no vacila en afirmar que el país requiere una gran reforma política y electoral para afrontarlos.

No hay ninguna dubitación en ella cuando afirma que el país tiene que acostumbrarse a la nueva forma de hacer política que ejerce el Presidente. “Con transparencia, con independencia y sin mantequilla”, precisa.

Sobre el paro del próximo jueves, la ministra Gutiérrez afirma que los alcaldes tienen instrucciones para implantar toque de queda en caso de que así lo requieran las circunstancias, para salvaguardar el orden público.

Usted acaba de reunirse nuevamente con comunidades indígenas del Cauca, que anuncian marchas hacia Bogotá…

Las autoridades del Consejo Indígena del Cauca reconocen que mantenemos diálogo permanente y la revisión del plan de acción de las inversiones acordadas para 2019. Unas van más avanzadas en ejecución que otras, pero todas las entidades, por orden del presidente Duque, debemos cumplir al cierre de la vigencia fiscal. La relación es permanente con los 102 pueblos indígenas que tiene el país en todo el territorio nacional.

¿Hasta dónde las consultas previas a indígenas están entorpeciendo grandes proyectos del Gobierno y de la empresa privada?

Este un tema sobre el que tampoco el Estado había generado una política a pesar de que Colombia desde 1989 se sumó al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a la consulta previa. Desde el comienzo no se establecieron reglas de juego claras. El Estado debe garantizar los derechos de las comunidades étnicas de participar en el desarrollo, así como de los interesados en acciones e inversiones públicas y privadas a poderlas sacar adelante, en un país democrático de libre mercado. El Ministerio logró la reforma de la entidad responsable de las consultas previas, fortaleciendo la técnica, administrativa y económicamente, con una tasa que pagarán los interesados.

¿Y los servicios básicos que reclaman las comunidades indígenas?

Hemos fortalecido el equipo de relacionamiento con las comunidades para acompañarlas en la garantía de acceso a programas sociales, pues el desarrollo y el crecimiento tienen que ir adelante, pero garantizando que las comunidades étnicas tengan acceso a agua potable, educación, nutrición, energía, vías, es decir, que sean partícipes del progreso.

Por otra parte: ¿usted cree que la designación de nueva Ministra de Relaciones Exteriores abre la puerta a una eventual revisión general de todo el Gobierno?

El Presidente tiene la potestad de hacerlo en el momento en que lo considere pertinente. Se han dado varios cambios, derivados de diferentes razones. Lo cierto es que el equipo funciona bajo el liderazgo del Presidente y más allá de las personas hay programas, proyectos, metas y líneas de acción definidas.

¿Hasta dónde y hasta cuándo el Gobierno piensa continuar gobernando con un Congreso en el que no tiene mayorías?

Bueno, no ha sido nada fácil. Pero es que el presidente Duque se comprometió a tener una relación independiente entre el Ejecutivo y el Legislativo, como ejemplo de cambio en la forma de hacer política. Se ha mantenido en ello, no llamó a cogobernar a los partidos políticos ni se fijaron cupos indicativos para la inversión regional. Ha sido un proceso de cambio muy duro. La apuesta ha sido reinventar el diálogo con el Congreso. Esto tiene que desembocar en una reforma política y electoral que el país está necesitando. Será un legado del presidente Duque.

¿Esta situación minoritaria del Gobierno en el Congreso no podría provocar la parálisis de la plataforma legislativa del Gobierno?

Los resultados de las elecciones regionales evidenciaron que los colombianos están cansados de la vieja forma de hacer política. Ese es un mensaje que todos debemos escuchar. Yo confío, y estoy convencida de que el Congreso está comprometido con el cambio, en sintonizarse con ese llamado y transformar a Colombia. Por mi parte, no descansaré, como lo he hecho desde el primer día como Ministra, para lograr sacar adelante la agenda de Gobierno. Es un reto grande, pues la propuesta de un nuevo relacionamiento con el Congreso, como cualquier cambio, genera resistencia. Estoy convencida de que vamos a lograr trabajar con el Congreso, deliberar en forma transparente para llegar a acuerdos por el bienestar general de los colombianos.

Los resultados de las elecciones regionales evidenciaron que los colombianos están cansados de la vieja forma de hacer política. Ese es un mensaje que todos debemos escuchar

¿Por qué la llamada ‘mermelada’ es mala para todos los partidos, excepto para el Centro Democrático?

Este Gobierno no da ‘mermelada’. Queremos dejar un legado para Colombia y es cambiar la forma en que tradicionalmente el Ejecutivo se relaciona con el Congreso. Esta relación debe ser transparente, deliberativa y pensando en el bien común. Este fue uno de los deseos de los colombianos en las dos últimas elecciones.

Somos muy respetuosos del Congreso de la República y de su independencia, y nuestra invitación a los congresistas es a que mantengamos un diálogo constante buscando el bienestar general de los colombianos.

Varios caricaturistas y columnistas llaman al Presidente ‘subpresidente’, en una tácita denuncia del supuesto “poder detrás del trono” del expresidente Uribe. ¿Hasta dónde el expresidente Uribe influye en las decisiones que toma el Gobierno?

Quien toma las decisiones en este Gobierno es el presidente Iván Duque.

¿Cómo proyecta usted manejar las relaciones con los alcaldes de las grandes ciudades del país que no pertenecen al Centro Democrático, como Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla?

El Presidente ha sido claro. Este es el Gobierno de todos los colombianos, no importa su procedencia política ni su ideología. Estamos como Gobierno Nacional listos a apoyarlos para que trabajemos para desarrollar a Colombia, reducir la inequidad y para el bienestar de los colombianos.

Sobre el tema de orden público, ¿qué piensa hacer el Gobierno para contener el permanente reclutamiento de menores por grupos al margen de la ley?

Es doloroso saber que en nuestro país el reclutamiento de menores de edad se convirtió en una práctica de los delincuentes, no solo de los armados, sino de muchas formas de ilegales. Tardamos décadas en reconocerlo, en 17 años, 8.730 niños se volvieron adultos en manos de grupos ilegales. El Gobierno tiene en construcción una política pública con acciones preventivas, de protección y de intervención de menores afectados con este delito. Según el ICBF, 108 niños, niñas y adolescentes han ingresado al programa de Atención Especializada, de los cuales 23 son indígenas. Todos en ruta de restablecimiento de derechos. Muy triste, porque el daño es inconmensurable.

Sobre el paro del 21, ¿qué instrucciones ha dado a gobernadores y alcaldes?

Esta es una protesta que se convoca desde diferentes ángulos. Unos en defensa del medioambiente, otros por los adultos mayores, otros por los niños, otros por la protesta, por oposición al Gobierno, por una mayor calidad de vida, en fin. Podríamos hablar de una variedad de motivos, razón por la cual el llamado a la no violencia es fundamental. Este es un gobierno demócrata que respeta y protege los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

¿Qué instrucciones precisas hay sobre las marchas?

La instrucción es permitir las marchas, garantizar la protección de los que protestan y, entiéndase muy bien, de los que expresan su sentir en otros escenarios y asegurar el orden público. Recuerde que somos casi 47 millones de colombianos.

Por ejemplo, cada alcalde, de acuerdo con los riesgos que se evalúen en su ciudad, podría ordenar toque de queda; pero esa evaluación la tendrá que hacer el alcalde respectivo, con las autoridades militares y de policía que están allá en el territorio. Deben señalar los sitios de concentración, las rutas.

La opción del toque de queda que menciona, ¿en qué casos se podría ordenar?

Cuando las circunstancias lo ameriten. Por eso, en todo el territorio habrá un puesto de mando unificado con la autoridad territorial, con el comandante de Policía local, regional o departamental, según corresponda, y también la autoridad de las Fuerzas Militares que estén en el área.

En Bogotá, ¿ese puesto de mando unificado cómo va a funcionar?

Con el Presidente de la República a la cabeza, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo.

¿Qué es lo que está originando los temores sobre lo que pueda ocurrir el jueves?

En Venezuela salen colectivos encapuchados, armados, financiados por el Gobierno, con mecanismos de represión letal, dispuestos a acabar con quienes no están de acuerdo con el régimen. En Chile, nunca esperaron que el legítimo derecho a la protesta trascendiera a la destrucción de la infraestructura, al patrimonio cultural y a la identidad de país, sobre el cual se rompió una senda de crecimiento y de economía modelo. Por eso el Gobierno ha invitado a que haya una manifestación pacífica. Todas las autoridades estaremos velando por la seguridad.

¿Pero, acaso el Gobierno está reaccionando contra ciertas ideologías?

De ninguna manera. El presidente Duque ha llamado a la ponderación, pues quienes desde orillas ideológicas quieren generar brisas de desestabilización encontrarán un valor a considerar en el gobierno Duque.

En redes está circulando un video en donde el actual presidente Duque, siendo dirigente del Centro Democrático, invitaba a una marcha de protesta…

Pacífica. Obviamente. Es que el presidente Duque es un demócrata que hace valer los derechos fundamentales.

¿Usted apoya que haya marchas como las que encabezó el candidato Duque?

Claro que sí. Yo también lo hice. Pacíficamente. Por ejemplo, en contra del secuestro, a favor de la mujer, del medioambiente.

¿Las fuerzas militares y de policía asumirán el jueves una actitud de represión?

No habrá una actitud de represión. Las fuerzas militares y la policía respetan el derecho a la protesta, pero deben actuar con contundencia ante hechos de violencia o de desórdenes que busquen alterar el orden público, o la seguridad de terceros, o bienes públicos y privados. Represión no habrá. Garantizaremos el orden y la seguridad, tanto de los manifestantes como de los colombianos. Esperamos que no haya violencia para que nadie salga afectado.

¿No habrá exceso del uso de la Fuerza Pública?

La Fuerza Pública en Colombia se mueve dentro de unos protocolos respetuosos de los derechos humanos, y en ese orden de ideas están las actuaciones de la Policía.

¿Qué llama usted contundencia?

La acción, por ejemplo, del Esmad, que es una fuerza muy importante contra los disturbios; ellos están preparados para garantizar el orden público y la seguridad de los ciudadanos, todo dentro del respeto a los derechos humanos.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

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