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Gobierno

Gobierno investiga caso de ascendente megacontratista

Asesora de Presidencia.

Asesora de Presidencia.

Foto:Archivo Particular

La acusan de obtener 24 contratos desde que su esposo es asesor de la Presidencia.

política 
La Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República inició una investigación, en noviembre del año pasado, para determinar las actuaciones de Karen Liseth Vaquiro Cuéllar, esposa de Andrés Mauricio Mayorquín, uno de los asesores de la jefe de gabinete, María Paula Correa, a quien hoy se le señala de dar un enorme salto hasta convertirse en megacontratista del Estado.
Ese es un caso que ya Control Disciplinario venía mirando”, dijo una fuente de la Casa de Nariño a EL TIEMPO. “Al margen de cómo termine la investigación, es muy importante aclarar que María Paula Correa no conoce a la señora Karen Liseth Vaquiro, hasta hoy no sabía quién era”.
En la Casa de Nariño, además, aseguraron que Mayorquín es “uno más de los enlaces que tiene la Presidencia con el Congreso, pero no es el alto funcionario de confianza que se ha pintado en los medios”.
Vaquiro, una economista caqueteña egresada de la Universidad Sergio Arboleda, está hoy en el ojo del huracán por una investigación periodística que la señala de haber dado un enorme salto hasta convertirse en megacontratista del Estado. Todo en cuestión de meses. En el tiempo que coincide desde que su marido llegó al cargo.
La denuncia fue hecha por Blu Radio, que contó que después de trabajar cinco años como profesor, contratista y miembro de UTL en el Congreso, el abogado bogotano Mayorquín llegó a la Casa de Nariño.

María Paula Correa no conoce a la señora Karen Liseth Vaquiro, hasta hoy no sabía quién era.

En septiembre del 2021, cuando el Gobierno eliminó varias consejerías para tener una política de ahorros, Mayorquín "ganó poder", según el relato periodístico.
En este camino, y gracias a su trabajo que consiste en hacer seguimiento del proceso legislativo, del comportamiento de los congresistas y del curso de los proyectos que más le interesan al Gobierno, su esposa también aumentó su capacidad para obtener contratos.
En efecto, el medio relató que la esposa de Mayorquín se convirtió en contratista de más de quince entidades del Estado.
“Antes de eso, la única experiencia laboral que Vaquiro certifica es haber trabajado 20 meses en el Banco de Bogotá como gerente de oficina, ganando tres millones seiscientos mil pesos ($ 3'600.000) como último sueldo devengados según el mismo banco; así como otros siete meses en Link Consultores SAS, una empresa en la que ella y su esposo son fundadores y representantes legales”, dice Blu.
El medio contó que, no obstante su limitada experiencia, la joven economista, desde enero de 2020, ha firmado 24 contratos con el Estado.
El primero de ellos fue con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) por un valor de 88 millones de pesos y en noviembre del 2021 firmó el más reciente, que fue con la Aeronáutica Civil por un valor de 10 millones de pesos.
De los 24 contratos de acredita Vaquiro, 22 han sido por contratación directa y dos por contratación de régimen especial. En total, los contratos adjudicados a esta economista suman 1.245 millones de pesos.
La denuncia pone en evidencia que las obligaciones e intereses laborales de Vaquiro orbitan alrededor del Congreso ,en donde su esposo el abogado Mayorquín se mueve en representación del Gobierno.
De hecho, para un contrato con la Agencia nacional de Tierras de julio del 2021 por 32 millones de pesos, Vaquiro fue contratada para: “Prestar servicios profesionales a la Agencia Nacional de Tierras para brindar acompañamiento y seguimiento a los tramites legislativo ante el Congreso de la República que sean de interés para la Entidad”.
La misma historia se repite con el contrato que tiene en la Gobernación de Cundinamarca firmado en mayo del 2021 por 62 millones pesos.
Igualmente sucede con otro contrato en la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá por 56 millones de pesos. En todos esos contratos, Vaquiro debía velar por los intereses legislativos de varias entidades mientras que su esposo cumple tareas del mismo orden, pero para el Gobierno.
Para Blu hay un evidente conflicto de interés entre los trabajos de la pareja que jamás se registró. Para el Gobierno Nacional, consultado por EL TIEMPO, el caso avanza en su proceso de investigación en la oficina de Control Interno.
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