El presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció la noche de este lunes varias medidas para luchar contra la corrupción en la contratación estatal, “prioridad número uno” del Gobierno en 2017, según sus palabras.
El mandatario firmo un decreto que modifica el régimen de contratación con entidades sin ánimo de lucro, por considerar que estaba fuera de control y “era la herramienta predilecta de los corruptos para esquilmar al Estado”.
Este decreto busca poner freno al uso de fundaciones usadas para contratar y robar recursos públicos, o para comprar votos en época electoral.
“Con esta reforma, frenamos en seco los abusos en la contratación directa con estas entidades, que han causado la pérdida y desviación de billones de pesos anuales que debían ir a la población más vulnerable”, aseguró el Presidente.
Por otro lado, Santos firmó la ‘Declaración por un Estado Abierto’, con la cual se compromete a que la información del Gobierno relacionada con los recursos públicos –especialmente aquellos que serán utilizados para la implementación de los acuerdos de paz– pueda ser vigilada por los ciudadanos.
Durante la instalación de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción, Santos estuvo reunido con el director de la Dijin, general Jorge Vargas, quien presentó el plan para fortalecer la actividad anticorrupción que lleva a cabo esa entidad, con más de 100 nuevos funcionarios.
En la Comisión Nacional de Moralización, presidida por el mandatario, también participan las cabezas de los entes de control. Allí, el Fiscal General, el Procurador y el Superintendente de Salud presentaron avances en los asuntos competentes a cada entidad.
Dos proyectos de leyEl Presidente también presentó dos proyectos de ley al Congreso de la República. El primero es el registro de beneficiarios reales –un compromiso adquirido en Londres durante la Cumbre Mundial Anticorrupción, en 2016–; el segundo busca reformar la rebaja los beneficios penales a las personas condenadas por corrupción.
Santos explicó que el primero busca “obligar a toda empresa que opere en Colombia a dar información sobre las personas con un control significativo de la empresa, es decir, sus beneficiarios reales”.
Sobre el segundo precisó que el objetivo es evitar que quienes acepten cargos de corrupción cuando la Fiscalía tiene los medios para condenarlos reciban rebajas de hasta la mitad de la pena o el beneficio de casa por cárcel. Puso como ejemplo lo sucedido en el caso de Odebrecht.
El presidente citó cifras del Observatorio Anticorrupción de la Presidencia según las cuales la mitad de condenados por delitos de corrupción no pagan ni un día de prisión y la cuarta parte reciben casa por cárcel.
ELTIEMPO.COM
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