El 58% de las piezas comunicativas de autoridades son de autopromoción

El 58% de las piezas comunicativas de autoridades son de autopromoción

La FLIP y la MOE analizaron piezas ejecutadas por 10 alcaldías y encontraron abusos de autopromoción

Decreto para publicidad política exterior en Cali

Decreto para publicidad política exterior en Cali.

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Archivo

Por: POLÍTICA
21 de abril 2020 , 11:09 a.m.

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Misión de Observación electoral (MOE) analizaron el contenido de los mensajes de publicidad oficial de 10 alcaldías del país en el 2018.

En la investigación se analizaron 2.128 piezas de 30 contratos realizados durante el 2018 (antes del proceso electoral local) de las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Mocoa, Buenaventura, Montería, Santa Marta y Neiva.

“Se analizaron los contratos sobre publicidad oficial que las diez alcaldías remitieron y sobre esa información se seleccionaron tres contratos por ciudad: los dos de mayor cuantía destinados para publicidad oficial y el contrato de mayor cuantía de material POP”, aseguró la MOE

Así pues, la investigación abordó 30 contratos que sumaron más de 91 mil millones de pesos. En varios casos se trataban de contratos de altos montos que fueron ejecutados por medio de la creación de otros contratos. Entre los mensajes analizados se encontraron 1.237 de “autoproclamación”, que corresponden al 58 %, el 35 % (738) corresponden a piezas informativas y el 7 % (153) son piezas no identificadas.

Tanto la FLIP como la MOE alertaron sobre la necesidad de mayor transparencia en los procesos de contratación de los gastos de comunicaciones especialmente durante esta emergencia por el COVID-19 y solicitan restringir la autopromoción de los mandatarios.

Según Jonathan Bock Ruíz, subdirector de la FLIP: “Al analizar detenidamente las 2.128 piezas de los contratos nos encontramos con que el 58 % eran informaciones de autopromoción o autobombo de los funcionarios y las administraciones. Estas piezas carecían de elementos informativos o de política pública relevantes para la ciudadanía”.

Por su parte, Alejandra Barrios Cabrera, directora nacional de la MOE explica que: “La publicidad que se contrata con dineros públicos fue en general usada para exaltar la imagen del alcalde o de la entidad. Su contenido podía estar ofertando un derecho o un bien, sin embargo, no informaba con precisión a la ciudadanía sobre cómo acceder al beneficio y se focalizaba en exaltar los logros de la administración y el funcionario”.

De acuerdo con la investigación, los mandatarios deben asegurarse de que los gastos en publicidad únicamente sirvan para impulsar políticas públicas, fomentar valores para la ciudadanía, informar al ciudadano sobre sus derechos y obligaciones, y ofrecer servicios a la ciudadanía, canales de información e instrucciones de procedimientos.

Por ello, recomendaron a las autoridades nacionales, departamentales y municipales aplicar seis claves para la aprobación de cualquier pieza comunicativa:
1. El eslogan de la administración no debe ser el contenido principal de la pieza.
2. No debe tener menciones de ningún funcionario de la entidad.
3. No realizar menciones al partido político de gobierno, senadores, concejales, diputados, ediles.
4. No atacar a opositores y demás administraciones.
5. No en promocionar la gestión de gobierno.
6. Contener información de utilidad para la ciudadanía.

Finalmente, la organización de la información y almacenamiento en formatos auditables se presenta como una de las grandes dificultades: “En la contratación de publicidad oficial se encontraron soportes borrosos o archivos que no contenían nada o no abrían. Lo anterior no permite una veeduría contundente sobre el presupuesto público por parte de las entidades de control estatal y miembros de la sociedad civil”, afrimó la MOE.

En cuanto a la transparencia de la publicidad oficial, la investigación encontró que la falta de normatividad sobre a cómo debe ser el almacenamiento de los mensajes sobre publicidad oficial y la falta de claridad son hechos que impiden una mayor transparencia.

En la mayoría de contratos analizados no se pudo establecer con claridad cuánto pagaron las alcaldías por determinada pieza, por ejemplo, una cuña radial, una pieza audiovisual, un artículo en prensa. Este criterio ambiguo en las distintas ciudades hace muy difícil determinar en cuales efectivamente se puede hablar de sobrecostos o irregularidades”, finalizó la MOE.

Consulte aquí el informe completo.

POLÍTICA.

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