En el Meta hay preocupación por lo que está pasando con el covid-19 y especialmente por el incremento de los casos.
Por eso el gobernador, Juan Guillermo Zuluaga, prendió las alarmas y tomó medidas durante estas festividades de fin y de inicio de año, por dos razones básicas: por el incremento en la llegada de turistas y porque la ocupación hospitalaria, que está prácticamente al tope.
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¿Tiene temor los gobernadores de que los casos de covid se disparen en enero?
Estoy en el deber y en la obligación moral de tomar decisiones frente a lo que sucede y se avecina, como fin de año y Año Nuevo, épocas de tradicionalmente muchas aglomeraciones. Las decisiones de toque de queda que tomamos se basaron en cifras de fallecimientos, ocupaciones de las UCI Covid y No Covid, la sobreocupación de urgencias, el cansancio y agotamiento del personal de salud y la escasez de medicamentos esenciales, que se agotan. Prefiero que nuestros ciudadanos se encierren y no los entierren.
¿Y cómo se están preparando para afrontar ese pico?
Nuestras medidas tienen un solo propósito: cuidar la vida y la salud de la gente. Tenemos un 164 por ciento de sobreocupación de urgencias en el Hospital Departamental de Villavicencio: en la UCI adultos de Covid-19 hay 90 por ciento de ocupación, y en la UCI No Covid-19, una ocupación del 100 por ciento, así como del 70 por ciento en la del Hospital Departamental de Granada. Tenemos agotamiento en el personal sanitario, en médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, funcionarios llorando porque están desilusionados de que la gente sea tan inconsciente. No podemos dejarlos solos en esta batalla y la mejor manera es evitar contagiarnos.
El Ministerio de Interior aprobó nuestra propuesta para ampliar los horarios del toque de queda para todo el Meta: el 31 de diciembre comenzará a las 10 de la noche y se extenderá hasta el domingo 3 de enero hasta la medianoche, con unos intervalos de tiempo para salir: de 6 de la mañana a 12 del mediodía, los días sábado 2 de enero y domingo 3 de enero. En estos cargos no hay que tomar decisiones populares sino correctas, encaminadas al bien común.
Desde el primer caso hemos asumido nuestro rol de gobernantes para tomar medidas de la mano del Gobierno nacional
Usted también es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos ¿Tienen los departamentos cómo enfrentar esto?
Desde el primer caso hemos asumido nuestro rol de gobernantes para tomar medidas de la mano del Gobierno nacional. Pero aquí los primeros que deben tener conciencia son los ciudadanos y ser autorresponsables, no ser desobedientes, saber que el uso del tapabocas, lavarse las manos con frecuencia y el distanciamiento social deben ser conductas tan naturales como cepillarse los dientes o almorzar al mediodía. En el Meta ayudamos a que la cárcel de Villavicencio fuera declarada libre de coronavirus, preparamos a nuestro personal médico con dotación hospitalaria y en capacidad instalada invertimos 12 mil millones de pesos para mitigación del Covid-19. Debemos aprender a convivir con el virus, vendrán nuevos picos, pero debemos seguir adelante y entender que si me cuido, cuido a los demás.
¿Qué tanto les va a afectar esto el plan de reactivación previsto?
Fuimos uno de los primeros departamentos en firmar con Fontur el acompañamiento a prestadores de servicio turístico para implementar un sello “Check Inn” certificado. También con antelación a la reapertura económica firmamos con Cotelco un contrato para acompañar a prestadores de servicios de alojamientos urbanos y rurales para el sello ‘Juntos contra el Covid’, con auditoría a sus establecimientos. Así nos preparamos con mucha seriedad, para cuando el Gobierno dispusiera que abriéramos el servicio. El pasado 3 de octubre el departamento se reactivó con la campaña turística “Yo voy” del gobierno nacional, cuyo objetivo era demostrar que se puede recorrer de nuevo del país con todas las medidas de bioseguridad. Igual, tuvimos el respaldo del presidente Duque al elegir La Macarena para celebrar el Día Mundial de Turismo. Tenemos en el Meta una gran riqueza natural, múltiples atractivos y prestadores preparados, capacitados e idóneos para recibir a turistas con las medidas de bioseguridad requeridas.
¿Qué va a pasar en ese departamento que tiene el turismo como una de sus principales fuentes de ingresos?
Debemos asumir las medidas que hemos tomado, no caprichosas, que responden a la crisis sanitaria que vivimos. El sector turístico seguramente estará golpeado, es innegable que nos afectará. Pero así como está el Meta, está el resto de destinos turísticos del país. Nos resta hacer mediciones que permitan determinar el impacto económico para el sector, porque la de fin de año es nuestra mejor temporada de turismo. Priorizamos la vida y la salud por encima de otro interés. Esta situación no desvía el norte de nuestro sector turístico para que se convierta en uno de los principales renglones de la economía departamental. Nos estamos preparando con mayor rigor para recibir a los visitantes y turistas en medio de medidas que protejan su vida y la de sus familias.
Entre diciembre de este año y enero del nuevo año comienza una temporada muy dura para la protección de los bosques del departamento, pues en la época seca se disparan los incendios de los bosques
Hablando del Meta, ¿cómo es la campaña que está alistando para proteger la zona de La Macarena de los incendios provocados?
Nuestra causa se centra en la lucha contra la deforestación, que en Colombia debe ocupar un capítulo especial por ser una problemática de seguridad nacional. Tenemos un compromiso con las nuevas generaciones, que hoy demandan mayor eficiencia en la ejecución de acciones y políticas que permitan detener el ecocidio. En los últimos ocho años, 200.000 hectáreas del sur de nuestro territorio, equivalentes al tamaño del departamento del Quindío, han sido devastadas por manos criminales. Son las mismas que están atentando contra nuestros ecosistemas, son las responsables del narcotráfico, de la proliferación de los cultivos ilícitos, la minería ilegal, desplazamiento forzado, violencia y asesinato de líderes sociales.
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A mediados de enero próximo se cumplirá un año de un grave incendio en inmediaciones de Caño Limón, en La Macarena, que acabó con 220 hectáreas de vegetación, en el que convergieron dos tristes realidades: un drama ambiental y la situación de seguridad. Cualquier atentado a estas zonas protegidas es un golpe a Colombia
Meta es departamento líder en lucha contra la deforestación y la afectación de los recursos naturales. Desde el primero de enero de 2020 comenzamos una campaña para proteger nuestros recursos naturales. Hemos estado acompañados del fortalecimiento del control territorial mediante la articulación de acciones con el Ejercito Nacional y la Policía. Estamos implementando pagos por servicios ambientales en varios municipios del departamento como una alternativa de ingresos a la conservación de los bosques. Desde luego, el municipio de la Macarena y el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena será uno de los territorios donde se está trabajando en su implementación en el marco de la Alianza Sur del Meta.
Entre diciembre de este año y enero del nuevo año comienza una temporada muy dura para la protección de los bosques del departamento, pues en la época seca se disparan los incendios de los bosques. Con esta modalidad la criminalidad avanza en sus proyectos de apropiarse de nuestros bosques. Estamos preparados y articulados con todas las instituciones del Sistema Nacional Ambiental, principalmente el IDEAM y el instituto SINCHI, quienes tiene sistemas de monitoreo y reporte de deforestación e incendios. Desde el orden territorial estamos realizando Consejos de Seguridad sistemáticos con un capítulo para el análisis de situaciones y la toma de decisiones en materia ambiental
¿Y qué va a pasarle al que encuentren echándole candela al monte?
En noviembre, junto al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, divulgamos el cartel de los más buscados en el sur del Meta, nueve personas señaladas de ecocidio, de tala indiscriminada y acaparamiento de tierras en áreas de reserva natural, por quienes hay una recompensa de 20 millones de pesos para quienes den información sobre su paradero. Y el 3 de diciembre fue vilmente asesinado Javier Francisco Parra Cubillos, defensor de los recursos naturales y funcionario de Cormacarena, un crimen relacionado por su lucha contra la deforestación. Por el paradero o información de sus asesinos se han ofrecido hasta 300 millones de pesos.
La legislación ambiental en Colombia prevé sanciones de orden económico en los procesos sancionatorios ambientales e incluso responsabilidad penal. Es decir, contempla como delitos las acciones que atenten contra los recursos naturales. De este modo se dispondrá de recursos y toda la capacidad institucional para seguir en los procesos de identificación y captura de las personas que atenten contra nuestro patrimonio natural. Vamos a seguir con nuestra estrategia de control territorial y acompañamiento para la judicialización de estos criminales. Que les caiga todo el peso de la ley a estos delincuentes.
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