La discusión sobre la implementación de algunos aspectos del acuerdo de paz con las Farc y el asesinato de líderes sociales tienen al gobierno del presidente Iván Duque y actores de la comunidad internacional en una especie de enfriamiento de sus relaciones.
El llamado que hace dos días varios expertos de la ONU hicieron desde Ginebra, para que Colombia “deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las Farc-EP” y “cumpla con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana, sobre todo el respeto al derecho a la vida”, generó ayer nuevas reacciones.
El expresidente Álvaro Uribe calificó de “tibia” la respuesta que el pasado miércoles le dio el alto consejero presidencial para posconflicto, Emilio Archila, a la ONU, en el sentido de que “el gobierno del presidente Iván Duque hace un esfuerzo enorme por cumplir las garantías” contempladas en el acuerdo de La Habana.
“La respuesta de algunos funcionarios es muy tibia. Lo que hay que decirle a Naciones Unidas es que respeten, que este es un gobierno decente”, dijo este jueves Uribe en tono categórico.
Pero lo que piensan algunos defensores del acuerdo de paz con las Farc es que hay un “desconcierto generalizado” en la comunidad internacional por la postura del gobierno de Iván Duque sobre la implementación de lo pactado en La Habana.
El exministro del Interior y firmante del acuerdo de La Habana, Juan Fernando Cristo, denunció una “actitud hostil del actual gobierno frente al sistema de Naciones Unidas” y aseguró que “la preocupación de la comunidad internacional en general, frente a la actitud del actual gobierno en la implementación del acuerdo de paz es evidente”.
El senador Iván Cepeda (del Polo) aseguró que la mayor preocupación de sectores de la comunidad internacional se da por la insistencia del gobierno actual de modificar la JEP y por el aumento en el número de asesinatos de líderes sociales.
Le escribimos con nuestra gran preocupación (...) ante la escalada de asesinatos y ataques contra personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales
Cepeda dijo que hay actores como “el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, varias agencias y relatorías de Europa, pero también congresos como el británico y el de Estados Unidos”, que han reclamado ya de manera pública por el incumplimiento de este gobierno con la implementación.
En efecto, hace apenas dos semanas un grupo de 79 congresistas demócratas envió al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, una carta pidiéndole que presione a Duque para que implemente el acuerdo con las Farc.
“Le escribimos con nuestra gran preocupación frente a la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia de 2016 y ante la escalada de asesinatos y ataques contra personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales”, reza la declaración de los demócratas.
Los demócratas aseguraron que hay que “oponerse de manera enfática (...) a las iniciativas del gobierno para debilitar o anular los compromisos asumidos en el acuerdo” de La Habana.
Recientemente, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió al gobierno colombiano “medidas rápidas” para que el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) se “establezca lo antes posible”.
EL TIEMPO pudo establecer en fuentes diplomáticas confiables que varios países europeos “están mirando con mucho escepticismo” la negativa del gobierno de Duque a implementar el acuerdo.
Los diplomáticos se quejaron de haya “cierto rechazo” del gobierno a las agencias internacionales que desean cooperar en este propósito.
De hecho, el canciller Carlos Holmes Trujillo tuvo que salir esta semana a decir: “Nuestra relación con la ONU es de constante coordinación y armonía en el trabajo que se hace en Colombia”.
A mediados de abril pasado, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, Carlos Ruíz Massieu, llamó la atención del gobierno para que “acelere la aprobación de más proyectos y el desembolso de los fondos, y que también asegure la aplicación de un enfoque de género en estos proyectos y que se tomen decisiones oportunas sobre el acceso a la tierra”.
El mismo Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha pedido al gobierno de Duque apurar la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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