Los próximos cuatro años se verán marcados por las reformas estructurales que buscará hacer el presidente. Entre estas la pensional, la tributaria y la de la salud. Además, uno de los desafíos que debe asumir el mandatario será cómo equilibrar los cambios que quiere hacerle al acuerdo de paz en su implementación. Asesinatos de líderes sociales, otro de los temas.
El presidente Iván Duque no la tendrá fácil en el Congreso. Su coalición en el Legislativo por ahora no da señales de contar con sobradas mayorías.
En el Senado, la base son los 19 miembros de la bancada del Centro Democrático, a quienes se sumará, con seguridad, el Partido Conservador con sus 14 curules.
En ‘la U’ la división no ha permitido tener las cosas claras, hay amigos y críticos del nuevo gobierno.
Los liberales recibieron la invitación expresa de Duque de declararse partido de gobierno y posiblemente ese sea su puesto, pero todavía no hay decisión. Cambio Radical estará en el bloque de los independientes.
El nuevo mandatario tendrá, además, una oposición de al menos 24 senadores, con rostros muy reconocidos como Jorge Robledo y Gustavo Petro, y fortalecida por el Estatuto de Oposición, que le da especial protagonismo a este bloque de partidos.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que en lo que va de este año se han registrado 1.291 denuncias de líderes de derechos humanos y desmovilizados de las Farc que han sido amenazados. Además, se han registrado 183 muertes confirmadas por Naciones Unidas.
Debido a estas cifras alarmantes, Duque deberá enfrentar el reto de cómo detenerlas y también de cómo judicializar a los responsables, ya que de los 183 crímenes apenas se han logrado esclarecer los hechos en 90 casos.
El desafío también será combatir a las disidencias de las Farc, Eln, el ‘clan del Golfo’ y las bandas criminales que resultaron de la desmovilización paramilitar, ya que estos grupos son los principales sindicados de los ataques contra los líderes sociales.
Durante un encuentro con el defensor del pueblo, Carlos Negret, Duque afirmó que en su gobierno esta será una prioridad y anunció la creación de una política pública encaminada a evitar los atentados contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos. El Presidente se reunirá el 23 de agosto con líderes sociales en Apartadó (Antioquia).
“Hay un enorme hueco fiscal por las pensiones públicas en todos los subregímenes de prima media, que alcanza 38 billones de pesos, de los cuales Colpensiones representa 18 billones”, explicó hace poco Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. Y la realidad hoy en día no ha cambiado mucho.
Debido a esto, el reto de Duque es lograr que la tercera parte de lo que el gobierno recibe en impuestos no se gaste en el sistema pensional y que este sea autofinanciable solo con los aportes de los trabajadores.
Este desafío estará acompañado de la transición demográfica del país: cada vez hay menos trabajadores activos por cada adulto mayor gracias al aumento de la expectativa de vida, lo cual hace insostenible el sistema pensional. Duque ha asegurado que le apostará a la formalización laboral, lo cual permitiría tener más cotizantes en el sistema.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya está a punto de pronunciarse sobre dos demandas de Nicaragua contra Colombia: una por el supuesto incumplimiento del fallo de 2012 de ese mismo tribunal, que le concedió derechos económicos a ese país sobre aguas que tradicionalmente habían sido de Colombia en el mar Caribe; y la otra sobre la nueva pretensión de ampliar la plataforma continental extendida.
El gobierno del presidente Juan Manuel Santos y su equipo de abogados tienen listos nuevos alegatos (las contramemorias) para enfrentar las pretensiones de Nicaragua, pero al nuevo gobierno le corresponderá resolver si se apoya en los trabajos elaborados por el equipo saliente o plantea una nueva estrategia de defensa, para lo cual ya no le quedaría tiempo suficiente.
Esa será una de las decisiones más importantes del nuevo gobierno en política exterior.
Duque presentaría al Congreso una reforma tributaria antes de que termine 2018. El nuevo mandatario ha sido enfático en que quiere simplificar el sistema tributario para “incentivar a las pequeñas, medianas y grandes empresas que son las que generan empleo”. Pero dicha reforma debe enfrentar tres retos principales.
El primero es aumentar el recaudo de impuestos eliminando exenciones tributarias, particularmente en las zonas francas, y enfrentando la evasión de impuestos.
El segundo es cumplir la regla fiscal, la cual determina el límite anual para el gasto estructural del país. En 2018, el Gobierno tiene permitido un déficit fiscal de 3,1 %.
Finalmente, Duque debe afrontar el reto de mantener controlado el gasto público, el cual se desbordó cuando cayó el precio del petróleo.
Este punto es clave para mantener la calificación del país y fomentar la inversión.
El gobierno del presidente Duque tiene previsto llevar al Congreso, muy rápido, dos proyectos que modifican el acuerdo de La Habana en temas sustanciales: no permitir que el narcotráfico sea tipificado como conexo con el delito político y que los congresistas del partido Farc que sean condenados por delitos de lesa humanidad, por la JEP, abandonen el Capitolio y vayan a pagar sus penas.
Tendrá también sobre sus hombros la responsabilidad de implementar normas en materia agraria, uno de los puntos centrales de lo pactado, y el desarrollo en terreno de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Llevar a cabo estos ajustes será una tarea compleja, pues no arranca con una coalición sólida en el Congreso que lo acompañe en estas reformas.
Duque tendrá que resolver la suerte de los diálogos con el Eln. El gobierno de Juan Manuel Santos intentó hasta último momento en La Habana un acuerdo de cese del fuego con esta guerrilla, pero no fue posible.
El nuevo jefe de Estado ha dicho que si este grupo quiere desarme y reinserción, se debe concentrar previamente, con veeduría internacional, y suspender todas las actividades criminales.
La migración de venezolanos a Colombia, como consecuencia de la crisis institucional en Venezuela, seguirá en ascenso.
El país se enfrenta al más grande fenómeno migratorio irregular de todos los tiempos. Se cree que hasta ahora han llegado casi un millón y medio de ciudadanos de ese país.
El nuevo gobierno deberá enfrentarse al reto de lidiar con salud, educación y ofertas laborales para 820.000 venezolanos que fueron regularizados por decisión del presidente Juan Manuel Santos.
Duque y su partido, el Centro Democrático, han sido los más críticos del gobierno de Nicolás Maduro.
El nuevo gobierno no designará embajador en Caracas, pero tendrá que jugarse a fondo con la diplomacia internacional para manejar la crisis, cada vez más creciente.
En el sistema de salud actual hay 22,6 millones de afiliados en el régimen subsidiado y 21,4 millones en el régimen contributivo. Duque ha dicho que “eso afecta la sostenibilidad financiera”, por lo cual este será uno de sus principales retos: equilibrar la balanza entre los dos tipos de regímenes.
Otro de los desafíos que afrontará es cómo mejorar el flujo de caja del sector, ya que por ineficiencias en el cobro y en el pago de facturas se pierden billones de pesos al año.
Según la Supersalud, solo en 2017 las EPS perdieron 1,8 billones de pesos, lo cual afecta los pagos que deben hacer a las IPS.
La cartera en mora es superior al 58 por ciento. Por este problema, Duque ha propuesto un sistema de remuneración a las EPS para que “sus ganancias no solo dependan del número de afiliados”.
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