El Gobierno informó este jueves que no hay un patrón sistemático de conducta que permita explicar el aumento de los índices de violencia (entre ellos, muchos asesinatos de líderes sociales) en el litoral Pacífico.
Luego de reunirse por espacio de cuatro horas con los miembros de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia creada en el marco del posconflicto, Santos dijo que en esa región confluyen diversos actores y muchas causas generadoras de violencia.
En ese contexto, la Fiscalía reportó que ha identificado 12 bandas criminales, con sus respectivos jefes, que se disputan el control del narcotráfico en la zona.
Como medida prioritaria para retomar el control de ese territorio, el jefe de Estado anunció la creación de un comando de tarea conjunta con participación de todas las fuerzas que van a copar la zona.
“Ese comando deberá tener el control de los ríos por donde se transportan y el urbano. Es importante que este grupo especial construya una acción integral con las comunidades”, explicó Santos.
Para facilitar la detección del riesgo al que están sometidos los líderes sociales, el Presidente anunció que en los próximos días el Gobierno emitirá un decreto para hacer más eficaz el sistema de alertas tempranas.
Con este cambio se busca acelerar la llegada de medidas de protección a las poblaciones que están bajo amenaza de las bandas criminales.
Santos anunció igualmente que el próximo martes el Gobierno va a radicar un proyecto de ley para dar más herramientas al Estado en la lucha contra las bandas criminales y, al mismo tiempo, permitir el sometimiento colectivo de esas organizaciones ilegales.
La preocupación en el Gobierno frente al asesinato de líderes sociales es creciente, especialmente por la compleja situación de orden público que vive Tumaco.
Hace 15 días, en este municipio fueron asesinados seis campesinos, en confusas circunstancias, en la vereda El Tandil, y esta semana se conoció el asesinato de dos indígenas awás y de José Jaír Cortés, un líder afro, atacado en zona rural del municipio.
El mandatario reveló que, a pesar de que se sigue avanzando en las investigaciones, aún no se ha podido saber quienes fueron los autores de esos asesinatos, pero todas las entidades encargadas “se comprometieron a esclarecer la verdad de lo que sucedió”.
Tampoco, según Santos, se ha podido establecer la verdad sobre el asesinato de 6 personas en la zona de El Charco (Nariño), denunciado por líderes cercanos a las Farc. “No se han visto los cadáveres”, enfatizó el mandatario.
Tumaco es hoy el más crudo escenario de los desafíos que enfrenta el posconflicto. En el municipio, cultivadores de hoja de coca y Fuerza Pública mantienen una alta tensión desde abril, cuando un agente antimotines murió y 12 policías fueron retenidos temporalmente por los campesinos que protestaban por la erradicación de sus plantíos.
El hueco que dejaron las Farc no ha sido copado por la institucionalidad, sino por actores armados que se pelean las 20.000 hectáreas de coca que hay en Tumaco y las rutas del narcotráfico privilegiadas por la ubicación geográfica: junto al Pacífico, en medio de la selva y en la frontera con Ecuador.
En el país se han reportado 190 asesinatos de líderes sociales desde enero de 2016 hasta la fecha, según informes de la Defensoría del Pueblo.
El presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente Óscar Naranjo viajarán este sábado a Tumaco, epicentro de la ola de violencia desatada en la región los últimos meses.
Algunos puntos centralesSe creará un comando de tarea conjunta con participación de todas las fuerzas para asumir el control del territorio.
Se modificará el sistema de alertas tempranas, para hacerlo más eficaz.
El próximo martes se radicará el proyecto de ley que permite el sometimiento de las bandas criminales a la justicia.
Habrá un decreto que crea nuevas condiciones para la protección colectiva de las comunidades.
POLÍTICA
Al menos 47 líderes de Tumaco le pidieron este jueves al Gobierno sentarse en una mesa de trabajo para analizar los verdaderos alcances de la erradicación de cultivos ilícitos en esta región, considerada la del mayor número de sembrados de coca en el país, y exigir alternativas reales para la sustitución de los mismos.
Los campesinos, agrupados en la Red de Consejos Comunitarios de Tumaco (Recompás), consideran que en su municipio no hay una salida a la sustitución de la coca como fuente de sustento diario y es por eso que la población se enfrenta al dilema de aceptar la erradicación, pero bajo la presión de los grupos armados ilegales. Los labriegos criticaron que “la mayor parte” de los recursos del Gobierno se destinen a erradicación.
“El pueblo tiene un año pidiéndole al Gobierno Nacional avanzar en el tema de cultivos ilícitos, pero no tenemos la respuesta efectiva”, aseguró Célimo Cortés, representante legal de Recompás.
Además de que esperan una solución pronta para la sustitución de la coca, Cortés indicó que los 47 integrantes de la organización han sido amenazados por desconocidos, por lo que claman seguridad, pues se encuentran “en peligro”. Según el líder social, quienes están amenazando a las personas de las organizaciones en Tumaco son “grupos que están en defensa de la mata de coca y en defensa de algunos residuos del narcotráfico en este sector”, indicó. “Nosotros nos hemos cansado en decirle al Gobierno que la erradicación ha sido un completo fracaso”, expresó.
CALI Y PASTO
