El pago de 400.000 dólares realizado en el 2010 por Odebrecht a la firma Impressa Group Corp. por 2,5 millones de afiches para la campaña Santos Presidente –que hasta hace 10 días ni siquiera estaba en la mira de la justicia colombiana– llevó esta semana a una situación inédita: el presidente de la República, Juan Manuel Santos, pidió vía Twitter perdón a los colombianos por lo que llamó “un hecho bochornoso que nunca ha debido suceder”.
Roberto Prieto, gerente de la campaña de reelección del 2014 y uno de los altos directivos en la del 2010, reconoció en una entrevista con Blu Radio que él mismo había ordenado los afiches y que remitió la cuenta de cobro a Odebrecht. También dijo que el entonces candidato nunca se enteró de esa operación.
“Yo ordené los afiches y me dijeron que (la plata) salió de Odebrecht. Les envié la factura (...). La irregularidad es evidente”, aseguró Prieto, cuyo nombre aparece mencionado en otros dos episodios, aún no probados por la justicia, sobre las platas movidas por el gigante brasileño por debajo de la mesa. Apenas horas después, Santos aseguró: “Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña del 2010, quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”.
Aunque se trata de uno de los peores capítulos que ha tenido que sortear en sus casi siete años de mandato, una cosa es la violación de las normas electorales y otra que se haya demostrado que la plata que entró a la campaña hubiera generado corrupción en el Gobierno.
En lo relativo al escenario de las posibles sanciones administrativas, las que competen al Consejo Nacional Electoral, lo reconocido por Prieto ha sido negado por Consuelo Caldas, Juan Claudio Morales y Orlando Sardi, los miembros del Comité Financiero que se reunieron en el 2010 con directivos de Odebrecht. Ellos sostienen que ante la imposibilidad de que una empresa extranjera pudiera aportar para campañas políticas, la intención nunca se concretó.
Prieto dice que hacia mayo del 2010, cuando llegó a la campaña de Santos –que era el candidato del presidente Álvaro Uribe– le informaron que los afiches “ya estaban fondeados”. Afirmó que aunque era consciente de que ese aporte no solo no era permitido y por lo tanto no iba a ser reportado en las cuentas de campaña, el pago terminó haciéndolo Odebrecht.
Esa no sería la única plata no registrada en las cuentas del 2010. Rodrigo Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, dos de los magnates de Interbolsa que terminaron procesados por la justicia por estafa a centenares de inversionistas de esa firma y del Fondo Premium, sostienen ahora que le entregaron a Prieto 150.000 dólares, supuestamente para cubrir gastos de la campaña.
La versión, que Prieto niega, es llamativa por el momento en el que se produce y porque a pesar de ese supuesto favor, el Grupo Interbolsa y sus cabezas terminaron procesados por la justicia y castigados por las autoridades administrativas con las sanciones más altas posibles, incluida la liquidación de la firma comisionista. La Fiscalía también empezó a indagar esta semana sobre este nuevo capítulo.
La violación de las normas electorales, así como la de los topes de gastos (25.500 millones en las dos vueltas), parece probada. Los 400.000 dólares de Odebrecht llevarían esa cuenta 500 millones de pesos por encima del máximo permitido. La legislación contempla sanciones que van desde devolver la plata de reposición de votos y la cancelación de la personería jurídica del partido hasta una eventual nulidad de la elección del candidato, pero solo para alcaldes y gobernadores.
Pero las mismas normas establecen también que pasados tres años cualquier posibilidad de investigación no iniciada es legalmente inviable. Aunque el Consejo Electoral analiza la petición de Santos para que no opere la caducidad, en contra juegan incluso decisiones del Consejo de Estado que señalan que esos términos son taxativos. En esas condiciones, la renuncia a los términos solo tendría un impacto mediático.
En el escenario penal –en el que podrían haberse dado delitos como falsedad en documento público al omitir información de gastos– la máxima pena es de 5 años y 4 meses para el responsable, que es el mismo tiempo que opera para la prescripción. Así, si fuera el caso, la posibilidad de una investigación también estaría en entredicho.
En donde sí hay repercusiones es en el escenario político. El escándalo y su nuevo capítulo han dado munición a los opositores del Gobierno para hablar, incluso, de una renuncia del Presidente. Equiparan la situación con la de la infiltración del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper en 1994. Sin embargo, los casos tienen condiciones distintas. La plata de la campaña de 1994 vino del cartel de Cali. Odebrecht, para la época de los aportes, y hasta el 2015, cuando estalló el escándalo de Lava Jato en Brasil, era una de las empresas más reputadas, no solo en América Latina, sino en el mundo.
No hay indicios de que Santos hubiera estado enterado de la entrada de esos dineros y el Gobierno usa en su defensa el récord de cómo le fue a Odebrecht durante sus dos periodos: la firma logró la adición de la ruta Ocaña-Gamarra, pero en condiciones de rentabilidad menores a las pactadas en la concesión de la Ruta del Sol II.
Además, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) negó los reclamos del concesionario por supuestos costos mayores de obra, lo que llevó a los contratistas a demandar a la Nación ante un Tribunal de Arbitramento por 700.000 millones de pesos. Esa demanda fue retirada por Odebrecht en las recientes negociaciones para liquidar la concesión, tras la comprobación de que la misma fue entregada en el 2009 mediante el pago de un soborno de 6,5 millones de dólares al exviceministro Gabriel García.
También se indagan las visitas, reveladas por EL TIEMPO, de Prieto y Giraldo a la ANI, en las que preguntaron a funcionarios de la entidad por algunas obras.
Otro punto para tener en cuenta es que Odebrecht no solo le apuntó a la campaña del 2010. La Fiscalía investiga si el pago de una encuesta a una filial panameña de Sancho BBDO, por un millón de dólares, buscaba en medio de la campaña de reelección un acercamiento con el gobierno Santos. Esa versión ha sido negada por Prieto.
Lo que sí está probado es que Odebrecht pagó 1,6 millones de dólares de los honorarios de ‘Duda’ Mendonça, estratega de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del uribismo.
El escándalo, sin duda, mengua el margen de maniobra política del Gobierno en un momento clave para el país, como es la consolidación de la paz con las Farc.
Pero, al menos con los hechos que se han comprobado judicialmente hasta hoy, está lejos de desencadenar el cataclismo político que se pretende desde algunos sectores que tienen su mira en las presidenciales del 2018.
EL TIEMPO
