La tormenta del informe de DD. HH. de la ONU en cinco puntos

Aunque tiene un aire de inocencia, el cuento del danés Hans Christian Andersen 'El nuevo traje del emperador' es dramático. El soberano pasea satisfecho porque cree en la palabra de sus tejedores de llevar el traje más bonito. Hasta que un niño rompe el encanto: “Pero ¡si el rey va desnudo!”. Que todo el mundo crea que algo es verdad no significa que así sea, dice la fábula.

Esta semana, el gobierno del presidente Iván Duque levantó la voz en contra del informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que en esencia enumeró que el año pasado hubo aquí “continuas violaciones, entre las que se encuentran masacres –36, la cifra más alta desde 2014 en el país– y decenas de asesinatos de líderes sociales”.

“En 2019, la oficina documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos”, dice el texto. “Los asesinatos contra defensoras de derechos humanos se incrementaron en cerca del 50 por ciento en 2019 comparado con 2018”.

En varias ocasiones, el presidente Duque ha mostrado su sentida preocupación por la cascada de asesinatos de líderes sociales y, de hecho, ha dedicado extensas jornadas para exigirles a las instancias del Estado correspondientes redoblar esfuerzos para investigar y dar con los autores de semejante barbarie.

En esta oportunidad, Duque expresó su molestia con apartes del informe, e incluso habló de una “intromisión en la soberanía”, en particular con la recomendación de modificar la vigilancia de instituciones como la Policía.

Varios de sus ministros y altos funcionarios lo secundaron. La Cancillería, por ejemplo, en su respuesta oficial entregada a la alta comisionada, Michelle Bachelet, escribió que el reporte era “incompleto, desbalanceado, superficial y limitado”.
De inmediato, en redes sociales y emisoras de radio, distintas figuras y líderes de opinión, en especial del Centro Democrático, se volcaron en respaldar al Presidente y crearon la tendencia #FueraONUdeColombia.

Al margen de los argumentos de cada una de las partes, lo trascendental es evaluar las recomendaciones hechas en el documento por cinco puntos claves:

1. No es una discusión con un actor marginal de la política global. La Oficina de la Alta Comisionada es la principal entidad de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos. La Asamblea General les encomendó al Alto Comisionado y a su Oficina la misión de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas. Se trata de la más importante instancia que busca que estos propósitos sean una realidad en la vida de las personas y no solo un canto a la bandera.

2. Los informes de la Alta Comisionada de la ONU son un reporte directo de la situación de derechos humanos de los Estados y hace recomendaciones específicas para que la situación mejore. Es el producto del trabajo de un año de observación, acompañamiento, discusiones y análisis con el Estado, tanto a nivel nacional como departamental, y la sociedad civil. En este caso se hicieron 1.151 misiones en los territorios, que están debidamente documentadas.

Se trata de un muestra amplia a lo largo y ancho del país que incluso le serviría al Gobierno para saber lo que ocurre en esa Colombia profunda. Un caso para ilustrar esta afirmación. “La falta de acceso a la justicia continúa siendo un desafío que perpetúa ciclos de impunidad y violencia”, dice el informe. “La Fiscalía General de la Nación tiene presencia en casi la mitad de los municipios del país. Sin embargo, continuó enfrentando serios retos para llegar a las zonas rurales, especialmente en Antioquia, Arauca, Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño y Vaupés”.

3. ¿De dónde sacó la información la ONU? Al ser un informe anual, desde el 1.º de enero la Oficina comienza su trabajo en el país. Recibe información sobre presuntas violaciones de derechos humanos, la cual contrasta con diferentes fuentes, principalmente con las autoridades del Estado. De hecho, el informe hubiera podido ser más duro en caso de tomar el número de asesinatos de líderes sociales que la Defensoría del Pueblo elevó a 134, pero que la ONU dejó en 108 al no poder contrastar la diferencia de casos. La metodología que se usa es muy similar a la que se pone en práctica en todos los países, sea la Venezuela del dictador Nicolás Maduro o la Nicaragua de Daniel Ortega.

4. ¿Qué significa el informe? El informe no es un acto de absolución o acusación contra nadie, es, según los acuerdos firmados por los países, entre ellos Colombia, un instrumento para que el Estado y la sociedad lo usen con el fin de mejorar la situación interna de derechos humanos.

5. No todo es negativo. También hay cosas positivas. En el informe se exaltan los logros de algunas entidades de la administración de justicia. “La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos valora los esfuerzos de la Fiscalía para investigar los casos reportados. En este sentido, se observaron algunos avances en el 55 por ciento de los casos ocurridos entre 2016 y 2019”, dice.

Y destaca la acción de la justicia en el emblemático caso de Dimar Torres, un exintegrante de las Farc que se había desmovilizado en el marco del acuerdo de paz y que fue asesinado en Convención, Norte de Santander, por un cabo del Ejército que actuó bajo órdenes de un coronel. “La Fiscalía –dice el informe– avanzó significativamente en la investigación (...) el cabo directamente responsable del asesinato fue sentenciado a 20 años de cárcel” y el coronel está en prisión e imputado.

Asimismo, condena a grupos criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también llamadas ‘clan del Golfo’), ‘los Caparros’ y a la mafia y “organizaciones criminales transnacionales, que emplearon extrema violencia en las disputas por el control de las economías ilícitas”.

Y también repudia al Eln por sus “infracciones al derecho internacional humanitario” en Antioquia, Arauca, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Nariño y, claro, en Bogotá, donde atacó “con artefactos explosivos improvisados” la Escuela General Santander, “causando la muerte de 22 personas, lo que provocó la ruptura de los diálogos” con el Gobierno.

En conclusión, la complejidad de la situación en el país invita por el bien del presidente Duque a contarle todas las verdades para que él, como jefe de Estado, busque las mejores políticas para beneficio de todos.

ARMANDO NEIRA
EDITOR DE POLÍTICA
@armandoneira