En el ojo del huracán se encuentra Andrés Mauricio Mayorquín, quien hasta este martes era servidor del Dapre y uno de los asesores de la jefa de gabinete, María Paula Correa.
Una investigación que inició en noviembre la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República señala que su esposa, Karen Liseth Vaquiro Cuéllar, dio un enorme salto hasta convertirse en megacontratista del Estado.
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Desde que su esposo llegó al cargo de la Presidencia y en cuestión de meses, Vaquiro, una economista caqueteña egresada de la Universidad Sergio Arboleda, se convirtió en contratista de más de quince entidades del Estado. A pesar de su limitada experiencia, la joven, desde enero de 2020, ha firmado 24 contratos con el Estado que suman 1.245 millones de pesos. De estos, 22 han sido por contratación directa y dos por contratación de régimen especial.
Víctor Manuel Muñoz, director del Dapre, informó este martes que Andrés Mayorquín fue retirado del cargo y ya no se desempeñará como asesor de la Presidencia de la República.
En un comunicado revelaron que “la investigación se encuentra en etapa probatoria, con el radicado número 1949-2021”, y que “el investigado fue notificado en su momento y se encuentra actuando dentro de la investigación”.
Así mismo, reiteraron que “ni la jefa de Gabinete, María Paula Correa, ni funcionarios de Presidencia tenían conocimiento de los contratos con entidades públicas que tenía la esposa del señor Mayorquín”.
La denuncia fue hecha por Blu Radio, que contó que después de trabajar cinco años como profesor, contratista y miembro de UTL en el Congreso, el abogado bogotano Mayorquín llegó a la Casa de Nariño.
En septiembre del 2021, cuando el Gobierno eliminó varias consejerías para tener una política de ahorros, Mayorquín “ganó poder”, según el relato periodístico.
En este camino, y gracias a su trabajo, que consiste en hacer seguimiento del proceso legislativo, del comportamiento de los congresistas y del curso de los proyectos que más le interesan al Gobierno, su esposa también aumentó su capacidad para obtener contratos.
La denuncia pone en evidencia que las obligaciones e intereses laborales de Vaquiro orbitan alrededor del Congreso, donde su esposo se movía en representación del Gobierno.
Correa, por su parte, en su cuenta de Twitter publicó un comunicado al respecto en el que aseguró que ella conoció a su exasesor en el año 2019 "por su trabajo previo en el
Congreso de la República".
Además, afirma que como uno de los funcionarios de la jefatura de gabinete, "sus principales funciones eran el seguimiento a los diferentes proyectos de ley de iniciativa gubernamental, así como el relacionamiento entre la Presidencia y las demás entidades del gobierno nacional en asuntos legislativos".
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María Paula Correa fue también secretaria privada de Presidencia.
Presidencia
Agregó que Mayorquín, durante su tiempo como asesor, "cumplió sus funciones con responsabilidad".
En lo que tiene que ver con la denuncia sobre los múltiples contratos de Vaquiro, la actual jefe de gabinete del Gobierno aseguró que no tenía conocimiento sobre ellos y precisó que "en ningún momento" Mayorquín le "pidió interceder ante ninguna entidad para contrato alguno".
"Confío en la buena fe de quienes trabajan dentro mi equipo y rechazo de manera contundente cualquier conducta que falte a los más altos estándares éticos que debemos tener todos los funcionarios públicos", concluyó asegurando que no tendrán tolerancia con quien "utilice su cargo para favorecerse".
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Muñoz, por otro lado, dijo en rueda de prensa que en noviembre del año pasado se tuvo la primera comunicación sobre lo que estaba sucediendo y desde ese entonces la Oficina de Control Disciplinario de la Presidencia inició una investigación.
En dicho mes "se procedió a hacer la terminación de mutuo acuerdo del contrato a prestación de servicios que existía en ese momento con la esposa del señor Andrés Mayorquín", afirmó el funcionario.
Por último, aseguró que les corresponderá al exasesor y su esposa "dar las explicaciones a los entes de control (sobre) si existió tráfico de influencias en la consecución de estos contratos (...) En este momento ninguno debe estar vigente".
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